Interpretación de artículos 217,219 y 220

Condenan investigación penal contra defensores del territorio y DD HH promovida desde Ministerio Público

Redacción: Marcia Perdomo

Advierten que “se alzarán y se mantendrán en alerta si tocan a Miriam Miranda”.

Tegucigalpa.- Organizaciones nacionales e internacionales condenaron la investigación penal contra defensores del territorio y derechos humanos promovida desde el Ministerio Público (MP), luego de una movilización realizada en las oficinas de dicha institución exigiendo justicia, respeto a sus derechos y alto a la discriminación y racismo.

El 17 de agosto, la Fiscalía Contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmaron que se abrió una investigación contra Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh); Luther Castillo, titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; y Edy Tabora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, que representa a la Ofraneh, entre otros líderes y lideresas.

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Las reacciones desde los liderazgos de las organizaciones defensoras del territorio y los derechos humanos en Honduras desbordaron en solidaridad hacia las personas investigadas y condena al Ministerio Público.

La coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Zúniga Cáceres, calificó como indignante la acción promovida por el MP. Además, advirtió que el pueblo se alzará si tocan a la lideresa Garífuna, Miriam Miranda.

Desde el Copinh, la actuación de la Fiscalía fue tildada como “una vergonzosa acción de persecución jurídica contra las y los defensores de nuestros territorios ancestrales”.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras denunció la persecución y criminalización contra Miranda, a la vez que pidieron detener la criminalización contra quienes defienden la tierra y el territorio, y cárcel para quienes violan los derechos y los territorios ancestrales de los pueblos.

Mientras que la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos de Honduras manifestó “profunda indignación por la denuncia presentada por el Ministerio Público en contra de los defensores de los derechos Garífuna Miriam Miranda y Luther Castillo, como también el abogado Edy Tábora quien es defensor de los derechos humanos.

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La Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras señaló que se alzarán y se mantendrán en alerta si tocan a Miriam Miranda, a la vez que denunció que desde el Ministerio Público únicamente se promueve la violencia contra comunidades.

“Este sistema de justicia en Honduras ha sido una mafia inepta, corrupta, cómplice de los grupos de poder e incapaz de atender las demandas de justicia de los pueblos y hoy se atreve a promover la persecución penal de quienes sí le aportan a la justicia”, ahondó mediante un comunicado la Asamblea de Mujeres Luchadoras.

El abogado y vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar, señaló que la apertura de un expediente para promover acusación criminal contra Miriam Miranda y Edy Tabora “por participar en una legítima acción de protesta pública, en reclamo por el respeto de los Derechos de la comunidad negra de Honduras, denota intolerancia y vil racismo, de parte del MP”.

Desde la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) también se expresó preocupación por la denuncia del Ministerio Público en contra de los liderazgos del pueblo Garífuna, Miriam Miranda y Luther Castillo, así como el abogado defensor de derechos humanos, Edy Tábora.

La Coordinadora Residente de la ONU en Honduras, Alice H. Shackelford, se unió al llamado de la OACNUDH en relación a las penalizaciones contra los defensores de Derechos Humanos. “Mi respeto y reconocimiento por el trabajo, liderazgo y la lucha de defensores/as como Miriam, Edy y Luther. Su labor es fundamental para la construcción del estado de derecho”, apuntó.

Desde el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos se solicitó la intervención urgente y manifestó “preocupación por la criminalización de Miriam Miranda y Edy Tábora por su exigencia de justicia por la desaparición de Alberth Sneider Centeno, Suami Aparicio Mejía García, Joel Martínez Álvarez y Gerardo Misael Tróchez, así como por la impunidad y ausencia de investigaciones en torno a este caso”.

Además, agregó que “este acto de criminalización no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de judicialización contra las comunidades Garífunas y contra quienes legítimamente defienden sus derechos, en un contexto de alta conflictividad por el uso y posesión de las tierras garífunas”.

 

ANTECEDENTES

La manifestación pacífica por la que están siendo investigados los defensores Garífunas, junto a su abogado, se realizó el pasado 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

En ella participó la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), acuerpada por organizaciones indígenas, quienes exigieron una audiencia con el Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, tras un año de silencio absoluto pese a la solicitud de reunión en relación a los avances de la investigación por la desaparición forzada de cuatro jóvenes Garífunas en la comunidad del Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida.

No obstante, las puertas del despacho de Chinchilla se mantuvieron cerradas, mientras que el Fiscal Adjunto, Daniel Sibrián, recurrió a Twitter para solicitar a la Secretaría de Seguridad “resguardar nuestras instalaciones y la seguridad de nuestro personal y usuarios”, exponiendo a los manifestantes a la represión.

Tras la confirmación del proceso de investigación promovido desde el Ministerio Público, la Ofraneh se pronunció con un comunicado titulado: “Cuando se convierte en delito, reclamar derechos humanos”.

En el mismo, la organización demandó que con la misma velocidad que se abrió la investigación penal en contra de sus liderazgos, se “investiguen las muertes, desapariciones y agresiones contra los pueblos indígenas de Honduras y sus territorios”.

 

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