Organizaciones indígenas y de derechos humanos exigen el fin de la persecución judicial y la derogación del Decreto 93-2021, que ha facilitado la criminalización de quienes defienden sus territorios ancestrales.
Tegucigalpa, Honduras. — Cinco integrantes del Consejo Indígena Lenca de Potrerillos en Siguatepeque —Mario García Gonzales, Rafael Rodríguez Vásquez, Héctor Orlando Sánchez, Melvin Alberto Hernández Gonzales y Thelma Sánchez Vásquez— están siendo criminalizados por el delito de usurpación, en aplicación del Decreto 93-2021.
Las acusaciones, impulsadas por el Ministerio Público, buscan castigar y desalentar la defensa legítima de los territorios ancestrales, en un contexto donde la figura penal de usurpación se utiliza como herramienta para el despojo y la criminalización de líderes y lideresas indígenas que luchan por el derecho colectivo a la tierra.
La audiencia celebrada este 17 de junio, presidida por el Juez de Letras Juan Pablo De León Gómez, fue interrumpida y reprogramada para el próximo 24 de julio, tras la solicitud de una inspección judicial en los terrenos en conflicto, así lo informó a Criterio.hn Junior Zúniga, abogado defensor del Bufete Justicia para los Pueblos.
En ese sentido, el Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, a través de un comunicado, denunció que el juez De León Gómez ha sido señalado en reiteradas ocasiones por actuar al margen de la ley. Diversas organizaciones y miembros de la comunidad denuncian que el juez ha incurrido en decisiones arbitrarias y ha dictado resoluciones sin fundamento, favoreciendo intereses privados y contraviniendo el principio de imparcialidad que debe regir en la administración de justicia.
Estas acciones han sido calificadas como prevaricación judicial, es decir, el uso indebido del cargo para beneficiar a terceros en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas. Además, señalan que en el Juzgado de Letras de Siguatepeque existen antecedentes documentados de corrupción y extorsión, lo que genera un clima de desconfianza y vulnerabilidad para quienes buscan justicia en defensa de sus tierras ancestrales.
De acuerdo con la defensa, los defensores acusados no habitan ni ejercen posesión sobre los dos terrenos señalados, los cuales se encuentran deshabitados y vacíos, lo que pone en entredicho la acusación de “usurpación” presentada por el Ministerio Público.
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UN PATRÓN DE CRIMINALIZACIÓN
Desde 2011, el pueblo Lenca de Potrerillos ha sido blanco de múltiples procesos judiciales. Solo en los últimos seis años, al menos seis causas han sido abiertas contra defensores del territorio, la mayoría bajo la figura penal de “usurpación”. Junior, representante legal de los acusados, denunció que este patrón se repite en varias comunidades indígenas de la región. “En Siguatepeque acompañamos personalmente seis procesos similares, casi siempre con las mismas personas acusadas en diferentes expedientes, lo que evidencia un intento de desarticular la organización comunitaria atacando a sus dirigentes”.
El caso de Thelma Sánchez Vásquez, coordinadora del Consejo Indígena Lenca de Potrerillos, ejemplifica esta estrategia. “Buscan criminalizar a quienes lideran la defensa territorial, para debilitar la organización y la vocería de los pueblos indígenas”, explicó Zúniga.
Thelma Sánchez, defensora territorial lenca, confesó a Criterio.hn el temor constante que siente ante la posibilidad de ser arrestada nuevamente. Relató que, debido a las medidas cautelares impuestas en su contra, debe presentarse semanalmente a firmar en Siguatepeque y que cada vez que ve una patrulla policial cerca del juzgado, el miedo la invade.
“Yo cuando miro una patrulla me da miedo porque la vez pasada que yo venía de firmar, estaba esperando taxi afuera del juzgado y ellos (policía) no esperan que uno les explique nada, solo se parquean, me revisan y me dicen: ‘Suba a la patrulla’. Ellos no escuchan explicaciones, van a lo que van”, expresó Thelma, evidenciando la constante intimidación y hostigamiento que enfrenta por su labor en defensa de la tierra y los derechos de su comunidad.
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DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN Y RACISMO EN EL SISTEMA JUDICIAL
Las denuncias contra el sistema judicial de Siguatepeque no son nuevas. El Consejo Indígena Lenca ha documentado casos de corrupción, extorsión y racismo por parte de jueces y fiscales.
En un episodio anterior, la jueza Sara Shayk Tobar Aguilera fue señalada por extorsionar a miembros del CIL, obligándolos a pagar más de 72,000 lempiras bajo amenazas y comentarios discriminatorios.
El caso fue desestimado, pero dejó en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a un sistema judicial que, según los denunciantes, actúa en favor de intereses privados y empresariales.
Por otro lado, el fiscal Maximiliano Rubí, a cargo del caso y señalado por su parentesco con el ex fiscal general Luis Alberto Rubí, ha sido acusado de instrumentalizar el delito de “usurpación” para facilitar el despojo de tierras indígenas.
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DECRETO 93-2021 HERRAMIENTA DE CR9IMINALIZACIÓN
El Decreto Legislativo 93-2021 ha sido clave en este proceso, ya que permite la criminalización de la protesta social y la defensa territorial. Pese a los reiterados llamados de organizaciones indígenas y de derechos humanos para derogar esta normativa, las autoridades estatales no han tomado acciones concretas.
El decreto 93-2021 es una normativa aprobada por el Congreso Nacional de Honduras que ha facilitado la criminalización de personas defensoras de la tierra y el territorio, especialmente en comunidades indígenas. Este decreto endurece la aplicación del delito de “usurpación”, imponiendo penas de entre cuatro y seis años de prisión y permitiendo, además, que fiscales y jueces lo utilicen como herramienta para judicializar y desalojar a quienes habitan o defienden tierras ancestrales, aun cuando existan arraigo o solicitudes legítimas de adjudicación.
Diversas organizaciones han denunciado que, bajo este marco legal, se han incrementado los procesos penales contra líderes y lideresas indígenas, convirtiendo la defensa del territorio en un motivo de persecución judicial y vulnerando los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Bajo este contexto, las comunidades indígenas exigen el cese inmediato de la persecución judicial, la derogación del Decreto 93-2021 y la garantía de respeto al debido proceso, así como la transmisión pública y transparente de las audiencias. “Solicitamos que se retome el marco legal anterior (antiguo Código Penal), que reconocía el arraigo y la solicitud de adjudicación de tierras como elementos clave para determinar la posesión legítima”, enfatizó Junior Zuniga.
El caso de Potrerillos es solo una muestra de la situación que enfrentan los pueblos indígenas en Honduras, donde la criminalización y el despojo avanzan frente a la inacción estatal y la complicidad de sectores judiciales y empresariales.
