A un mes de su declaración ante la Corte-IDH, Mabel Robledo fue víctima de un nuevo atentado armado, pese a estar bajo protección del Estado
Desde la Ofraneh se denuncia un intento de asesinato contra Robledo y que el ataque responde a un patrón sistemático de violencia contra el pueblo garífuna
Tegucigalpa, Honduras. – A un mes de su declaración en la audiencia Cayos Cochinos vs. Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la lideresa garífuna Mabel Robledo sufrió un nuevo atentado, que incluyó disparos, agresiones físicas, amenazas y uso de gas pimienta.
De acuerdo con la relación de hechos, después que el vehículo en el que se trasladaba junto a tres compañeros se averió la noche del sábado, cuatro individuos con chalecos antibalas, pero sin distintivo policial, que se conducían en un doble cabina color gris, dispararon contra Robledo.
DISPAROS Y BRUTALIDAD FRENTE A UN MECANISMO DE DESPROTECCIÓN
La presidenta del patronato de Nueva Armenia –quien porta un arma registrada para su defensa– iba a responder a los disparos, cuando desde el vehículo gris encendieron las luces policiales, pese a no portar nada que los identificara como personal policial. Tras tirar el arma, ella junto a las tres personas fueron tirados al suelo y golpeados.
Pese a identificarse y señalar que era beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección, intentaron quitarle el celular, momento en que llegaron tres policías preventivos uniformados, a quienes les pidió notificar lo que estaba ocurriendo a la posta de Jutiapa, donde está el enlace policial asignado por el mecanismo para su protección. No obstante, continuaron exigiendo que entregara el teléfono.
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«Los policías solo me decían que les diera mi teléfono, que, si no les daba mi teléfono, me iba a pegar un tiro. Yo le dije: Compa me va a matar, pero yo mi teléfono no se lo voy a dar. Mi arma está legal, yo tengo el permiso de portación de mi arma, yo camino un chaleco, porque ya han intentado matarme», contó en un audio al que tuvo acceso Criterio.hn.
A los cuatro individuos a bordo del vehículo doble cabina gris y los tres policías preventivos, se habrían unido agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), quienes se conducían en otros dos vehículos doble cabina. Estos habrían pedido que fueran esposados y los subieran a la paila de uno de los automotores.
En la posta policial, Robledo exigió su derecho a realizar una llamada, la cual usó para alertar a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) sobre los golpes, disparos y la detención. Posteriormente, fueron rociados con gas pimienta, explicó.
«Lloro de impotencia porque uno no está haciendo nada malo, simplemente estoy reclamando un derecho y que tenga ahora que esconderme como una criminal porque si no es la misma policía, van a ser los terceros […] quienes van a atentar contra nuestra vida», manifestó en el audio.
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Refirió que intentaron acusarla de haber realizado disparos, por lo que pidió se le realizara una parafinoscopia, o prueba de parafina, para buscar residuos de pólvora en sus manos. Finalmente, el arma fue devuelta y al momento de salir, únicamente estaban estacionados los dos carros sin placa de la DPI. El carro doble cabina gris con placas, que inició los disparos no estaba en el estacionamiento de la posta.
PERSECUCIÓN Y AMENAZAS CONTRA ROBLEDO Y PUEBLO GARÍFUNA
Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, declaró que el intento de asesinato contra Robledo, posterior tortura y captura, forma parte del patrón de terror y desprecio contra la comunidad garífuna por la lucha que realizan.
“Mabel no solamente fue testigo principal en el caso Cayos Cochinos en la reciente audiencia el 21 de mayo en la Ciudad de Guatemala ante la Corte Interamericana, sino que también ella es dirigente comunitaria, defensora de los territorios de la comunidad de Nueva Armenia (Barauda), que es la que faena en pesca artesanal en Cayos Cochinos”.
Mabel Robledo, es presidenta del patronato de Nueva Armenia en Jutiapa, Atlántida, donde ha estado al frente de la recuperación territorial frente a intereses agroindustriales. Además, ha denunciado las afectaciones que viven las personas garífunas por las restricciones de pesca, y otros, impuestas en Cayos Cochinos.
Este no es el primer ataque en contra de Robledo y la población de Nueva Armenia. En octubre de 2024, Ofraneh denunció un ataque armado a manos de la empresa Palma de Atlántida en el que resultaron heridos de gravedad dos miembros de la comunidad. El Ministerio Público tardó 61 horas en anunciar la investigación por tentativa de homicidio. A la fecha se desconocen avances en el caso.
Ese mismo mes, en presencia de Criterio.hn, el ahora titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Longino Becerra –entonces subsecretario de esa entidad–, visitó la zona junto al subsecretario de Seguridad, Hugo Suazo, y fiscal general adjunto del Ministerio Público, Marcio Cabañas Cadillo. Tanto Becerra como Suazo y Cabañas arribaron en vehículos de lujo y escoltados por civiles armados y agentes de la Policía Nacional.
Pese a que la visita tenía por objetivo conocer la situación de amenaza constante bajo la que vive la población garífuna en el territorio recuperado, la presencia de hombres civiles armados generó temor y desconfianza. Fue Mabel Robledo quien tuvo que intervenir para solicitar que retiraran a las escoltas.
El viernes 1 de noviembre y el martes 5 de noviembre de 2024, hombres encapuchados y vestidos con uniformes de una empresa de seguridad volvieron a ingresar al territorio para amenazarles pese a la presencia de la Policía Nacional y la orden dada por el viceministro de Seguridad, Suazo.
Criterio.hn intentó comunicarse vía telefónica con Becerra para conocer sobre el proceso de acompañamiento que realizarán desde la Secretaría de Derechos Humanos, tomando en cuenta que Robledo es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección. Sin embargo, en la única llamada que fue respondida, su asistente dijo que Becerra se encontraba en reunión y que se contactaría posteriormente, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no llamó.
El ataque contra Robledo y sus acompañantes no es un hecho aislado, ocurre en un contexto de violencia y criminalización contra los liderazgos y población garífuna, quienes exigen el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH y el saneamiento de su territorio ancestral.
