La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente invirtió la carga de prueba, al pedirle a la ciudadanía que se encargue de documentar lo que las instituciones del Estado tienen plenamente documentado, afirmó el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Carlo Jiménez
Tegucigalpa.- Integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), Colón, en el norte de Honduras, arribaron este lunes a la capital a presentar documentación que probarían las operaciones mineras al margen de la ley realizadas en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
La documentación también incluye la situación de depredación y contaminación producto del proyecto minero en dicha zona protegida y fue entregada, según informaron los defensores, por demanda del titular de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), Lucky Medina, quien les conminó a presentar en un período de 20 días hábiles las pruebas para sostener la oposición ciudadana a la licencia funcional a la planta peletizadora de óxido de hierro de Inversiones Ecotek, del Grupo Emco Holding.
A través de un comunicado, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes señaló que Ecotek inicialmente recibió una licencia ambiental operativa de cuatro meses en febrero de 2018, la cual posteriormente fue prorrogada por un año en junio de 2018, pese a que la ley sólo concede prórrogas por la mitad del tiempo de la licencia inicial.
Desde que venció por completo, en junio de 2019, Ecotek ha operado sin licencia ambiental alguna. Según la ley, los proyectos extractivos no pueden operar en Honduras sin una licencia ambiental, pero la Secretaría se ha negado a reaccionar, incumpliendo su obligación nacional e internacional de garantizar el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano para la población.
ESTADO INVIERTE CARGA DE PRUEBA A CIUDADANÍA, AFIRMA ABOGADO
El abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Carlo Jiménez, manifestó a Criterio.hn que se atendió el llamado del ministro de la Serna y a la vez se realizó la conferencia en las afueras de casa presidencial, para hacer un llamado de atención al gobierno. Esto porque “el Estado ha invertido la carga de la prueba en este caso, al pedirle a la ciudadanía que se encargue de documentar lo que las instituciones del Estado tienen plenamente documentado”.
Jiménez afirmó no entender porqué el secretario Medina solicitó a quienes integran el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes, que acrediten la contaminación en la zona protegida, así como la ausencia de licencias y permisos de operaciones cuando es precisamente a partir de expedientes de instituciones del Estado que se conoce que la empresa opera el proyecto en la ilegalidad.
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“Toda esta información ya estaba en manos de las instituciones, no tenía sentido que se le exigiera a los pobladores presentarla”, declaró el profesional del derecho. Cabe destacar que para entregar los expedientes, los pobladores tuvieron que recorrer unos 400 kilómetros desde la costa norte hasta la capital hondureña.
También es importante recordar que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente encabezó una gira interinstitucional para monitorear la situación de depredación y contaminación producto de la minería en el Parque Nacional Carlos Escaleras, en agosto del año pasado, de la cual aún no se han hecho público los hallazgos y tras la cual la Fiscalía de Ambiente confirmó daño ambiental en el área protegida.
“El ministro Lucky Medina les ha dado hasta hoy para presentar medios de prueba que demuestren que efectivamente la empresa está contaminando y dañando el río y el Parque Nacional Carlos Escaleras, lo cual es totalmente ilógico y no tiene ningún sentido puesto que ellos como ciudadanos han venido haciendo estas denuncias desde hace varios años. Desde 2015 están en este proceso y es precisamente la institucionalidad del Estado a quién le corresponde investigar y comprobar si en efecto se está o no, dando está contaminación, la cual además es evidente”, explicó Jiménez.
ESTADO FACILITÓ CRIMINALIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA POBLACIÓN
Y AHORA PIDE A LA MISMA SUSTENTAR DENUNCIA, DICE DEFENSOR
La integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Dalila Santiago, dijo a Criterio.hn: “Nos demuestra la incompetencia del gobierno, representado en el secretario de Serna. Es lamentable, porque en realidad no deberíamos ser los miembros de las comunidades quienes deben presentar pruebas. En todo caso hay una investigación y deben ser las autoridades correspondientes quienes deben de buscar estos medios de pruebas”.
