En un evidente juego de sumisión y dependencia al poder, el expresidente, Porfirio Lobo Sosa, confesó a Criterio.hn que se reunió en su casa con Chinchilla en la que hablaron sobre el desfalco al Seguro Social, mientras un exdiputado nacionalista contó lo que supuestamente pidió Chinchilla para ser reelecto como fiscal general en el periodo de 2018-2023.
Tegucigalpa, Honduras. – Óscar Fernando Chinchilla, el único hondureño que ha logrado sentarse en la silla del fiscal general del Ministerio Público (MP) dos veces consecutivas y explotar el cargo para trabajar sujeto al poder, promoviendo, de esa manera, una hegemonía de impunidad y corrupción que duró casi una década, ya que este 31 de agosto de 2023 por mandato constitucional deberá abandonar la titularidad de la Fiscalía.
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Óscar Chinchilla tiene 51 años, es originario de Santa Rosa de Copán, ubicado en el extremo occidental de Honduras. Es abogado y notario público, en su carrera profesional se comenzó desempeñando como procurador privado y catedrático en la Universidad Católica de Honduras.
Actualmente, está casado con Catherine Chang Carías, lo que lo convirtió en yerno de Rigoberto Chang Castillo, líder y exdiputado del Partido Nacional. La esposa de Chinchilla ostentó el cargo de directora del Banco Central de Honduras (BCH) nombrada por el expresidente Juan Orlando Hernández y, de igual manera, fue titular del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), puesto que dejó en marzo de 2022, año que la presidenta Xiomara Castro la sustituyó por Belinda Martínez.
Desde 2003 hasta 2009, Chinchilla se desempeñó como magistrado en la Corte de Apelaciones con sede en Santa Rosa de Copán, para después ser nombrado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encabezando la Sala de lo Constitucional, en donde dio sus primeros pasos de complicidad con las cúpulas políticas.
Como parte de esos pactos, Chinchilla fue el único integrante de la Sala de lo Constitucional que sobrevivió al golpe técnico de la Sala de lo Constitucional, el 12 de diciembre de 2012, al votar en contra de la inconstitucionalidad de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) que luego, en junio de 2013, mutaron a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Esta postura fue el premio para que ese mismo año se convirtiera en fiscal general de la república con la ayuda de su amigo, Juan Orlando Hernández, quien en ese momento ocupaba la presidencia del Congreso Nacional y logró destituir a los cuatro magistrados que se opusieron a sus directrices.
Criterio.hn trató de comunicarse con Chinchilla para tener su postura sobre las acusaciones que se le han increpado en sus gestiones, sin embargo, el departamento de prensa de la Fiscalía, fiel a lo acostumbrado, respondió con un escueto “no está disponible”.
“Esta fue una muy mala administración o administraciones porque lo eligieron de manera ilegal en 2018. Su desempeño en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, corrupción y crimen organizado fue limitada o inexistente, es más, hasta lo han acusado de ser parte de esos grupos”, opinó el analista político Raúl Pineda Alvarado.
El 31 de agosto de 2013, tras varios intentos fallidos, el Congreso Nacional eligió a Óscar Fernando Chinchilla como fiscal general y a Rigoberto Cuéllar como adjunto. Chinchilla, militante del Partido Nacional y hasta ese día fungió como presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cuéllar, afín a los liberales, se desempeñó como ministro de Recursos Naturales y Ambiente.
“El primer periodo de Chinchilla pasó sin pena ni gloria, porque, ¿qué se le podía exigir? Si ya se sabía que era afín a un partido político que buscaba beneficios y evidentemente no podía rescatar al Ministerio Público de la mala administración que tuvo años atrás, en el tiempo de [Luis Alberto] Rubí y [Roy David] Urtecho”, valoró Alvarado, quien fue diputado nacionalista.
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Chinchilla llegó a la titularidad de la Fiscalía, luego que el Congreso Nacional en 2013, en ese entonces presidido por Juan Orlando Hernández, nombrara una comisión interventora que quitó del cargo de fiscal general a Luis Rubí y de fiscal adjunto a Roy Urtecho, tras encontrarles que estaban salpicados en varias irregularidades y que eran responsables de la comisión de varios delitos.
Aunque por hoy pueda ser todo lo contrario, el primer periodo de Chinchilla no fue tan precario como el segundo, ya que en ese primer proceso innovó la Fiscalía, creando, por ejemplo, la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), sacó a la luz algunos casos de corrupción, desarticuló bandas de narcotráfico y crimen organizado y, de alguna manera, trabajó con la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). Aunque todo en consonancia con los pactos que, en aquel entonces, se alcanzaron para lograr la “gobernabilidad” del Partido Nacional.
