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Próspera no cede e insiste que tiene garantizado 50 años de permanencia

Próspera no cede e insiste

En este sector de la comunidad de Crawfish Rock, Islas de la Bahía, se erige la ZEDE Próspera Roatán. Sus pobladores dicen que para su construcción han sido pocos los empleos generados para la comunidad, ya que la mayoría de la mano de obra contratada es extranjera. (Foto: Emy Padilla/Criterio.hn)

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“Nos seguimos manteniendo firme en nuestra postura de denunciar que Próspera está operando de manera ilegal, ilegítima e inconstitucional”, dijo la fundadora de Honduras Resurge, Jimena García

Redacción: Marcia Perdomo

Tegucigalpa.- La Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera sigue afirmando que continuará operando en Honduras por un período no menor a 50 años.

Escudándose bajo la derogada Ley Orgánica de las ZEDE, supuestos contratos de estabilidad suscritos con el Estado de Honduras durante el gobierno del extraditado Juan Orlando Hernández y tratados internacionales, ZEDE Próspera mantiene que seguirá operando en Honduras así se instale una Asamblea Nacional Constituyente.

El secretario técnico de Próspera, Jorge Colindres, afirmó en un noticiero televisivo que la ZEDE que representa “está garantizada por el Estado de Honduras por un período de 50 años e independientemente de la ratificación de la derogatoria constitucional, está en una obligación internacional del Estado de Honduras en virtud de un tratado internacional ratificado por más de 86 votos en el Congreso Nacional”.

Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera

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Agregó que los contratos de estabilidad jurídica que se han suscrito con los inversionistas es una obligación que abarca al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional. Incluso señaló que de darse una Asamblea Nacional Constituyente esta “estaría obligada por el derecho internacional a respetar estas garantías”.

Además, planteó que al desconocer el Estado de Honduras la garantía de estabilidad jurídica se estaría ante un escenario de expropiación de inversión estadounidense, lo “que afectaría muy fuertemente la imagen de Honduras y el potencial de país de seguir atrayendo inversión extranjera”.

PRÓSPERA OPERA DE MANERA ILEGAL, ILEGÍTIMA E INCONSTITUCIONAL: HONDURAS RESURGE

La fundadora de Honduras Resurge, Jimena García, sostiene que desde ZEDE Próspera se está haciendo una interpretación aislada de los acuerdos internacionales, dejando por fuera varios principios que protegen al Estado de Honduras.

García dijo a Criterio.hn que Próspera expone “de manera deliberada que todos los análisis legales hechos incluso por organizaciones internacionales -tanto de la cooperación como del colegio de abogados más antiguo de Estados Unidos- es papel mojado, en palabras de ellos”.

Inclusive, se han dado a la tarea de arremeter contra quienes objetan a sus posicionamientos, como ocurrió recientemente con el empresario Eduardo Facussé quien ante cuestionamientos de Colindres, le recordó que los “departamentos legales de las distintas gremiales empresariales dictaminaron que este esquema [de las ZEDE] es inconstitucional”.

El secretario técnico de la ZEDE Próspera respondió que “esas son opiniones sin validez jurídica formal (generadas con mala fe y pobreza académica)” y que en caso de no reconocerlas [ZEDE], el discurso sobre el Estado de Derecho de Facussé es falso.

La fundadora de Honduras Resurge destacó que el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), y los mejores constitucionalistas del país, “han reiterado en múltiples ocasiones la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de las ZEDE”.

Compartió que desde su organización “como ciudadanos estamos conscientes de la nulidad de origen [de las ZEDE] por violar los artículos pétreos y el sentido propio del Estado de derecho”.

García manifestó a Criterio.hn: “Nos seguimos manteniendo firme en nuestra postura de denunciar que Próspera está operando de manera ilegal, ilegítima e inconstitucional”.

También, subrayó que un acuerdo es parte del marco normativo nacional por lo que no se puede ni se debe interpretar de manera aislada como lo hace Próspera. “Tenemos la plena confianza de que en un arbitraje internacional se respetará nuestra Constitución y por ende todas las ZEDE deberán acogerse a cualquiera de los regímenes que no violentan nuestra Constitución ni Estado de derecho”, concluyó.

EL FALSO DISCURSO DE APERTURA A DIÁLOGO DE PRÓSPERA

Durante su intervención televisiva, Colindres aseguró que Próspera está dispuesta a sentarse a dialogar con el Estado de Honduras para discutir los temas puntuales que “no gustan del régimen ZEDE”.

Tras la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE, diferentes funcionarios de la administración Castro e incluso diputados del Poder Legislativo plantearon que los inversionistas de las ZEDE podrían suscribirse a otro tipo de regímenes especiales que hay en Honduras.

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No obstante, desde sus redes sociales, Próspera ha afirmado que no podrán replicar el supuesto éxito e inversiones que quieren impulsar a través de regímenes especiales como las Zonas Libres (Zoli) o las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP), e incluso han amenazado con demandar al Estado de Honduras por hasta US $1,300 millones.

Es importante recordar que la ahora derogada Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico es fuertemente opuesta por la ciudadanía, analistas y políticos por considerar que la misma cede la soberanía y el territorio nacional a inversionistas extranjeros. Además de trastocar la forma de gobierno y la división política.

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Como un aliciente, el secretario técnico de ZEDE Próspera afirmó que están atrayendo inversiones y generando empleo con supuestos salarios competitivos en el sector de servicios, construcción y tecnología. Sin embargo, no entró en detalles sobre cuántas personas están empleadas.

A inicios de junio, representantes de diversos territorios y movimientos ciudadanos del país interpusieron dos denuncias por la posible usurpación de funciones cometidas por miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) de las ZEDE.

Entre los miembros del CAMP destaca Ebal Díaz, a quien este mes el gobierno de Nicaragua le otorgó de forma oficial la nacionalización nicaragüense. Díaz fue un exfuncionario y mano derecha durante las administraciones de Juan Orlando Hernández

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De esta forma, Díaz quedó protegido por la Constitución Política de este país centroamericano que en su artículo 43 establece que «los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional».

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