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El reto de Bukele

Las declaraciones de la embajadora Dogu

Por: Rodil Rivera Rodil

Las declaraciones de la señora embajadora de los Estados Unidos criticando algunas decisiones de la presidenta Castro, entre ellas, la derogación de la normativa que permitía la instalación de las ZEDES, la privatización de la ENEE y la ley del empleo por hora, han dado alas al sector ultraconservador de la empresa privada, principalmente de la energía y de los medios de comunicación, al Partido Nacional y a la iglesia católica para arreciar la campaña que han desencadenado con la clara finalidad de desestabilizar su gobierno.

En la postura de la diplomática encuentro algo incomprensible, pues las leyes derogadas, aparte de ser abiertamente inconstitucionales, no eran otra cosa que una cruda muestra del neoliberalismo que impera en nuestro país. Veamos.

Las llamadas “zonas especiales de desarrollo” (ZEDES) que nos impuso el ex presidente Hernández mediante sospechosas negociaciones con inversionistas extranjeros y una amañada reforma constitucional, no son iguales, en lo más mínimo, a las que existen en otras partes, como arguyen sus defensores. Basta echar una rápida ojeada a la ley que las regula para comprobar que estas son únicas en el mundo, puesto que, en realidad, son porciones de nuestro territorio sustraídas a la soberanía nacional para implantar en ellas un modelo neoliberal llevado a su máxima expresión, en las que la voluntad omnímoda de sus propietarios es la única ley y no la de nuestro país. Es decir, en donde, parodiando la frase atribuida a Luis XIV, “el Estado son ellos”, tal como lo reconoce, franca o ingenuamente, su propio secretario técnico y abogado con esta perla jurídico constitucional que dio a conocer en una entrevista:

“La reforma constitucional trajo consigo una mayor y mejor descentralización, se creó con las Zedes una nueva división territorial en Honduras después de los departamentos y los municipios, con una más perfeccionada autonomía que estos últimos, que permite que los propietarios de ellas puedan emitir sus propias leyes para regular su funcionamiento”.

La ENEE, por su parte, siempre ha sido, desde su creación en 1957, una institución pública, no privada. En 1994, por la crisis energética que se produjo en ese año, el gobierno del licenciado Rafael Leonardo Callejas, como medida de alivio estrictamente temporal, suscribió los primeros contratos para el suministro de energía térmica con dos compañías privadas. Desde entonces, los empresarios que se dedican a este rubro han estado presionando por su privatización, y mientras lo lograban, valiéndose de convenios de dudosa transparencia han vendido la electricidad que producen a la población, y a la misma empresa privada, a precios tan elevados que hoy los ha convertido en dueños de una obscena riqueza, como alguien la calificó, por la cual, según el World Ultra Wealth Report, en el 2013 ocupaban el segundo lugar en Centroamérica después de Guatemala y el doceavo en toda América Latina, con 215 multimillonarios hondureños cuya fortuna alcanzaba en conjunto los ¡30.000 millones de dólares!

Y en cuanto a la ley del empleo por hora, la misma constituye una deformación de nuestro régimen laboral y violenta la estabilidad consagrada en la Constitución de la República. Y nunca fue cierto, como la misma exigía, que serviría para generar empleos que solo podían crearse bajo esta modalidad, con muy raras excepciones, por lo que tampoco ha  ocurrido, como aseveraban los “expertos” del COHEP, que en cuanto se derogara iban a ser despedidos centenares de miles de trabajadores. Neoliberal hasta la médula, dicha ley puso en evidencia la increíble insensibilidad de algunos de nuestros líderes empresariales, a quienes no les importa la permanente angustia que provoca en los trabajadores saber que en cualquier momento pueden quedarse sin su medio de vida. Y los que, por si fuera poco, inmediatamente de aprobada la ley dejaron de ser sujetos de crédito para los bancos, o únicamente podían serlo si acompañaban garantías hipotecarias o prendarias, o dos o más avales especialmente calificados.

Las leyes, por tanto, que la presidenta Castro ha abrogado no solamente atropellaban la Constitución y eran injustas a más no poder, sino que eran profundamente neoliberales, pues convertían el territorio nacional, el servicio público de energía eléctrica y el derecho al trabajo de los hondureños en meras mercancías, de esas que se exhiben en cualquier tienda. Y todo porque las élites criollas no están satisfechas con las desmedidas exoneraciones tributarias que han conseguido con su contubernio con el ex presidente Juan Orlando Hernández y con otros mandatarios igualmente complacientes, sin contar la enorme evasión fiscal con la que han atracado las arcas nacionales desde tiempos inmemoriales.

Pero, llegados a este punto, el lector seguramente se preguntará a qué me refería cuando antes dije que había algo inexplicable en las declaraciones de la señora embajadora. Muy simple, porque al defender el neoliberalismo en Honduras está contradiciendo totalmente la posición claramente anti neoliberal que con bombo y platillo ha proclamado su máximo jefe, el presidente Joe Biden. Para demostrarlo, me permito transcribir una cita de la prensa internacional sobre el particular que resume a cabalidad su reprobación a este perverso modelo económico:

El presidente estadounidense, Joe Biden, criticó las políticas neoliberales que llevaron a Estados Unidos al colapso financiero del 2008 y llamó a cambiar el  modelo económico por uno más inclusivo, justo y solidario en su primer discurso como presidente ante las dos cámaras del Congreso. «El efecto derrame en la economía nunca funcionó. Es tiempo de hacer crecer la economía desde abajo y el medio», señaló, en el tradicional mensaje del Estado de la Unión. «La clase media construyó este país y los sindicatos ayudaron a construir la clase media. «Ya es hora de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son el uno por ciento de la población, paguen su parte justa de impuestos,» señaló el presidente estadounidense.

«Solo la parte justa», reiteró Biden en su discurso, en el que señaló que las fortunas y las grandes empresas tienen que ayudar pagando con sus impuestos las inversiones públicas que su gobierno se propone acometer. Biden señaló que un reciente estudio asegura que el 55 por ciento de las grandes empresas pagó cero impuestos federales el año pasado, y lograron 40.000 millones de dólares en beneficios, mientras que muchas evadieron impuestos o se acogieron a beneficios y deducciones por emplear a sus trabajadores en otros países. «Y eso no está bien», denunció.

He aquí, estimado lector, la verdadera razón por la que algunos grandes empresarios la han arremetido contra la presidenta Castro. Los ataques del Partido Nacional se explican porque a su actual dirigencia le urge desviar la atención sobre su maridaje con el ex mandatario Hernández, sobre todo ahora que el juicio en Nueva York contra él volverá muy pronto a ser noticia de primera plana. Y con respecto al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de la iglesia católica, me comentaba un amigo historiador que, desde la salida del obispo Garachana, el cardenal y el Opus Dei han recuperado su visión de ultra derecha y retornado a sus andanzas golpistas.

Pero, ¿por qué la señora embajadora rompe lanzas con tantos bríos por el neoliberalismo hondureño si su presidente lo condena tan duramente en su propia nación? Será porque somos un país pequeño y pobre de solemnidad, y entonces, qué importa. O solo porque la presidenta Castro no asistió a la Cumbre de Las Américas. ¡Por favor!

Tegucigalpa, 1 de noviembre de 2022.

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