Luego de que tomara las riendas del Ministerio Público, en septiembre de 2013, ordenó que se investigara lo que en aquél entonces era una completa presunción: el mega desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y, de igual manera, ejecutó operaciones como Perseo, Terremoto, Estigia y Dignidad, en la que se logró capturar a grandes capos de la droga que hoy están privados de libertad en Estados Unidos.
Chinchilla logró, para ese entonces, gracias a una campaña orquestada por medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil y la embajada de Estados Unidos, convertirse en un fiscal aceptado, que pesaban más sus logros que las falencias cometidas en plena complicidad con los poderes del Estado manipulados por el Partido Nacional, a tal punto que el gobierno estadounidense solicitó su reelección, al igual que la sociedad civil, que lo nombró “el fiscal cinco estrellas”.
Y, con esa excusa se alcanzó el objetivo del plan que ya tenían trazado en mente los encargados de manipular los poderes del Estado, Chinchilla de manera ilegal, en 2018, fue reelecto por el Congreso Nacional, para ese entonces presidido por el nacionalista Mauricio Oliva, como fiscal general, dejando de lado el trabajo que realizó la Junta Proponente de aquél entonces, ya que no formó parte del proceso de selección que realizaron los proponentes.
La reelección de Chinchilla fue apoyada por la bancada del Partido Liberal, con la excusa de darle gobernabilidad al Partido Nacional. La única oposición fue la que emprendieron las bancadas de los partidos Libertad y Refundación, Partido Anticorrupción y Pinu-SD.
“La negociación política por la que él fue reelecto era para que su segunda gestión fuera inocua, inofensiva. Él [Chinchilla] negoció también, lo que pidió fue, al terminar el segundo periodo, lo integrarán como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, para obtener inmunidad diplomática por diez años”, contó Pineda Alvarado.
La reelección de Chinchilla fue ilegal porque violentó lo que dice el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la que menciona de manera literal “el fiscal general y adjunto que elija el Congreso Nacional saldrá de la nómina que envíe la Junta Proponente”. Esa normativa estipula que la elección se tendrá que llevar a cabo 30 días antes que venza el periodo de las actuales autoridades o treinta días después que se produzca la vacante definitiva [por renuncia, muerte o destitución, como pasó en 2013].
Una de las crisis más severas que enfrentó el Ministerio Público, bajo la tutela de Chinchilla fue en febrero de 2023, cuando los fiscales iniciaron un paro general de labores en exigencia de un reajuste salarial, lo que terminaron consiguiendo después de entablar varios diálogos.
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Lo anterior, para el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, era suficiente motivo para que Chinchilla fuera interpelado por el Congreso Nacional o, por decisión propia, desistiera del cargo.
“En cualquier país del mundo lo que pasó (crisis en el MP) es grave, él tenía que poner la renuncia porque fue incapaz de manejar situaciones como esas en el Ministerio Público y que pongan una persona adecuada (…) no se sabía dónde estaba, cuando tenía que encabezar las negociaciones y decirles: no hay dinero para los aumentos”, opinó Santos en declaraciones a medios de comunicación una vez superada la suspensión de labores en el MP.
“Él (Chinchilla) tenía que ser interpelado por el Congreso porque no actuó con la debida diligencia, ni en la crisis más reciente ni en las anteriores (…) lo que pasa que estamos acostumbrados a tantas cosas negativas que no vemos la gravedad de las crisis que dejó”, agregó.
Desde el Congreso presidido por Luis Redondo se habló de una supuesta interpelación tanto a Chinchilla como a al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rolando Argueta, ambos brazos fuertes de Juan Orlando Hernández, pero no avanzaron con el tema por falta de diálogos entre las bancadas.
En una escala de 1 a 10, Santos calificó la gestión de Chinchilla con un 5, argumentando que nunca estuvo a la altura de la fiscalía y se prestó para no pasar investigaciones en contra de políticos que se encargaron de saquear las arcas del Estado en la hegemonía nacionalista (2010-2022),
“En el Ministerio Público hay personas corruptas, como en otras instituciones, pero todavía se puede controlar llegando un fiscal general que maneje la institución como es debido y sea intolerante ante este tipo de actos”, valoró Santos.
