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Derogación de las ZEDE es un tema de soberanía nacional

Soberanía y narcoactividad jugarían en contra de inversionistas ZEDE, en caso de demanda a Honduras

Tegucigalpa.- Mientras resuenan amenazas de millonarias demandas contra el Estado de Honduras por la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), los defensores de la soberanía no temen a los ultimátum de los inversionistas.

Remarcan que hay dos puntos que juegan en contra de los inversores: primero, que las ZEDE no son un tema que pueda ser abordado desde el Tratado de Libre Comercio (TLC), y el segundo argumento, es que estos se vuelven inválidos cuando son firmados por funcionarios de un poder del Estado que están señalados por corrupción.

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Así lo expuso a Criterio.hn, la fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, quien detalló que la demanda es un arbitraje internacional que pasa por dos etapas.

Jimena García Merino, fundadora de Honduras Resurge

La primera, que estaría por desarrollarse en diciembre, una vez que Próspera interponga la denuncia en el Centro de Arbitrajes Internacionales con sede en Washington, D.C., y la segunda, después que este centro se pronuncie sobre si la denuncia procede o no.

“Ellos [Próspera] pueden denunciar al Estado de Honduras, pero el Estado de Honduras está ya preparándose arduamente y de hecho muchos ciudadanos estamos colaborando de manera totalmente gratuita para respaldar la tesis de que las ZEDE no son derogadas por un tema mercantil, sino por derecho constitucional”, explicó.

LAS ZEDE SON UN TEMA DE DERECHO CONSTITUCIONAL, NO MERCANTIL

García Merino señaló que las derogadas ZEDE no son tema que deba abordarse bajo el Tratado de Libre Comercio, puesto que el motivo de su revocación no es un asunto mercantil sino uno de soberanía, derecho constitucional y respeto al territorio de un país.

“Bajo ese escenario del arbitraje internacional, ningún tratado, según la Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales puede estar por encima de la soberanía y del territorio de un país”, expuso durante la reactivación del Movimiento Nacional Contra las ZEDE.

La integrante de la sociedad civil reiteró que “ningún tratado, ninguna empresa, nadie puede estar por encima de la soberanía de un país”.

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SEÑALAMIENTOS POR NARCOTRÁFICO DE JOH NO ABONAN A LAS ZEDE

Sumado a lo anterior, García Merino agregó que uno de los artículos de la Convención de Viena establece que estos serán inválidos cuando sean firmados por representantes del poder de un Estado que estén señalados por corrupción.

Es en este punto donde la figura de Juan Orlando Hernández y sus cómplices, juegan en contra de los promotores de las ZEDE.

Después de todo, Hernández, siendo presidente del Congreso Nacional, dio un golpe técnico al Poder Judicial el 12 de diciembre de 2012 al despojar de sus investiduras a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes declararon como inconstitucionales las Redes Especiales de Desarrollo (RED), predecesoras de las ZEDE.

Reprogramación de audiencia solo extiende agonía de JOH

El expresidente Hernández, principal impulsor del proyecto, fue extraditado a Estados Unidos el 21 de abril a petición de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, acusado por los delitos de conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos y por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Su juicio iniciará el 24 de abril de 2023.

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“Juan Orlando Hernández y todas las personas que estuvieron durante ese narcorégimen, hacen que la aplicación de la Convención de Viena invalide cualquier denuncia que ellos [inversores de las ZEDE] pueden poner”, explicó.

Esto debido a que al momento de que Ley Orgánica de las ZEDE fue aprobada, los poderes del Estado estaban cooptados por personas vinculadas con la narcoactividad y la corrupción, apuntó.

“Con toda la evidencia que hay de los vínculos de estas personas con narcoactividad del gobierno anterior, más toda la base jurídica de inconstitucionalidad y nulidad de origen, no hay manera en la cual ellos puedan alegar ignorancia en cuanto a que estaban invirtiendo bajo un régimen, que ya había sido denunciado y que había sido ampliamente cuestionado tanto de manera legal como por la población”, concluyó.

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Periodista , Criterio HN

Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante.  Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general.

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Un comentario

  1. Las ZEDE’s son un tema de derecho constitucional, no mercantil, ya que estas no aportan ningún beneficio fiscal en relación a impuestos, constitucionalmente estas violentan el derecho que tiene el gobierno del Estado hondureño en cualquier injerencia política, judicial y arancelaria sobre esos puntos geográficos, la idea no es únicamente concesionar a extranjeros la explotación de los recursos que tenemos; si no convertir un una porción territorial en un pequeño país regulado bajo sus propias normas y leyes, muchas veces ajenas a cualquier tratado internacional, lo más parecido a un paraíso fiscal, por ejemplo: un narcotraficante que es pedido en extradición, lo solicitan mediante los convenios ya establecidos en Honduras con los demás países, a este narcotraficante le dan refugio en la zona de desarrollo (ZEDE) porque como lo explique antes ahí honduras no tiene jurisdicción, esta extradición es denegada porque las leyes que rigen esta ZEDE no tienen tratados de extradición con ningún país, este delincuente puede quedarse a vivir de por vida, también con pistas de aterrizaje , donde una avioneta puede hacer escalas cargando o transportando droga y no puede Honduras controlar ese espacio aéreo. La estrategia que se busca demostrar es buena, ya que de demostrarse que estas ZEDE’s se crearon con el objetivo de convertirlos en paraísos fiscales con dinero derivado del narcotráfico y bajo contubernio con narcotraficantes podrían inmediatamente declararlas inconstitucionales y eliminar de una vez cualquier demanda por inversionistas extranjeros.

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