Portada: Instantes en que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es dirigido por el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, a la aeronave de la DEA que lo trasladaría a Nueva York. (Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn)
Por Emy Padilla
Tegucigalpa. –Cuando las agujas del reloj marcaban las 2:27 de la tarde de este jueves, Juan Orlando Hernández, esposado de manos, comenzó un vuelo sin retornó encontrándose con los rascacielos de Nueva York, esta vez no desde la cima del poder sino frente a los tribunales de la Gran Manzana.
Con un abrigo azul celeste, pantalón azul de mezclilla (jean), zapatos negros, gafas oscuras, sin evidenciar su estado anímico, pues la pandemia le permitió esconder sus gestos tras una mascarilla azul turquesa, que quizás hoy será su mejor aliada para no mostrar su cara ante más de nueve millones de hondureños que lo han visto partir después de haber convertido a este país centroamericano en un narcoestado, según las acusaciones de la fiscalía estadounidense.
A dos meses de su captura el expresidente de Honduras, o CC4 como lo identifica la Fiscalía de Nueva York, fue despachado en una aeronave de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) desde la base Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), ubicada en el sector sur de Tegucigalpa.
Para llegar a este sector el exmandatario fue traslado en un helicóptero Bell 412 de la FAH desde la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, donde permaneció los últimos 65 días en arresto, fue escoltado por un fuerte contingente policial y flanqueado por el propio secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, quien con paso firme y cargando una bolsa de papel manila se dirigió al salón diplomático a entregar a Hernández en custodia a funcionarios de la embajada de Estados Unidos y a los agentes de la DEA que lo esperaban para partir a la nación del norte.
Para su traslado la DEA utilizó una aeronave Beechcraft Super King Air 350(bimotor) turbopropulsor) B350 con matrícula N430JT, que descendió a suelo de la capital hondureña a 1:17 de la tarde. Mientras la niebla, producto de los incendios forestales, impedía la visibilidad de la prensa que esperaba con ansias el clímax de la extradición para captar las mejores imágenes de este hecho histórico.
El vuelo hará escala en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida) y concluirá en Nueva York donde el exmandatario será recluido en un centro de detención previo a ser sometido a la primera audiencia.
Así fue la partida de JOH, como se hizo llamar Juan Orlando Hernández, aplicando su estrategia de marketing que le construyó el estratega político, el venezolano Juan José Rendón, más conocido como JJ Rendón.
Hernández enfrentará un juicio en los tribunales neoyorquinos donde ha sido acusado por tres delitos relacionados al tráfico de 500 mil kilogramos de cocaína, tráfico de armas y conspiración para usar dispositivos destructivos.
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Hernández, quien gobernó Honduras durante los últimos ocho años, fue sometido en las últimas semanas a un proceso de extradición luego de ser solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, misma que sentenció, en octubre de 2019, a cadena perpetua más 30 años de prisión a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández.
Para enfrentar el proceso de extradición el exgobernante hondureño contrató a un amplio cuerpo de abogados que agotó todos los recursos legales posibles en el marco de un auto acordado, utilizado por la justicia hondureña para darle cumplimiento a un acuerdo de extradición que él mismo aprobó cuando fungió como presidente del Congreso Nacional, en el 2011, mediante una reforma al artículo 102 de la Constitución de la república.
Sin embargo, desde que el juez natural, Edwin Francisco Ortez Cruz nombrado para conocer de su caso, resolviera de manera favorable la extradición, su defensa arguyó violación a sus derechos humanos e inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Juan Orlando Hernández permaneció en detención provisional desde el 15 de febrero, en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, más conocida como Los Cobras. El miércoles 13 de abril el juez de primera instancia remitió los oficios y certificación de resolución a la Cancillería y a las secretarías de Defensa y Seguridad, procediendo así a la entrega del exgobernante hondureño a la justicia estadounidense.
Con lo anterior la Corte concluyó la actividad judicial del proceso de extradición y dejó en manos del Poder Ejecutivo quien junto a la representación diplomática de Estados Unidos coordinó el envío de Hernández en un avión de la DEA.
Además de las acusaciones por narcotráfico, localmente Hernández ha sido salpicado por actos de corrupción durante sus ochos años en la presidencia (2014-2018 y 2018-2022) y en sus cuatro años previos como presidente del Congreso Nacional (2010-2014).
Su ascenso al poder y permanencia en el mismo fue cuestionado por fraudes electorales. En el 2017 se presentó a una cuestionada reelección luego de haber injerido en la Corte Suprema de Justicia que, mediante un fallo, dio luz verde a su pretensión reeleccionista que estaba limitada en la Constitución de la república.
El expresidente de Honduras siempre ha alegado su supuesta inocencia y que la situación que ahora atraviesa es una venganza de los narcotraficantes condenados en Estados Unidos y que él persiguió cuando era presidente, de hecho, minutos después de haber sido trasladado a la base área de donde fue trasladado a EE.UU., su esposa, Ana García, compartió en las redes sociales un video en el que aseguraba su inocencia.