Luis Javier Santos fue uno de los 26 abogados que se postuló al proceso de selección que realizó la Junta Proponente entre junio y julio de 2023, pero en la fase de entrevistas públicas fue excluido por los proponentes mediante una cuestionable valoración.
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TRABAJÓ SUJETO AL PODER
Chinchilla, en su primer año como fiscal general [2013], conoció el mega caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero en lugar de sacarlo a la luz pública, se lo contó al presidente de ese entonces Porfirio Lobo Sosa.
“Mire, escúcheme una cosa. Hay dos formas de operar: como lo hacíamos nosotros y como hizo Juan Orlando. ¿Me di cuenta lo del Seguro? Sí me di cuenta. El fiscal Chinchilla llegó a mi casa y me dijo: mire presidente, en ese tema del Seguro hay problemas profundos. Yo le dije: mire, abogado, usted siga su investigación y no importa quién diablos caiga y deduzca la responsabilidad. Eso fue en 2012 o 2013”, expuso Lobo Sosa a Criterio.hn.
Luego de las elecciones de 2013, Lobo Sosa dijo a medios de comunicación que conoció el caso de corrupción en el Seguro Social, pero que guardó silencio para no afectar el triunfo de su partido [Nacional] que, después de su gestión, [2010-2014] continuó por ocho años más en el poder bajo la conducción de Juan Orlando Hernández. Años después, Lobo Sosa dijo que su confesión fue una broma.
Durante la entrevista, el expresidente Lobo Sosa, dijo que su gobierno intervino al Seguro Social y se dio a conocer el caso, una vez que el fiscal Chinchilla le aseguró que todo “estaba bajo control” porque hacerlo antes podía implicar la pérdida de las evidencias.
Las confesiones de Lobo Sosa han desnudado la sumisión y dependencia de Óscar Chinchilla como fiscal general de la república, pues lejos de que el expresidente sostenga que le pidió dedujera las responsabilidades del caso, es cuestionable que llegara a su casa para hablar de procesos de investigación que, de manera directa o indirectamente, lo pudieron incriminar.
Para la exdirectora de Medicina Forense del Ministerio Público y actual subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, Chinchilla, con ese antecedente, incurrió en un delito relacionado a la violación de los deberes de los funcionarios, por el que hoy, en lugar de continuar en la titularidad de la Fiscalía, debería estar pagando una pena en la cárcel.
“Lo que Chinchilla hizo con el presidente Porfirio Lobo se llama omisión de los deberes de los funcionarios. Si yo soy fiscal y tengo esa información en mis manos, no tengo por qué preguntarle a alguien qué hacer, mucho menos a un presidente, ¿por qué lo hizo? Porque quería ‘mordida’, o simplemente cumplía con su cometido al estar en la fiscalía, que era manipular el poder a conveniencia de los políticos y por eso debe ser juzgado”, analizó Villanueva.
De acuerdo con el inciso 3 del artículo 349 del Código Penal, a Óscar Fernando Chinchilla se le podría levantar un requerimiento fiscal por violar su deber como funcionario, ya que retardó las acciones que tenía que ejecutar desde su cargo, en este caso como fiscal general de Honduras, al conocer el saqueo al IHSS.
Lo paradójico del caso, aunque Lobo alegó ignorancia, es que parte del dinero saqueado al Seguro Social, que ascendió a más de 7 mil millones de lempiras, fue para financiar la campaña proselitista de Juan Orlando Hernández, y el entonces designado presidencial Ricardo Álvarez.
Dicha información la ventiló, en 2014, el exfiscal Roberto Ramírez Aldana, quien confirmó que en 2012 y 2013 parte de ese dinero fue utilizado para financiar la campaña política de Hernández, del entonces designado presidencial Ricardo Álvarez y varios diputados, gracias a la creación de oenegés con las que se saqueó el Seguro Social.
Y el 4 de junio de 2015, el mismo Juan Orlando Hernández aseguró que parte de su campaña política fue financiada con el dinero del Seguro Social, pero justificó que él no tenía conocimiento de ello, por lo que no fue uno de los principales implicados.
“Mi partido me ha informado que la suma es de unos 147,783 dólares [unos 3,653,880 lempiras]. Fueron 10 cheques, pero yo no tengo nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Las investigaciones deben continuar caiga quien caiga”, confesó el exmandatario en aquél entonces.
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¿CHINCHILLA, ALIADO DEL NARCOTRÁFICO?
