Movimientos Populares luchan por desmontar criminalización de la protesta

Ministerio Público criminaliza a defensores que exigen justicia y alto al racismo

“Denunciamos que ante nuestra acción colectiva el Ministerio Público a través del fiscal Sibrián Bueso, pedía a la policía que nos desalojara, y amenazó con abrir un proceso de criminalización contra los liderazgos presentes”, expuso Ofraneh en un comunicado

Redacción: Marcia Perdomo

Ilustración: Guillermo Burgos

Tegucigalpa.- “Cuando se convierte en delito, reclamar derechos humanos”, así tituló su comunicado la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), luego que la Fiscalía Contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmaron que se abrió una investigación contra defensores que exigen justicia y alto al racismo.

Los defensores señalados en la investigación son: Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh; Luther Castillo, titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; y Edy Tabora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, que representa a la Ofraneh, entre otros líderes y lideresas.

Las acciones de persecución jurídica por parte del Ministerio Público corresponden a la movilización realizada por una delegación de indígenas y Garífunas, junto a luchadoras y luchadores sociales de otros movimientos y países en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el pasado 9 de agosto, exigiendo justicia.

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Las lideresas y líderes ingresaron al edificio del Ministerio Público exigiendo una audiencia con el Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, tras un año de silencio absoluto pese a la solicitud de reunión por parte de Ofraneh en relación a los avances de la investigación por la desaparición forzada de cuatro jóvenes Garífunas en la comunidad del Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida.

Las puertas del despacho de Chinchilla se mantuvieron cerradas, mientras que el Fiscal Adjunto, Daniel Sibrián, recurrió a Twitter para solicitar a la Secretaría de Seguridad “resguardar nuestras instalaciones y la seguridad de nuestro personal y usuarios”, exponiendo a los manifestantes a la represión pese a que la movilización fue pacífica.

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“Denunciamos que ante nuestra acción colectiva el Ministerio Público a través del fiscal Sibrián Bueso, pedía a la policía que nos desalojara, y amenazó con abrir un proceso de criminalización contra los liderazgos presentes, demandamos que con la misma velocidad investiguen las muertes, desapariciones y agresiones contra los pueblos indígenas de Honduras y sus territorios”, lee la publicación de la organización.

Ofraneh dejó claro que el Ministerio Público no les va a amedrentar mediante acciones de criminalización y que seguirán luchando por la restitución de sus derechos ancestrales.

A la vez que exigieron la investigación para dar con el paradero de los jóvenes Garífunas, que fueron sustraídos de sus viviendas de forma violenta en un operativo dirigido según testigos y vecinos de la comunidad de Triunfo de la Cruz por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sin presentar orden de captura.

El pasado 9 de agosto los garífunas exigieron respuestas al Ministerio Público. (Foto: Jorge Burgos)

Previamente, la Ofraneh propuso al Estado los mecanismos para ser parte activa de dicha investigación mediante el comité SUNLA, acción que fue respaldada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde donde se da seguimiento a las reparaciones por la sentencia del caso Comunidad Triunfo de la Cruz vs. Estado de Honduras. 

“En vista de la falta de avance de las investigaciones para determinar el paradero de los integrantes de la Comunidad Triunfo de la Cruz que se encuentran desaparecidos, y de la importancia que reviste la participación de los familiares de víctimas en las investigaciones, a juicio de esta Corte, sería importante que las autoridades puedan coordinar con el SUNLA las diligencias de investigación que se están implementando para determinar el paradero de las personas desaparecidas.

En ese sentido, el Estado deberá detallar en sus informes la forma en que sus diligencias de investigación se coordinarán con el SUNLA”, publicó la Corte IDH en su resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de abril de 2021.

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La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, junto a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), denunciaron y condenaron el accionar de la Fiscalía hondureña contra la Ofraneh y su coordinadora, Miriam Miranda, “así como la situación de persecución, racismo y hostigamiento que enfrentan las comunidades garífunas”.

  • Jorge Burgos
    Tengo algunos años de experiencia y me encanta practicar el periodismo incómodo que toque los tinglados del poder, buscando cambios en la forma de gobernar y procurar el combate a la corrupción, develando lo que el poder siempre quiere ocultar. jorgeburgos@criterio.hn

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Un comentario

  1. Si para el ministerio público es más fácil,criminalizar a nuestro Líder Luther Castillo que nada malo acecho más que luchar por los derechos del pueblo Garifuna y representarlo dónde llega con orgullo,lo mismo a nuestraLidereza Miriam Miranda que lo único que sabe hacer es pedir justicia ,luchar por los derechos de los pueblos Garifuna e indígenas de ese país de desigualdad.Que darnos respuesta por nuestros muchachos,los demás asesinatos ocurridos en nuestras comunidades y sobre todo para intimidar y empañar la falta de voluntad existente en los agentes del estado para hacer cumplir la sentencia que está a favor de las comunidades del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.Cobardes…….