Defensoras y defensores ambientales de Tocoa y del territorio en el Valle del Aguán presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, señalando omisiones del Estado que vulneran sus derechos fundamentales frente a la imposición de un proyecto minero
Tegucigalpa, Honduras. – Vinieron desde Tocoa, Colón, reivindicando ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sus derechos al debido proceso, a la participación política, al derecho humano al agua, un medio ambiente sano, a la salud y a la dignidad humana.
La cita fue fijada a las 9:30 de la mañana del miércoles 18 de junio, frente al edificio de la CSJ. Quince minutos antes encontramos a Adilia Castro y a Juana Zúniga, acompañada por otras defensoras del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), así como pobladores de las comunidades Guapinol, San Pedro y Lempira, entre otras. A ellas y ellos se han unido integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
¿El propósito? Interponer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra omisiones y actos de la administración pública central y municipal de Tocoa, con los que se continuaría violentando sus derechos fundamentales.
Al grupo se unieron Johny Rivas y Raúl Ramírez, junto a otros integrantes de la Plataforma Agraria, y Juana Esquivel. Tras su arribo, la abogada del CMDBCPT, Rita Romero, explicó que la presentación del recurso de amparo es una medida urgente tras una serie de procesos administrativos que favorecen a la minera, así como la continua presencia armada de la empresa en la zona.
OMISIONES Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN FAVOR DE LA MINERÍA
En mayo, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) declaró sin lugar la oposición comunitaria contra la renovación del contrato de concesión de la planta peletizadora de óxido de hierro de la empresa Ecotek.
Posteriormente, en mayo se conoció que el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, continúa favoreciendo a la minera que opera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, tras extender en enero los permisos de operaciones para la extracción y comercialización de metales a Inversiones Los Pinares, así como el beneficio de minerales metálicos y no metálicos a Inversiones Ecotek.
A esto se suma el silencio que mantiene desde 2023 la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), luego que el CMDBCPT presentó las pruebas de las ilegalidades y daños ambientales causados por el megaproyecto minero instalado en la reserva natural. Pruebas que el mimso titular de la Serna, Lucky Medina pidió, invirtiendo la carga de la prueba en la ciudadanía.
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«Es inconcebible que ya dos concesiones mineras fueron canceladas en la zona protegida, y todavía no tenemos una resolución del ministro [Lucky Medina] de la Serna, en la que indique que tampoco habrá licencia ambiental y que será archivado”, expresó Romero, mientras sus compañeras interponían el recurso de amparo en la secretaría de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
La abogada considera que detrás de todas estas acciones administrativas de Inhgeomin y la alcaldía de Tocoa, así como el silencio de la Serna, existen mensajes, especialmente porque la empresa minera mantiene control territorial en el área protegida.
«¿Qué es lo más importante para el Estado de Honduras? ¿El megaproyecto [minero] y su inversion o la persona humana como dice el artículo 59 de la Constitución? Por eso, recurrimos al amparo, porque es el momento de pedir a la Sala de lo Constitucional que libre atentas comunicaciones a la Serna por la dilación en la resolución de siete procesos de oposición y a Inhgeomin por no escuchar a las comunidades impactadas por el proyecto”, puntualizo Romero.
RECUERDAN PROMESA A XIOMARA CASTRO Y DENUNCIAN A ADÁN FÚNEZ
Tras interponer el recurso de amparo, las y los integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, acuerpados por otras personas defensoras, brindaron una conferencia de prensa en la que recordaron a la presidenta Xiomara Castro su compromiso pendiente con la población hondureña, y la ciudadanía de Tocoa, de no otorgar más permisos y concesiones a proyectos extractivos.
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«A cuatro años de este gobierno se les olvido muy pronto esa promesa. Hoy, en este Congreso Nacional [buscan] aprobar licenciamientos exprés que facilitarían a las empresas extractivas mineras y de otros tipos, los licenciamientos o los trámites administrativos. Eso es contradictorio a esa declaración que la presidenta Xiomara hizo”, declaró Adilia Castro.
Juana Esquivel, integrante del CMDBCPT, afirmó que la justicia para Juan López –líder ambiental asesinado en septiembre de 2024 por denunciar la ilegalidad, arbitrariedad y corrupción detrás de la instalación del proyecto minero– pasa por obtener justicia para el Parque Nacional Carlos Escaleras.
«Denunciamos toda la intencionalidad del actual gobierno de lavarle la cara al alcalde Adán Fúnez, quien ha sido en reiteradas ocasiones denunciado por la confabulación con la empresa Inversiones Los Pinares. Adán Fúnez es una persona non grata en el municipio de Tocoa y no aceptamos que siga cometiendo todas estas ilegalidades y arbitrariedades en contra de las comunidades”, cerró Esquivel su participación.
En apoyo a la denuncia de Esquivel contra Adán Fúnez, se sumó Raúl Ramírez –integrante de la Plataforma Agraria y residente de una de las comunidades afectadas por el proyecto minero- quien acusó a Fúnez de continuar otorgando permisos que no están a su alcance como alcalde. Cerró la conferencia advirtiendo que pese a las amenazas y persecución continuarán exigiendo justicia, porque un medio ambiente sano es el futuro de las familias del Aguán.
