Organizaciones advierten que la normativa facilitaría proyectos extractivos, aumentaría la conflictividad territorial y debilitaría salvaguardas ambientales
Tegucigalpa. – Disfrazada como una herramienta para promover inversiones y generar empleos, el Congreso Nacional pretende aprobar el proyecto de Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, advirtió la Red Hondureña por Escazú.
Esta iniciativa de ley –ya discutida en primer y segundo debate– permitiría emitir licencias ambientales de forma expedita y sin participación ciudadana para proyectos extractivos, lo que significaría “un golpe a los territorios y un retroceso en transparencia”, alertó la red en un comunicado.
Mientras el Congreso Nacional celebra el avance legislativo, la Red Hondureña por Escazú reparó que su aprobación podría intensificar los conflictos territoriales, favorecería la criminalización de la defensa ambiental y debilitaría las salvaguardas de la naturaleza.
El proyecto de ley es impulsado por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, y desde el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) se advirtió que su aprobación en tercer y último debate podría ocurrir el próximo martes 13 de mayo, en presencia del sector privado.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, respaldó el proyecto de ley, argumentando que agilizar el trámite ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) permitiría atraer inversiones inmediatas por USD 4000 millones.
Lucía Vijil, analista socioambiental e investigadora del Cespad, dijo a Criterio.hn que la iniciativa de ley prioriza intereses empresariales bajo el argumento de generación de empleo, dejando de lado el interés colectivo y la participación ciudadana. Valoró, además, que la ley no garantiza acceso a información de los proyectos ni detalla aspectos clave como ubicación o extensión, lo que podría aumentar la conflictividad socioambiental.
En su pronunciamiento, el Cespad, subrayó que la justificación de proyectos “estratégicos” históricamente ha facilitado el extractivismo, generando violaciones a derechos humanos. Indicó, también que acelerar licencias sin controles debilita salvaguardas ambientales y pone en riesgo el derecho de los pueblos ancestrales sobre sus territorios.
