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Consejo de Defensa y Seguridad, la figura constitucional que se convirtió en un mecanismo de poder absoluto

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Tegucigalpa. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se convirtió en un mecanismo que el exgobernante Juan Orlando Hernández aprovechó para concentrar el poder y subyugar al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Ministerio Público. El gobierno que preside Xiomara Castro se encamina a la derogación de la normativa que regula el Consejo, no obstante, opositores cuestionan que la figura presidencial sigue ejerciendo control absoluto.

Es importante explicar que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es una figura establecida en la Constitución de Honduras desde 1982, en su artículo 287. La misma normativa constitucional ordena la creación de una ley secundaria que regule el funcionamiento y organización de la entidad encargada de definir la ejecución de políticas en materia de seguridad y defensa nacional.

Hernández, en su estrategia para concentrar el poder, creó en 2011 la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, mediante Decreto Legislativo 239-2011, en el cual sometió al Congreso, la Corte Suprema y la Fiscalía a la determinación de la figura presidencial siendo considerado un mecanismo perverso amparado en una ley que le otorgó un poder omnímodo.

Por iniciativa de la presidenta Xiomara Castro, se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que deroga la normativa vigente de la Ley Especial y crea una nueva legislación que retorna la independencia de poder y concentra solo a instituciones del Estado en materia de seguridad regidas por el Poder Ejecutivo, sin embargo, el Partido Libertad y Refundación (Libre) intentó aprobarla de manera expedita en un único debate al estilo que impuso el Partido Nacional.

Al no lograrse su aprobación inmediata, Castro convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con la normativa vigente, es decir, tanto Luis Rolando Redondo, presidente del Congreso, Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema y Óscar Fernando Chinchilla, fiscal general, están obligados a acudir pese que tanto Argueta como Chinchilla son considerados parte del régimen criminal que instauró Hernández.

El diputado del Partido Libre, Ramón Barrios, instó a Castro a esperar la aprobación de la nueva ley ya que violenta la independencia de poderes y contraria la promesa del gobierno.

“Yo aconsejaría a la presidenta esperar la aprobación en el Congreso Nacional de su proyecto de la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para reunirse como nuevo consejo y no reunirse con la actual ley que es violatoria del principio de separación de poderes”, aconsejó.

Opositores a Castro aseguran que, con la nueva ley que se quiere aprobar, se mantiene la concentración de poder en la figura presidencial, pero el ministro de defensa José Manuel Zelaya señala lo contrario al amparar que la propia Constitución establece que el presidente de la nación es el encargado de las políticas de seguridad y defensa.

“Esta propuesta enviada por la presidenta para retornar al estado de derecho, no es una propuesta sacada de la manga, está en el plan de gobierno. Fue una propuesta de campaña y, contrario a lo que dicen, la presidenta tiene las atribuciones en la Constitución de dirigir las políticas de defensa y seguridad. El principio de esta nueva ley es la separación de poderes. No es un plan sacado de la manga”, declaró.

En su plan de gobierno, en el capítulo 3 denominado Lucha Contra la Corrupción y Abuso de Poder, inciso I, Castro se comprometió a eliminar la actual ley que regula al Consejo de Defensa, aunque no se instituyó la creación de una nueva normativa, sin embargo, la Constitución lo demanda.

DESVERGONZADA POSTURA DEL PARTIDO NACIONAL

Mediante un comunicado, la bancada del Partido Nacional, se pronunció sobre la nueva ley y arguye que “es lesiva y representa un gran peligro” con una “oculta intención de concentrar mayor poder” obviando que fueron ellos quienes aprobaron la arbitraria ley especial y que otorgaron el control y sometimiento de los demás poderes del Estado y la propia fiscalía.

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Los nacionalistas indican que uno de los supuestos excesos son la pretensión de nombrar al director de la Policía Nacional por sobre la carrera policial, sin embargo, se aclaró que ese párrafo contentivo en el artículo 23 se eliminó.

“Es cierto que hubo un error al incluirlo en la derogatoria que también fue una de las observaciones tanto de la Policía Nacional y de las diferentes bancadas, pero hemos llegado a acuerdos para devolver el orden democrático. Eso se eliminó”, detalló la vicepresidenta del Congreso, Isis Cuellar.

