Ley ZEDE Honduras

Principales propuestas de Xiomara Castro pasan por la decisión del Congreso Nacional

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Tegucigalpa. –Tras ser reconocida nacional e internacionalmente como la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), asegura que cumplirá con su plan de gobierno basado en varios cambios estructurales que implican la ejecución de acciones que se alejan de sus atribuciones desde el Poder Ejecutivo porque dependen directamente del Congreso Nacional.

Con 10,324 actas procesadas de 18,293, contabilizadas en horas de la tarde de este miércoles, Castro alcanzaba 1,037,700 votos, 52.62%, y su contendiente el candidato del oficialista y conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, 681,662 votos, para un 34.63%, lo que representa una ventaja de 18,18 puntos, siendo así la derrota más abultada en la historia democrática de la nación centroamericana.

Castro, quien es la esposa del derrocado expresidente, Manuel Zelaya Rosales, ha recibido muestras de respaldo por parte de varios sectores, incluyendo aquellos que adversaron a su esposo y que fueron pieza clave en el golpe de Estado de 2009 y que se oponían al acercamiento con el gobierno del extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Analistas políticos dicen que su aceptación surge, en primera instancia, por los malos gobiernos del Partido Nacional, señalados por corrupción y narcotráfico y porque el contexto latinoamericano y mundial, ya no es el mismo que el de hace una o dos décadas.

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Sectores sociales de Honduras y parte de la comunidad internacional comenzaron a reconocer la victoria de la oposición que ahora pasará a ser el oficialismo a partir del 27 de enero, mientras la nueva presidenta contempla en su plan de gobierno varias propuestas que, en algunos casos, tendrán que ser aprobadas por mayoría calificada desde el Poder Legislativo.

La primera propuesta de Castro es derogar las leyes de impunidad y corrupción que puso en marcha el Partido Nacional, a través del gobierno de Juan Orlando Hernández y los diputados en contubernio con congresistas del Partido Liberal, entre las cuales están: la Ley de Secretos, Ley de Escuchas, Ley de alianzas público-privadas y, en especial, la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Castro promete convocar a una consulta popular y que sea el pueblo hondureño que organice y elija una nueva Asamblea Nacional Constituyente para una nueva Constitución, sin embargo, la primera propuesta de reformar leyes como las ZEDE y una consulta popular pasa por la aprobación de la mayoría calificada de diputados del Congreso Nacional.

Tanto la consulta para la Asamblea Nacional Constituyente como el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con China no serán debatidos en los primeros cien días, aclaró a Criterio.hn, el economista Hugo Noé Pino, quien forma parte del grupo de trabajo que elaboró el plan de gobierno del partido Libre.

Pino explicó que la prioridad de los primeros cien días se basa en cinco temas, relacionados al problema energético, anticorrupción, la pandemia por la COVID-19, la rehabilitación de los centros escolares y políticas de empleo y reactivación económica.

Castro llegará al poder bajo la postulación del partido Libre, pero para consolidar su triunfo pactó alianzas de hecho, semanas antes de las elecciones, con la Unidad Nacional Opositora de Honduras (UNOH), conformada por los partidos Salvador de Honduras y PINU-SD, liderada por el cronista deportivo y excandidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, durante las elecciones de 2017, Salvador Nasralla.

Asimismo, con la Alianza Liberal Opositora, una amplia membresía de líderes y simpatizantes del Partido Liberal y con el sociólogo y comunicador social, Milton Benítez, quien declinó a su candidatura por el movimiento independiente Honduras Humana.

La propuesta de la Constituyente no es del todo respaldada por Salvador Nasralla, designado presidencial electo, quien ha dicho en los últimos días que la decisión no es de nadie en particular, sino de la voluntad ciudadana mediante una consulta popular.

Entre tanto, la propuesta del establecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con China cuenta con el respaldo de los empresarios. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, cree que dicha decisión generará inversión extranjera y fuentes de empleo masivo.

CORRELACIÓN DE FUERZAS EN EL LEGISLATIVO Y LA CICIH

Según las proyecciones, el Partido Libre tendría 52 diputados, el Partido Salvador de Honduras (PSH) 12, mientras que el Partido Nacional tendría 42, el Partido Liberal 21 y la Democracia Cristiana (DC) 1, por lo tanto, Castro necesitaría el voto de todos los diputados liberales y el de la DC para lograr la mayoría calificada, situación que podría ser difícil debido a que varios diputados liberales han estado plegados al Partido Nacional.

