Pese a contar con títulos de propiedad, la comunidad garífuna denuncia que no puede acceder ni aprovechar los recursos en Cayos Cochinos, zona entregada por el Estado sin consulta a una fundación privada que restringe su movilidad y criminaliza sus medios de subsistencia
Ofraneh señaló ante la Corte IDH que el modelo de conservación implementado en Cayos Cochinos prioriza el lucro sobre los derechos colectivos. La Fundación Cayos Cochinos ha autorizado pesca industrial y la filmación de shows de telerrealidad mientras restringe la pesca artesanal garífuna
Este es el cuarto caso del pueblo garífuna hondureño que llega a la Corte Interamericana, la comunidad de Cayos Cochinos exige justicia por violaciones a sus derechos culturales, territoriales y a su integridad personal
Tegucigalpa, Honduras. – “A un garífuna no lo podés desvincular del mar y de la pesca. Ese es el primer principio para entender las afectaciones”, afirmó Rony Castillo, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
La declaración fue realizada en el marco de la audiencia pública –realizada en la Universidad Rafael Landivar en Ciudad de Guatemala, Guatemala– del caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras que conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La jornada inició con la presentación del caso por parte del representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Erick Acuña, quien señaló que la población garífuna pese a tener títulos de propiedad en tres de los cayos del archipiélago, las comunidades no pueden gozar de sus territorios y recursos naturales. Recordó que este asunto es el cuarto que conoce la Corte IDH por afectaciones al pueblo garífuna de Honduras.
Acuña manifestó que la designación de Cayos Cochinos como área protegida en 1993 y monumento natural marino en 2003, así como la entrega para su manejo a la Fundación de Cayos Cochinos, sin consulta a la población, generó afectaciones al pueblo garífuna, creando un ambiente de temor, ansiedad e inseguridad.
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Los testimonios escuchados en la audiencia, en representación de las víctimas, corresponden a la lideresa Ana Mabel Ávila Robledo y el pescador de 64 años, Silvinio Córdoba García, ambos residentes de Nueva Armenia y Chachahuate
“¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS SOBREVIVIENTES?”
Mabel Ávila Robledo planteó la relación desigual en la que viven los garífunas bajo la administración de la Fundación Cayos Cochinos, quien administra el área protegida. Señalando las desapariciones forzadas, las amenazas, allanamientos y deforestación de las que son víctimas los garífunas y que ellos señalan como responsables de las mismas a la Fundación y militares apostados en la zona.
Sumado a esto, planteó cómo durante la filmación de shows de telerealidad –por los que es remunerada la Fundación– se les restringe su movilización, pesca y otras actividades económicas. Tampoco, relató, se les toma en cuenta en la realización de planes de manejo ambiental. Manifestó que cuando llegan miembros de la Fuerza Naval a Chachahuate, estos abren las puertas sin orden de un juez y sin importar la hora.
Ávila Robledo también denunció que mientras a las poblaciones garífunas se les restringe la pesca artesanal, la Fundación Cayos Cochinos ha permitido la pesca industrial por parte de terceros. Remarcó que el pueblo garífuna no está en contra de la conservación, pero que la realidad de la Fundación es que antepone el lucro a la protección. Ejemplificó esta situación con la filmación de los shows de telerealidad en Cayo Paloma y el Playón, sitios de anidación de aves y tortugas marinas.
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“¡Que se vaya! La Fundación no está para conservar. Nosotros no estamos en contra de la conservación, vuelvo y repito. Lo que estamos en contra es en el monopolio que tiene la Fundación para seguir haciéndose rica. La Fundación llegó a esa zona y vio que tenía oportunidades para hacer dinero… Construyen planes de manejo que ni ellos mismos respetan”, remarcó.
Silvinio Córdoba García tiene 64 años. Se dedica a la pesca desde los nueve años y aprendió el oficio de sus abuelos y su padre. Córdoba relató que de joven pescaba sin ningún tipo de restricción o abusos por parte de militares en toda el área que corresponde a Cayos Cochinos.
Córdoba asegura que fue víctima directa del poder que ejerce la Fundación Cayos Cochinos y los militares. Su cayuco fue decomisado y él fue dejado en altamar, junto a su compañero de pesca. Fue rescatado por otro pescador, que eventualmente fue desaparecido en el mar.
“EL MAR ES UNA EXTENSIÓN DE AGUAS SAGRADAS, FUENTE VITAL DE ALIMENTOS”
Rony Castillo en representación del pueblo garífuna y la Ofraneh se dirigió al tribunal Interamericano, afirmando que las restricciones no solo afectan a las comunidades que residen directamente en los cayos, sino también a las comunidades que están en territorio continental y que también dependen de la pesca para su subsistencia.
“Para el pueblo Garífuna, el mar es una extensión de aguas sagradas, fuente vital de alimentos, un patrimonio. El mar es un ser vivo, un lugar de conexión espiritual, de gran importancia para la identidad y la relación con el mundo que nos rodea. El mar nos transporta y nos conecta con otra parte del territorio. Si la tierra es nuestra madre, el mar es nuestro padre”, indicó Castillo.
Responsabilizó de la situación al conservacionismo neoliberal, que entrega los bienes públicos al sector privado. Ejemplificó esta situación con la realización de al menos 12 shows de telerrealidad filmados en Cayos Cochinos entre 2006 a 2024, a través de los cuales la Fundación recibió dinero.
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El abogado Cristian Alexander Callejas Escoto, en representación del pueblo garífuna de Cayos Cochinos, solicitó a la Corte IDH declarar que el Estado de Honduras cometió ilícito internacional –tras los tres fallos por Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan– y sea declarado culpable por las violaciones al derecho a la propiedad colectiva, al derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, derechos culturales, entre otros.
El procurador general de la República de Honduras, Manuel Antonio Díaz Galeas, –en la etapa de alegatos finales– rechazó los señalamientos por violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal, manifestando que estos no fueron incorporados en el estudio de admisibilidad e informe de fondo presentado por la CIDH. Argumentó que tampoco existen “elementos que prueben de forma certera la participación estatal”.
Sobre la participación de la Fuerzas Armadas en los patrullajes, indicó que estos están contemplados en la normativa hondureña, específicamente el decreto 114-2003 para la protección de las reservas naturales. Además, aseguró que la creación del Monumento Natural Marino no tuvo como finalidad restringir derechos sino preservar un ecosistema.
Díaz Galeas sostuvo que las comunidades garífunas no son homogéneas en su pensamiento y que existe respaldo por un sector a la conservación que realiza la Fundación de Cayos Cochinos. Alegó que el retardo en la inscripción de los títulos colectivos ancestrales es causado por la complejidad del procedimiento al no ser ordinario.
En referencia a la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CIANCSI) esta fue presentada por el procurador general de la República como un avance, pese a que el pasado 10 de abril la misma fue declarada extinta por la Ofraneh.
En respuesta, el abogado Cristian Callejas indicó que diez años después de la primera sentencia, el Estado de Honduras sigue dando la misma respuesta de que existe voluntad, pero esta no se refleja en acciones y los procesos de reparaciones parecen estar estancados.
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