Otra cosa que cuestiona el Partido Nacional es la creación de una Agenda Nacional de Riesgos en la que afirman es similar a lo que sucede en Nicaragua, además de controlar las escuchas telefónicas y atañen que se criminaliza la protestas, no obstante, olvidan que fueron ellos quienes aprobaron la criminalización de la protesta a través de reformas al Código Penal.

Asimismo, reprochan la creación de un secretario ejecutivo, en el artículo 7 de la ley, quien tendrá facultades similares a la presidenta dentro del Consejo de Defensa y Seguridad, pero dependerán únicamente de las directrices de la presidenta, contarán con equipo técnico especializado y un presupuesto asignado.

“La nueva ley, además crea una figura que tendría iguales poderes a los conferidos a la presidente Xiomara Castro, se entiende el caso del secretario ejecutivo, a quien se le pretenden delegar todas las funciones que en materia de defensa y seguridad se le otorgan, en la Constitución, al presidente de la República. Asimismo, le asigna atributos que se derogaron con la Ley de Secretos, y precisamente esta sería la nueva Ley de Secretos del régimen Zelaya-Castro”, detalla el documento.

El ministro de defensa descartó que sea una familiar cercano a la presidenta quien sería nombrado en el cargo de secretario ejecutivo como lo indican opositores, por el contrario, aseguró que será una mujer de sociedad civil.

“El secretario ejecutivo será una mujer y civil y no de la familia Zelaya y si lo fuera, no tiene nada malo si tiene el liderazgo, la responsabilidad, la ética y moral”, dijo.

Por su parte, el ministro de seguridad, Ramón Sabillón, asevera que la nueva ley no concentra el poder, retorna la división de poderes y le devuelve la facultad a la presidenta o presidente de manejar y dirigir la política de seguridad y defensa.

“Con esta ley hay democracia y hay respeto a la institucionalidad a los otros poderes del Estado, no trasciende. A veces se cree que se va a menoscabar o disminuir las facultades que ya tienen las fuerzas armadas y la Policía Nacional y no, estas son instituciones verticales que obedecen a sus propias leyes. No debe haber temor en la ciudadanía en que se van a disminuir los otros poderes del Estado o se va a concentrar el poder”, sostuvo.

“EL COMIENZO DE LA DESARTICULACIÓN DE UNA ESTRUCTURA AUTORITARIA”

La socióloga e investigadora, Leticia Salomón, es del criterio que la nueva ley que impulsa el gobierno “es el comienzo de la desarticulación de la estructura autoritaria de protección de la impunidad que garantizó el gobernante anterior con el silencio cómplice de quienes constituyeron y aún constituyen ese Consejo”.

Salomón reprocha que algunos medios de comunicación, varios analistas y “más de algún diputado cínico” manifiestan que la nueva ley es una copia de Nicaragua o Venezuela con demasiada concentración de poder, cuando es todo lo contrario.

“En la nueva ley se devuelve la independencia a los otros poderes del Estado y la presidencia de la república recupera su atribución constitucional de coordinar con los integrantes de su gabinete, que tienen las facultades para hacerlo, los temas de defensa y seguridad, al igual que en el pasado, se constituyeron los gabinetes económico y social”, explicó.

Considera que es innecesario crear la Agenda Nacional de Riesgos ya que expone no se puede decir que en un plan se van a definir temas centrales como seguridad y defensa nacional y menos que se va a elaborar una agenda de riesgos basada en ese plan, pero reconoce que la elaboración de planes “es potestad del Ejecutivo”.

“Falta todavía la eliminación de la ley antiterrorista, revisar las funciones de la Dirección de Investigación e Inteligencia, establecer límites a la confidencialidad o reserva de temas de defensa y seguridad para que quede clasificada la información estrictamente necesaria y no las barbaridades que se aprobaron en ese Consejo que tanto defienden los despistados, cínicos o cómplices”, cerró.

Cabe indicar que la nueva ley impulsada por el Ejecutivo contiene 23 artículos incluido la derogación de la actual Ley Especial. Se requiere mayoría simple para su aprobación, lo que significa 65 votos.

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