Algunos perfiles que se han autopostulado ante la Junta Nominadora comienzan a levantar suspicacias
Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene la obligación de impedir que personas vinculadas al crimen organizado y actos de corrupción continúen en ese poder del Estado, de cara a la elección de los magistrados y las magistradas que se efectuará el 25 de enero de 2023.
Este lunes 31 de octubre, a las 11:59 de la noche, vence el plazo destinado a que abogadas y abogados presenten la documentación que los postule ante la Junta Nominadora, ello con el propósito de ser evaluados como posibles candidatas y candidatos a las magistraturas de la CSJ.
Sin embargo, como era de esperarse, dentro de los más de 100 autopostulantes que se habían contabilizado hasta este día, algunos de ellos han tenido implicación en actos reñidos con la ley. Tal es el caso de Mario Alejandro Calderón Maldonado, entre otros.
Calderón fue asesor legal del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y miembro de la junta directiva de Grupo Visión, una empresa que desfalcó al Infop y que estuvo asociada a David Chávez, actual presidente del Partido Nacional. Al igual que Calderón Maldonado, existen otros perfiles altamente cuestionables los que figuran dentro de las postulaciones que ha recibido la secretaría de la Junta Nominadora.
Asimismo, genera desesperanza la intención reeleccionista de algunos magistrados actuales de la Corte, algo que ha despertado en la ciudadanía el reclamo a la Junta Nominadora para que sea la encargada de que estas personas no figuren finalmente en la lista de 45 candidatas y candidatos que se enviará al Congreso de la República el 23 de enero de 2023, tomando como antecedente sus actuaciones durante el período 2016-2022 y, en algunos casos, la irregular forma en que una parte de ellos fueron seleccionados para los cargos que ostentan.
LEA: Instan a la ciudadanía a protestar contra un sistema donde impera la corrupción y la impunidad
INTENCIÓN EXPRESA DE MANTENER EL PODER EN LA CSJ
Para el dirigente de Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos, existe una intención expresa de grupos del crimen organizado, narcotráfico, y grupos subterráneos de poder, interesados en continuar manteniendo sus tentáculos a lo interno de la Corte Suprema de Justicia.
“Son evidentes las acciones de estos grupos, que se volvieron grupos fácticos, pero no solo de crimen organizado y narcotráfico, pero también de la banca, que está también bastante enconada a este tema y que evidentemente está moviendo todas sus fuerzas para tener un control de la Corte Suprema de Justicia, quienes han sido también en los últimos treinta años los dueños de ese poder del Estado”, consideró en entrevista con Criterio.hn.
No es desconocido por nadie que, históricamente, los grupos de poder fáctico y los grupos de poder político han movido piezas para empañar los procesos, tanto de nominación como de elección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Así ocurrió en 2015-2016, por ejemplo, cuando el pleno se conformó después de varios intentos de votación efectuados por primera vez en distintos días, llegándose a pagar, según diputados de la entonces oposición, sumas cercanas al millón de dólares con el propósito de conseguir que candidatos, afines a estos grupos, finalmente llegaran a la Corte.
De la actual Corte Suprema de Justicia, ha informado Criterio.hn, existen siete magistrados que están buscando su reelección, presentando sus autopostulaciones ante la Junta Nominadora, incluido entre ellos el actual presidente de la CSJ, Rolando Argueta, una persona bastante cercana al expresidente Juan Orlando Hernández, ahora procesado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
INSTITUCIONES DÉBILES
A criterio del abogado criminalista, Gonzalo Sánchez, la debilidad de las instituciones continúa propiciando que el crimen organizado, a través del poder económico e incluso la violencia, manchen procesos tan importantes como la elección de las personas que administran e imparten la justicia al más alto nivel durante siete años.
“Para mantener su influencia en el Poder Judicial, esta gente usa el mucho dinero y actúa con él, o bajo amenazas, entonces por todos los medios ellos intentarán continuar penetrando la Corte Suprema de Justicia, para encubrir el desarrollo de sus actividades con toda la impunidad. Yo creo que es voluntad política erradicar esa penetración del crimen organizado, el problema es que los diputados son quienes eligen a los magistrados, y muchos de ellos responden a los mismos intereses, entonces ese contexto se presta mucho al pago de favores”, dijo Sánchez a este medio digital.
Puede interesarle: Policía aún no captura a segundo implicado en la desaparición de Belkis Molina
El 25 de enero de 2023, las diputadas y los diputados elegirán a las 15 personas que integrarán el pleno de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia entre 2023 y 2030, una elección que ha generado altas expectativas en la ciudadanía hondureña, sobre todo desde que el 19 de julio, en el Congreso de la República, se aprobó una ley que modificó los mecanismos de evaluación de los postulantes, brindando mayor transparencia al proceso.
Sin embargo, continúa existiendo un alto nivel de escepticismo, sobre todo por los antecedentes en donde grupos de poder económico, político o criminal hacen todo por colocar piezas afines a sus intereses entre las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, durante un Twitter Spaces organizado por Criterio.hn el 21 de septiembre de 2022, expresó que si la Junta Nominadora y el Congreso no actúa en favor de los intereses de la ciudadanía, “se habrá perdido una gran oportunidad para transformar el sistema de justicia”.