Después de su reelección ilegal, comenzaron a sonar más los rumores de cómo ocupaba la titularidad de la Fiscalía para proteger cárteles de la droga, en complicidad del expresidente Juan Orlando Hernández, que también logró reelegirse de manera fraudulenta en las elecciones generales de 2018 y hoy se encuentra privado de libertad en Estados Unidos, acusado por tráfico de drogas y armas.
En la acusación contra el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, que fue arrestado en Miami, Estados Unidos, en marzo de 2020, se explica cómo Juan Orlando Hernández en 2013 [presidente del Congreso en ese entonces] le pidió que no se preocupara por la ley o investigaciones, ya que habían colocado al fiscal Chinchilla para protegerlos a ellos y, de igual manera, la droga que circulaba por el país.
De acuerdo con la acusación, todo el sistema operador de justicia y seguridad hondureña estaba siendo manipulado, dando pasos de gigante en convertirse en un narcoestado -como lo cita el gobierno estadounidense-. Por ejemplo, el transporte de los cargamentos de droga era protegido por la misma policía, que en ese entonces era dirigida por Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, que también se encuentra privado de libertad en Estados Unidosa por tener vínculos con el narcotráfico.
Lo establecido en la acusación contra Geovanny Fuentes, que fue condenado en 2022 a cadena perpetua, también tuvo lugar en la del expresidente Juan Orlando Hernández, pero esta revela además que JOH -conocido así por las siglas de su nombre- recibió sobornos de este y otros narcotraficantes, a cambio de utilizar la Fiscalía liderada por Chinchilla para evitar investigaciones, arrestos y hasta la extradición.
En pocas palabras, Chinchilla fue una de las piezas claves que utilizó el clan de los Hernández, para protegerlos a ellos y a otros narcotraficantes de su línea. Pues desde el 2016 el Ministerio Público montó operativos como fue la Operación Cervero, Redada I, Redada II y Operación Volcán, con el objetivo de desarticular organizaciones de narcotráfico como lo eran los Valle Valle y Los Cachiros.
En ese entonces, un detective del Ministerio Público identificado como Josías contó al medio de comunicación Contracorriente que los narcotraficantes que arrestaban comenzaban a cuestionarles por qué no capturaban a los de la otra línea.
“Cuando usted va agarrando un narco, y este ve que no está tocando a otra estructura criminal, lo primero que le reclaman a uno, ¿verdad que a vos te mandó este? o ¿va que a vos te mandó aquél? Y yo inocente”, contó Josías y fue así como le comenzó a llegar información que vinculaba a Antonio “Tony” Hernández, hermano de JOH, en el mundo del narcotráfico.
“Tony” Hernández fue otra pieza clave en el gobierno de JOH, pues aprovechó el poder para promover, facilitar y aceptar millonarios sobornos a cambio de brindar seguridad, a través de la policía, e impunidad por parte de la Fiscalía de Chinchilla, el tráfico de drogas en Honduras. “Tony”, fue condenado, en marzo de 2021,a cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos.
Aunque el nombre de Óscar Fernando Chinchilla ha sido mencionado en cortes estadounidenses, en reiteradas ocasiones, él se ha limitado a tocar el tema en el país para defenderse, de alguna manera, viviendo prácticamente en el anonimato, observando cómo va en declive su carrera como fiscal general de Honduras.
“Por la no delegación de acciones contra el narcotráfico; por la pobre investigación que hizo en delitos contra la vida; por la impunidad en los femicidios, Chinchilla debe ser procesado aquí o en otra fiscalía”, consideró Villanueva, dejando entrever que Chinchilla también podría ser pedido en extradición por Estados Unidos.
Villanueva aseguró que es de conocimiento de las autoridades de Seguridad que, uno de los planes de Chinchilla, tras dejar el cargo en la fFscalía, es huir a Nicaragua, tal y como lo hizo Ebal Díaz, uno de los exfuncionarios del gobierno de Hernández.
“Que lo haga; que lo intente; que se vaya, igual la van a ir a traer, de la justicia nadie se escapa, a Ebal Díaz la justicia le llegará; todo tiene su momento y la promesa de la presidenta es castigar a los corruptos y ellos lo han sido con el pueblo hondureño”, advirtió Villanueva.
Ebal Díaz huyó de Honduras en enero de 2022, tras la asunción de la presidenta Xiomara Castro. Después de su huida, un mes después, el Ministerio anunció que lo estaba investigando por un presunto acto de corrupción ligado al caso de la “estafa de las casas contenedores”. El otrora mano derecha de Juan Orlando Hernández fue naturalizado ciudadano nicaragüense el 17 de junio de 2022, pero su solicitud fue autorizada desde noviembre de 2020.
