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Antorchas contra la reelección

Instan a la ciudadanía a protestar contra un sistema donde impera la corrupción y la impunidad

La ciudadanía tiene la obligación de volver a las calles y exigir las condiciones que den inicio al fin de un sistema donde se fomenta la corrupción y la impunidad

Tegucigalpa, Honduras.- La sociedad civil tiene el reto de salir a las calles y exigir el final de un sistema donde impera la corrupción y la impunidad, ello como una medida de presión para la actual clase política, que tiene en sus manos la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y la llegada de una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) a Honduras.

Honduras es un país con altos índices de corrupción e impunidad, por lo que ambos escenarios son de alta trascendencia. El primero de ellos podría significar la transformación del sistema de administración e impartición de justicia, mientras que el segundo, mediante la colaboración de un organismo internacional como las Naciones Unidas, serviría como un respaldo para la institucionalidad en el combate a la corrupción y la impunidad.

A pesar de lo anterior, ambos caminos parecen difíciles de transitar, sobre todo ante una palpable falta de voluntad política, más notoria por parte del Congreso, por emprender una auténtica lucha frontal contra la corrupción y la impunidad en el país. La aprobación y vigencia de varias leyes que conforman pactos de impunidad, como el decreto 116-2019 entre otros, hacen que la impartición de justicia se vea seriamente atascada.

Sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia que ejercerá funciones entre 2023 y 2030, diversos sectores han asegurado que, aunque el sistema de nominación de candidatas y candidatos ha sufrido modificaciones positivas, existe un interés expreso de diversos grupos por mantener secuestrado la operación de la justicia por la corrupción y el crimen organizado.

EVITAR QUE SE PERPETÚE LA CORRUPCIÓN

Por ello, gran parte de la responsabilidad realmente recaerá en la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, una institución ad hoc que, a más tardar el 2023, tendrá que enviar al Legislativo un listado con no menos de 45 candidatas y candidatos a integrar el pleno de magistradas y magistrados de la Corte. El listado, han reiterado diversos expertos, debe excluir a abogadas y abogados que les caracterizan actos reñidos con la ley.

Ellos y ellas son las personas en que recae escoger a los 45 nominados a ser magistrados de la nueva Corte Suprema

Con no menos de 86 votos, la elección de esos 15 altos funcionarios la realizarán los 128 diputados, sobre lo cual existe bastante expectativa, específicamente debido al antecedente del proceso de 2015-2016, cuando la injerencia de grupos ocultos de poder se vio evidenciada en una manchada selección de los actuales profesionales del derecho que ocupan esas magistraturas.

Otro escenario que ha estado generando desaliento en la población son las aspiraciones reeleccionistas de varios de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este lunes 31 de octubre, a las 11:59 de la noche, vence el plazo para que abogadas y abogados presenten sus postulaciones, entre los cuales hay varios actuales magistrados, cuyas actuaciones al mando del sistema de justicia han despertado cualquier cantidad de críticas.

Entérese: Rolando Argueta y otros seis magistrados buscarán reelegirse en la Corte

En primicia, Criterio.hn informó que siete actuales magistrados y magistradas están aspirando y hoy se ha confirmado que el único que todavía no ha presentado su postulación es el presidente del Judicial, Rolando Argueta, pero todo apunta a que lo realizará al filo del término de recepción de documentos.

El exjefe de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, refirió en las últimas horas que “Vergüenza deberían tener los que se postulan y son parte de la podrida justicia en el país (…) Hay otros que están esperando el minuto 90 para presentar papeles. No permitamos que secuestren nuevamente la CSJ”.

LA CICIH

Otro de los retos que tiene la ciudadanía hondureña está relacionado con la eventual llegada de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) a Honduras, cuyo memorando de entendimiento, que daría paso a la primera fase del proceso, todavía no ha sido firmado entre el Gobierno y las Naciones Unidas.  