El regidor de Tocoa y miembro del CMDBCPT, Juan López, manifestó que tienen la esperanza que la documentación solicitada por Serna sirva para evidenciar la ilegalidad, la corrupción y que haya un procedimiento administrativo correcto para frenar la contaminación del agua y la vida.
Sobre porqué las autoridades de la Serna piden a las y los afectados por la contaminación del proyecto minero pruebas sobre esta, López afirmó: “No podemos negar que estamos ante un Estado —no digo el gobierno— que facilita la criminalidad administrativa contra la población, contra la sociedad en general, y luego la normativa le dice que quien se siente agredido tiene que denunciar, pero se tiene que preparar con pruebas de que su denuncia está fehacientemente sustentada”.
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El integrante del CMDBCPT lamentó que el Estado fue el responsable de entregar las licencias ambientales en 2018, hoy vencidas, y ahora sean las y los afectados quienes deban demostrarle que se equivocó. “De oficio, la Fiscalía del Ambiente debió haber investigado eso, pero el Estado ha estado en manos de estructuras criminales, y claro no van a funcionar ninguna en favor de las comunidades”, concluyó.
Criterio.hn intentó conocer la versión oficial de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, a través de la oficina del titular de la Serna, Lucky Medina, no obstante al cierre de esta nota, el medio no recibió respuesta alguna.
RIESGO CONTRA DEFENSORES SE HA INCREMENTADO
El pasado sábado, 7 de enero, los defensores del río Guapinol y Parque Nacional Carlos Escaleras, Jairo Bonilla y Alí Domínguez fueron asesinados en la aldea La Concepción cuando retornaban a la comunidad de Guapinol.
El crimen ocurrió tras una escalada de violencia y campañas de desprestigio —según denunciaron por sectores ligados al Grupo Emco Holding— tras el acompañamiento que realizó el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, en la gira interinstitucional encabezada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) realizada en agosto del año pasado.
La integrante del CMDBCPT, Dalila Santiago, manifestó que tras el asesinato de los dos defensores la situación se volvió más compleja y el riesgo se ha incrementado considerablemente.
“Tenemos miedo —el miedo es muy natural—, pero a pesar de todos los hechos ocurridos, el asesinato de los dos ambientalistas, pues seguimos en pie de lucha y no descansaremos hasta ver liberado nuestro Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, y de igual forma los ríos Guapinol y San Pedro. Seguimos en pie de lucha y no descansaremos hasta que la empresa minera Inversiones Los Pinares se vaya de nuestro municipio”, aseguró.
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PINARES PIDE SE INVESTIGUEN ASESINATOS DE SUS COLABORADORES
Este lunes, coincidiendo con la conferencia de prensa de los defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras, el apoderado legal de Inversiones Los Pinares, Erick Spears, solicitó a las autoridades se investiguen los “atentados y muertes violentas” de diez de sus colaboradores en Tocoa.
Spears afirmó que la empresa desarrolla un proyecto de minería en Tocoa, Colón, donde dicen generar más de 800 empleos directos y que una vez inicie operaciones el megaproyecto brindarán 3 mil trabajos directos y 9 mil indirectos, “generando impuestos nacionales, municipales y fuentes de empleo” en Honduras.
Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, es parte del Grupo Emco Holding, que es presidido por Lenir Pérez, casado con Ana Facussé Madrid, hija del extinto empresario palmero, Miguel Facussé Barjum.
En una misiva dirigida al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, más de cien organizaciones y académicos manifestaron: “Numerosas pruebas señalan al padre de Miguel Mauricio [preside Corporación Dinant] y Ana Facussé, Miguel Facussé Barjum, como autor del asesinato de Carlos Escaleras en 1997”, detalla la misiva.
El área protegida lleva el nombre del fundador de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Carlos Escaleras Mejía, asesinado en 1997 en respuesta a su oposición a la construcción de una planta de procesamiento de aceite de palma financiada por el Banco Mundial. En dicha carta, se establece que el área donde hoy está instalada Ecotek, es la misma donde se pretendía construir la planta de procesamiento.
