Tegucigalpa, Honduras. -La elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, está en manos de las y los diputados, algunos de ellos con procesos judiciales abiertos y otros que han sido señalados por la justicia de haber cometido actos de corrupción.
Para varios especialistas en derecho consultados por Criterio.hn estos legisladores deberían abstenerse de votar en esta elección de segundo grado.
A pocas horas para que finalice la cuestionada administración del fiscal general, Óscar Chinchilla y del fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, evocó el artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional el cual señala que no pueden participar (diputados) en debates del pleno o de las comisiones a las que pertenezca, sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo.
La interpretación del jurista es que, las y los diputados que tienen investigaciones abiertas, juicios pendientes y que han sido señaladas en la Lista Engel “tienen prohibido participar en las sesiones para elegir a fiscal general, pues tienen un interés directo que genera un conflicto”.
Mejía no es el único con esta postura, ya que el exsecretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana, cree que las y los diputados investigados o imputados por el Ministerio Público no deben participar en la elección del fiscal general y del Fiscal Adjunto.
La aseveración del exfiscal de la República se apoya en, la antes mencionada, Ley Orgánica del Poder Legislativo.
De igual manera, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), recomendó a las y los congresistas que tengan procesos penales pendientes se abstengan de participar en la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, para evitar conflicto de intereses.
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POR ÉTICA DEBERÍAN ABSTENERSE
La abogada penalista y exsecretaria de Derechos Humanos, Ana Pineda, dijo a Criterio.hn que la ética elemental le aconseja a las y los diputados que tienen procesos judiciales pendientes mantenerse al margen de este proceso de elección de segundo grado.
Al igual que Mejía y Orellana, respaldó su aseveración en la Ley Orgánica del Congreso Nacional pues ahí se establece un catálogo de prohibiciones para los legisladores, y entre estas se encuentra que las y los diputados tienen prohibido participar en los debates del pleno o en las comisiones a las que pertenezcan, cuando tuvieren un interés directo para sí o para sus familiares directos dentro del grado legal.
Alex Navas, exmiembro de la MACCIH señaló que lo anterior es un tema relacionado con la ética legislativa, por lo que las y los diputado se deberían abstener de participar en algunas deliberaciones o votaciones que en donde exista interés manifiesto.
La aseveración del profesional del derecho llega a raíz que dentro del hemiciclo hay diputados que están vinculados a investigaciones por la supuesta comisión de actos de corrupción y otros que fueron investigados por lavado de activos. En ese sentido, señaló que varios legisladores “tienen un interés particular en quien quede como fiscal general y fiscal general adjunto”.
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DIPUTADOS SALPICADOS DE CORRUPCIÓN Y SEÑALADOS EN LA LISTA ENGEL
Son varios las y los congresistas que han sido salpicados en casos de corrupción, por ejemplos dentro de la bancada del Partido Nacional está el diputado del departamento de Cortés, Alberto Chedrani, quien fue acusado por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) al formar parte de una red de corrupción para malversar más de 18 millones de lempiras del Congreso Nacional.
También, la diputada nacionalista Gladis Aurora López, fue acusada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) por casos de corrupción y desviar fondos del erario público en el denominado Caso Pandora.
Sin embargo, el 14 de noviembre del 2022, la Corte de Apelaciones del Poder Judicial declaró “Ha Lugar” un recurso de apelación por concurrencia para beneficiar a varias personas imputadas en el caso Arca Abierta, en beneficio de Gladys Aurora López y otros excongresistas.
Es importante mencionar que el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano y el congresista, Antonio Rivera Callejas fueron acusados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) en el Caso Fe de Erratas.
Además, promovieron y votaron para la disolución de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
En el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) está el diputado por el departamento de Yoro, Bartolo Fuentes, a quien el Poder Judicial le dictó auto de formal procesamiento por el delito de violencia contra la mujer agravada en perjuicio de su compañera de bancada, Melbi Ortiz.
Otro que tiene cuentas pendientes con la justicia es el diputado del Partido Libre, Mauricio Rivera, ya que el 31 de julio un juez natural decidió enviarlo a juicio oral y público. El proceso que se sigue contra el legislador es por los delitos de perturbación del orden y daño agravado.
En 2022 el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la Lista Engel, en la que aparecieron los vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, quienes también se encuentran enfrentando la justicia.
Por el Partido Liberal, el congresista José Alfredo Saavedra, quien respaldó el golpe de Estado de 2009 contra el exmandatario, José Manuel Zelaya. En 2018 apoyó la reelección ilegal del fiscal, Óscar Fernando Chinchilla.
Por otro lado, el diputado Samuel García Salgado, figuró en la Lista Engel 2023 por haber socavado procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.
