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Castigo a culpables exigen Garífunas en Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

dia internacional de los desaparecidos

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Redacción: Marcia Perdomo

Ilustración: Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras

Tegucigalpa.- En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, exigen el retorno de Albert Snaider Centeno Thomas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, y Milton Joel Martínez Álvarez, cuatro jóvenes de la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, Tela, desaparecidos en un operativo la madrugada del 18 de julio de 2020, en medio de un toque de queda.

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La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) compartió un video en el que pobladores de esta comunidad exigieron “al Estado el retorno de nuestros hermanos desaparecidos y cumplimiento de las sentencias de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra”.

Además de un alto a la criminalización y persecución contra la población Garífuna y sus liderazgos como el de Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.

Miranda está siendo investigada penalmente por la Fiscalía Contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) tras una movilización al interior del MP exigiendo la investigación por la desaparición forzada de los cuatro jóvenes defensores.

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Por su parte, la coordinadora de Ofraneh publicó desde su cuenta en Twitter que el territorio Garífuna continúa alzando su voz de exigencia: “castigo a los culpables y restitución del tejido social de la comunidad de Triunfo de la Cruz”.

ORGANIZACIONES SE UNEN A EXIGENCIA

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras también se sumó a la petición señalando que ya han pasado dos años de la desaparición forzada de los jóvenes defensores Garífunas, sin que el Ministerio Público (MP) muestre avances en la investigación que dé con el paradero de los cuatro miembros Garífunas.

“Al contrario, el MP ha orientado erróneamente todos sus esfuerzos para criminalizar y judicializar a quienes luchan incansablemente por defender los derechos humanos en Honduras”, plantearon en un hilo de tuits.

A la vez que exigieron frenar todas las formas de violencia ejercida contra quienes defienden derechos y se inicie el proceso de investigación por la desaparición forzada de Centeno, quién es el presidente del patronato del Triunfo de la Cruz, Mejía, Rochez y Martínez, así como otros casos de desapariciones forzadas que siguen sin ser investigados en Honduras.

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Al mensaje de la Red de Defensoras se unió el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), organización que recordó que el Estado sigue en deuda con la Ofraneh y que a dos años de su desaparición se sostiene la exigencia para que los jóvenes defensores aparezcan con vida.

QUÉ ES Y CUÁL ES LA HISTORIA DE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN HONDURAS

El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define la desaparición forzada como: “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

En junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) calificó como “insuficientes” y “lentos” los avances del Estado de Honduras con relación a la implementación de medidas provisionales y el cumplimiento de las sentencias por los casos de las counidades Garífunas de Punta Piedra en Iriona, Colón, y Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida.

El Tribunal remarcó que el no cumplimiento de las sentencias “pone en peligro a los miembros de la Comunidad y contribuye a un aumento de la conflictividad social en la zona”.

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Honduras tiene un largo y trágico recorrido en desapariciones forzadas, el Estado ha sido condenado en al menos tres ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las desapariciones forzadas de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez en septiembre de 1981, Saúl Godínez Cruz en julio de 1982 y Juan Humberto Sánchez en julio de 1992.

En la segunda edición del libro compilación Las sentencias de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos sobre Honduras, se establece: “Durante la década de los 80 y hasta inicios de los 90, en Honduras existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares”.

La Corte IDH ha establecido que la desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención, según lo estableció en el Cuadernillo de Jurisprudencia sobre Honduras.

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