A pesar de ello, la semana anterior, el canciller Enrique Reina informó que tienen en sus manos la respuesta de las Naciones Unidas a su última contrapropuesta, mientras que la coordinadora residente de ese organismo en el país, Alice Shackelford, ha enfatizado que tienen las esperanzas puestas en que esa actualización del borrador sea la que se firme entre ambas partes.

Lea: Gobierno tiene en sus manos respuesta de la ONU a su última contrapropuesta con miras a la CICIH

La CICI ha sido el clamor de la ciudadanía desde 2015, específicamente de parte de distintos colectivos de la sociedad civil, que protagonizaron en ese entonces un estallido que alentó masivas movilizaciones, exigiendo justicia por el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), orquestado por lideres del Partido Nacional y directores del IHSS durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), quien incluso aseguró que tenía conocimiento de ello, pero que con el fin de no estropear el proceso electoral de 2013, que hizo presidente a su correligionario Juan Orlando Hernández (2014-2022), no se pronunció públicamente.

El pueblo hondureño lleva mas de 8 años pidiendo una CICIH

El propio Hernández admitió que fondos del IHSS fueron destinados al financiamiento de campañas de su partido político durante las elecciones primarias de 2012 y las elecciones generales de 2013. Las declaraciones del exgobernante, ahora procesado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, generaron furia en un importante sector de la población, que cada viernes salía a las calles para exigir la instalación de una CICI en el país, similar a la que se había dado en Guatemala y que había evidenciado implicaciones en actos de corrupción por parte del expresidente, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, en el caso de fraude conocido como La Línea.

Aunque el propósito de que se instalara una CICI en Honduras no se cumplió, el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) suscribieron el 19 de enero de 2016 un convenio para instalar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), un ente que, aunque actuó con limitaciones, llegó a sacudir algunas estructuras corruptas del poder, sin embargo, cuando el gobierno anterior sintió presión, sobre todo hacia varios de sus diputados y ministros salpicados en corrupción, el convenio no se renovó y el organismo apenas duró cuatro años.

Una de las banderas de la presidenta Xiomara Castro ha sido la instalación de la CICI, cuyo proceso está abierto, aunque algunas personas han instado al Gobierno a que agilicen su llegada. Sin embargo, el escenario es muy distinto, aunque las motivaciones de fondo continúan siendo las mismas: desmantelar un sistema en donde impera la corrupción y la impunidad.

UNA LUCHA QUE NO ES FÁCIL

No obstante, la efervescencia de 2015 no es la misma que en la actualidad, y ello podría estar generando un cierto grado de acomodamiento por parte de la clase política, que es la única que tiene la responsabilidad de cimentar las condiciones que den vida al mecanismo anticorrupción. Así lo ha explicado recientemente el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos.

Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción

“Si la Sociedad Civil no despierta y sale del confort en que se encuentra a pedir en las calles el establecimiento de una Misión Internacional, difícilmente vendrá una CICIH, difícilmente se derogara «Pacto de impunidad», los casos más grandes quedaran en el olvido e impunidad”, expresó.

Sin embargo, a criterio del sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Marco Tinoco, el problema radica en que la ciudadanía solo protesta conta la corrupción durante episodios concretos, como el caso del IHSS, pero no lo hacen, en sí, contra un sistema que intrínsecamente es corrupto.

“A veces se tiende a responsabilizar a las personas que no protestan o exigen un cese de la corrupción, pero el problema está en el sistema educativo básico nuestro, a los niños y a los jóvenes no se les enseña acerca de cómo funciona el Estado y de las consecuencias que tiene la corrupción en la sociedad. Creo que ahí debería estar la clave en enseñar acerca de los daños que producen estas actividades”, explicó a Criterio.hn el coordinador de Sociología de la UNAH.

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Periodista CriterioHN

Me gusta esculcar en los portales de transparencia y, con base en información pública, realizar periodismo de datos. Siempre releo mis textos y me pregunto qué opinan los lectores acerca de mi trabajo. Si me preguntasen cómo definir nuestra labor, respondería que los periodistas tenemos la obligación de visibilizar lo que otros pretenden ocultar, y que para eso estoy acá.

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