Castro también promete la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) con apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este planteamiento, de acuerdo con una publicación de la agencia de noticias Reuters, sería el punto de partida para que la virtual presidenta electa de los hondureños goce del respaldo de Estados Unidos.

En un comunicado publicado el martes por el Departamento de Estado, el gobierno de Joe Biden, felicitó a Castro por su victoria histórica como primera presidenta mujer de Honduras y señaló su disposición de trabajar de manera conjunta en el “fortalecimiento de sus instituciones democráticas, la promoción del crecimiento económico y el combate a la corrupción y la criminalidad transnacional”.

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Además, propone la creación de un Banco Nacional del Migrante (BNM), pacto alcanzado con el sociólogo y comunicador social, Milton Benítez, conocido como El Perro Amarrillo, poniendo en marcha programas de dotación de empleo para hondureños migrantes.

Dentro de las promesas, está también recuperar las instituciones estatales como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), aeropuertos, puertos y carreteras libres del cobro del peaje.

Como medidas de reducción del gasto propone vender el avión presidencial, los vehículos de lujo del Estado, reducir los altos salarios de funcionarios públicos, duplicar funciones en las instituciones y cerrar aquellas que se consideren innecesarias.

Anunció además la creación de la Secretaría de Planificación Económica y Desarrollo Social.

Otra medida es reducir el costo de la energía eléctrica y otorgar energía gratis a los más pobres, sumado a revisar y cancelar los contratos leoninos de energía.

También promete reducir los impuestos a los combustibles afirmando que convertirá a Honduras en la nación centroamericana con los costos más bajos en los precios de los combustibles, repitiendo la historia del gobierno del “Poder Ciudadano” que encabezó su esposo.

Propone la reactivación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) saqueado en los últimos doce años de gobierno del Partido Nacional que lo llevó a la quiebra.

Ordenará una auditoría sobre la deuda interna y deuda externa que supera, según la Secretaría de Finanzas, los 16 mil millones de dólares, derogando de igual manera fideicomisos del Estado con la banca nacional lesivos a la economía y cancelar los monopolios en los diversos sectores de la economía nacional.

Promete que no se impondrá ni un solo impuesto al pueblo hondureño, ni al sector productivo, ni comercial, ni mucho menos a los pobres, por el contrario, aprobará un ingreso universal para las familias pobres.

Otorgará una amnistía a los presos políticos y un indulto a los que guardan prisión por defender derechos humanos y los recursos naturales del país, comprometiéndose también en hacer justicia contra los autores materiales e intelectuales del asesinato de la reconocida ambientalista Berta Cáceres y reparación de daños a familiares de los hondureños asesinados en 2017 por miembros de la seguridad estatal tras el fraude electoral de ese año.

De igual manera, afirma que otorgará un aumento justo al salario mínimo, dotará a niños y jóvenes con becas educativas, aprobará la matrícula gratis y derogará la Ley Fundamental de Educación, Ley de Empleo Temporal, Ley Marco de Seguridad Social. Para la derogación de estas leyes solo se requiere de la mayoría simple, es decir, 65 diputados, algo muy probable de lograr a través de las fuerzas políticas que la están llevando al poder.

En el tema de la pandemia, que ha cobrado la vida de más de 16 mil hondureños, según la Asociación de Funerarias de Honduras, su meta será que todos los hondureños estén vacunados y con refuerzos.

Como medidas a favor de la mujer promete que pondrá en marcha políticas públicas en defensa de los derechos de todas las mujeres y trabajará para erradicar el patriarcado y los feminicidios.

Para el sector productivo, promete la creación de un programa de seguridad alimentaria en apoyo a agricultores, ganaderos y campesinos, adoptando bonos tecnológicos como en el gobierno de su esposo en 2006 a 2009.

Por la defensa de los recursos naturales, promete que no se darán más permisos de explotación en cuencas de los ríos y que cancelará permisos y concesiones ilegales otorgadas por la administración de Hernández como en la comunidad de Guapinol, en el departamento de Colón, que hoy tiene bajo prisión a varios defensores del ambiente. Y ofrece poner en marcha un plan de reforestación nacional.

La prioridad de los primeros cien días de gobierno se basa en cinco temas: problema energético, anticorrupción, la pandemia por la COVID-19, la rehabilitación de los centros escolares y políticas de empleo y reactivación económica dijo a Criterio.hn, el economista Hugo Noé Pino, quien forma parte del grupo de trabajo que elaboró el plan de gobierno del partido Libre.

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