En pocas palabras la Fiscalía de Chinchilla actuó tardíamente para evitar la captura de Díaz, quien además ha sido señalado en la Fiscalía de Nueva York por su presunta participación en el narcotráfico.
Algunos analistas consideran que una de las primeras tareas del nuevo fiscal general de Honduras, que estará durante el periodo 2023-2028, será abrir una investigación y levantar un requerimiento fiscal en contra de Óscar Fernando Chinchilla y la cúpula que trabajó de su lado en el Ministerio Público para promover corrupción, dejando de lado la impunidad también, por ejemplo, en los femicidios que hasta la fecha siguen sin resolverse al igual que las muertes violentas y criminalización de ambientalistas y defensores de los territorios.
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Fe de erratas: Por este medio Criterio.hn hace constar que en la publicación bajo el titular: Óscar Fernando Chinchilla: el único abogado que se sentó dos veces en la silla del fiscal general y trabajó sujeto al poder del 31 de agosto de 2023. Se cometió una imprecisión en la bajadilla: El expresidente, Porfirio Lobo Sosa, confesó a Criterio.hn que pidió a Chinchilla no ventilar el mega fraude al Seguro Social, mientras un exdiputado nacionalista contó lo que supuestamente pidió Chinchilla para ser reelecto como fiscal general en el periodo de 2018-2023.
Asimismo en la cita: “Recuerdo que Chinchilla llegó a mi casa en la capital y me dijo: mire, presidente, en el tema del Seguro hay problemas profundos (…) yo le dije: no lo saques a la luz ahorita porque estamos de cara a un proceso electoral y puede perjudicar el desarrollo (…), pero seguí con la investigación y no importa quién diablos esté implicado, hay que deducir las respectivas responsabilidades”, contó el expresidente Porfirio Lobo a Criterio.hn.
Lo correcto debe leer:
Bajadilla: En un evidente juego de sumisión y dependencia al poder, el expresidente, Porfirio Lobo Sosa, confesó a Criterio.hn que se reunió en su casa con Chinchilla en la que hablaron sobre el desfalco al Seguro Social, mientras un exdiputado nacionalista contó lo que supuestamente pidió Chinchilla para ser reelecto como fiscal general en el periodo de 2018-2023.
Cita: “Mire, escúcheme una cosa. Hay dos formas de operar: como lo hacíamos nosotros y como hizo Juan Orlando. ¿Me di cuenta lo del Seguro? Sí me di cuenta. El fiscal Chinchilla llegó a mi casa y me dijo: mire presidente, en ese tema del Seguro hay problemas profundos. Yo le dije: mire, abogado, usted siga su investigación y no importa quién diablos caiga y deduzca la responsabilidad. Eso fue en 2012 o 2013”, expuso Lobo Sosa a Criterio.hn.
Además, para poner en contexto, se hizo un agregado de los párrafos:
Chinchilla, en su primer año como fiscal general [2013], conoció el mega caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero en lugar de sacarlo a la luz pública, se lo contó al presidente de ese entonces Porfirio Lobo Sosa.
Luego de las elecciones de 2013, Lobo Sosa dijo a medios de comunicación que conoció el caso de corrupción en el Seguro Social, pero que guardó silencio para no afectar el triunfo de su partido [Nacional] que, después de su gestión, [2010-2014] continuó por ocho años más en el poder bajo la conducción de Juan Orlando Hernández. Años después, Lobo Sosa dijo que su confesión fue una broma.
Durante la entrevista, el expresidente Lobo Sosa, dijo que su gobierno intervino al Seguro Social y se dio a conocer el caso, una vez que el fiscal Chinchilla le aseguró que todo “estaba bajo control” porque hacerlo antes podía implicar la pérdida de las evidencias.
Las confesiones de Lobo Sosa han desnudado la sumisión y dependencia de Óscar Chinchilla como fiscal general de la república, pues lejos de que el expresidente sostenga que le pidió dedujera las responsabilidades del caso, es cuestionable que llegara a su casa para hablar de procesos de investigación que, de manera directa o indirectamente, lo pudieron incriminar.
Es importante mencionar que, aunque se hizo una mala interpretación de las declaraciones del expresidente Porfirio Lobo Sosa, se debe destacar que lo confesado por el exmandatario puso en evidencia una dinámica de sumisión, control y dependencia presidencialista en cargos tan importantes para combatir la corrupción y la impunidad como el del fiscal general de la república.