En esa misma dinámica, la noche del miércoles, a pocas horas de su extradición, Ana García publicó en sus redes sociales un mensaje atribuido a Hernández, diciendo: “Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros los hondureños me llevaría a convertirme en un privado de libertad”.
HONDURAS UN PAÍS SIN LEY
La extradición del expresidente fue festejada por los hondureños que, salieron a las calles a celebrar por la aplicación de una justicia foránea ante la ausencia de un sistema judicial independiente.
Hernández constituyó un poder omnímodo en el año 2011 cuando, siendo presidente del Congreso Nacional, constituyó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el cual presidió para subyugar a los demás poderes del Estado (Judicial y Legislativo) e incluso el Ministerio Público donde colocó a su amigo fiel Óscar Fernando Chinchilla, quien nunca actuó su contra.
Aunque los hondureños están conscientes que la extradición vulnera la soberanía y la independencia del Estado, consintieron la extradición al considerar que es la única salida para comenzar a desmontar el narcoestado.
Para el abogado experto en derechos humanos, Jaoquín Mejía, aunque el expresidente haya sido extraditado queda “intacta su estructura de narcotráfico y crimen organizado que está incrustada en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y en otras instancias del Estado.
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INCAUTACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE BIENES
Una vez que su extradición fue resuelta por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público procedió al aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y 80 productos financieros de su propiedad y núcleo familiar.
Al proceder con la medida, la fiscalía hondureña refirió que, de acuerdo con una investigación previa, se encontró la relación de Hernández “con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transaccional financiera y de constitución de sociedades”.
Una investigación de Criterio.hn publicada en febrero cuantificó que, a partir de 2010, cuando Juan Orlando Hernández se convirtió en presidente del Congreso Nacional, la expareja presidencial registró en territorio hondureño siete empresas y 60 bienes inmuebles cuyo valor ronda en 7.8 millones de dólares .
A lo anterior se suma la casa que Ana García, adquirió en el Condado de Broward, Miami, en junio de 2013, comprada a la empresa Monterra Plat, por la cual fue expuesta en redes sociales y medios de comunicación de Honduras, al ser una propiedad adquirida por 805,000 dólares, unos 17.7 millones de lempiras, más el pago de 140,202 dólares por concepto de gastos de mantenimiento, servicios e impuestos de 2013 a 2019.
Y la familia extendida Hernández Alvarado-García registró al menos 109 bienes inmuebles y 11 empresas.
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Previo a la incautación y aseguramiento de bienes, su esposa Ana García, entregó en dación por pago de deuda a Banco Ficohsa tres bienes inmuebles por un valor de L 60, 119,295.96. Dichos bienes, en los que figura la casa donde ha residido durante los últimos años la exfamilia presidencial, en Tegucigalpa, ha sido asegurada, aunque la exprimera dama pactó con la institución financiera que entregara el bien inmueble hasta dentro de un año, plazo que vence hasta el 22 de marzo de 2023.
EL TIGRE, EL COCONSPIRADOOR DE LOS HERNÁNDEZ
La extradición de Hernández se efectúa de manera paralela a la del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, quien también ha sido sometido a un proceso de extradición luego de ser reclamado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos conexos de narcotráfico.
El pasado 8 de abril el juez natural José Olivio Rodríguez Vásquez determinó la extradición del exdirector policial, quien ha sido acusado de los delitos de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Ayer miércoles el pleno de magistrados de la Corte, por unanimidad de votos, reafirmó la extradición al declarar sin lugar un recurso de apelación presentado por la defensa técnica del exjefe policial.
En su audiencia de información, Bonilla Valladares solicitó al Estado de Honduras proporcionar un abogado defensor público, alegando no contar con recursos económicos para pagar uno propio.
Se maneja que Bonilla Valladares podría colaborar con la justicia estadounidense para buscar negociar su condena.
Juan Carlos Bonilla Valladares fungió como director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013, siendo presidente del Poder Ejecutivo, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y presidente del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández.
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De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York: “Juan Carlos Bonilla Valladares presuntamente abusó de su cargo oficial para proteger cargamentos de cocaína y asesinar a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de la Policía Nacional de Honduras”.
Durante el juicio a Tony Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tanto Juan Carlos “El Tigre” Bonilla como el exmandatario Hernández Alvarado salieron salpicados por declaraciones realizadas durante el juicio.
Entre ellas las del narcotraficante Alexander Ardón, quien señaló a “El Tigre” Bonilla como el supuesto responsable del asesinato de Franklin Arita Mata, en julio de 2011, por órdenes Tony Hernández.
Desde su primera audiencia, Bonilla Valladares ha permanecido en detención provisional en el Primer Batallón de Infantería, ubicado en las cercanías del Fuerte Cabañas, donde se han realizado sus audiencias. Ambas instalaciones forman parte de un complejo militar ubicado en el occidente de la capital hondureña.
Tras la detención de “El Tigre” Bonilla, el 9 de marzo, el senador Patrick Leahy emitió un comunicado sobre su captura, dejando entrever frustración con administraciones pasadas de Estados Unidos, quienes no cortaron lazos con “el temido exjefe de la Policía Nacional de Honduras” pese a “que estaba profundamente involucrado en la corrupción y la brutalidad del narcotráfico”.
