Instituciones persecutoras del delito boicotean investigaciones de crímenes en Honduras

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Redacción: Viena Hernández

Tegucigalpa. –  Diversos sectores de la población cuestionan la extinta justicia y la imperiosa impunidad que prevalece en Honduras ante tantos casos de los que nunca se termina de conocer el desenlace de las investigaciones, dejando a los responsables en libertad para continuar con sus crímenes.

Este tipo de comportamientos son más acentuados en los casos de alto impacto, porque son conocidos a nivel nacional y se abordan en los distintos medios de comunicación, con la intención, en algunos casos, de manipular a la opinión pública.

Casos como el del asesinato del barrista Wilmer Pérez en San Pedro Sula, Cortés o el de la desaparición de Angie Peña en West Bay, Roatán Islas de la Bahía, han quedado en otra noticia que llena los espacios en los medios de comunicación.

Pero son las respuestas las que esperan los familiares y la ciudadanía consciente quienes, en su mayoría, cuestionan la negligencia y el entorpecimiento de los casos por las mismas autoridades de justicia y de investigación.

El criminólogo, Nery Ordoñez, explicó a Criterio.hn que existen varios parámetros en la investigación de los casos y precisó que la parte técnica y jurídica le competen a la Fiscalía, siendo esta entidad la que ordena a Medicina Forense para proporcionar los dictámenes correspondientes.

La forma irresponsable de llevar los casos fue nuevamente evidente, pues luego del asesinato de Wilson Ariel Pérez Hernández una serie de irregularidades y obstáculos han sido la mayor controversia.

Como parte del debatido caso el Ministerio Público (MP) negó la entrega de los resultados de la autopsia del joven de 21 años a los entes de derechos humanos, entre estos a la misma Secretaría de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev).

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Desde un principio el crimen se desarrolló con anomalías, pues según la versión de la Policía Nacional, Pérez era integrante la Mara Salvatrucha (MS-13) y fue abatido a disparos en un aparente enfrentamiento contra los agentes de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), pero sus familiares niegan esa versión.

Ordoñez apuntó que existe temor por parte de fiscales y jueces al momento de facilitar información porque podrían ser procesados de manera judicial, sin embargo, apuntó que sí existen casos que se desarrollan de forma negligente.

El joven originario del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, zona norte de Honduras, fue asesinado la tarde del martes 31 de mayo. Según la versión de su familia fue interceptado por agentes de la Policía mientras intentaba entregarse a las autoridades, debido al temor por su vida, producto de la persecución que sufrió.

En entrevista para Criterio.hn, la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, contó que estuvo en la Dirección de Medicina Legal de la regional en San Pedro Sula, donde las organizaciones antes mencionadas solicitaron la información.

En efecto no les fue entregada, entonces el MNP-Conaprev interpeló, pero la respuesta fue que no era permitido debido a órdenes superiores.

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“En principio nos dijeron que había órdenes y eso nos lo han manifestado en diversos espacios del Ministerio Público, que hay desautorizaciones para no liberar información de manera efectiva”, expresó Roque.

De tal forma, comentó que entienden que hay investigaciones que deben llevarse con ciertos niveles de secretividad, pero que el informe de la autopsia estaba listo como información preliminar, pero la entrega de los resultados solicitados quedó a criterio del fiscal que conoce el caso, quien recibe órdenes de la coordinación de fiscales y del cuestionado Fiscal General, Óscar Chinchilla.

Este medio digital, preguntó a Roque si el caso de Wilson Pérez podría ser otro más donde jamás llega la justicia, al igual que el de Keyla Martínez ocurrido en 2021 y el de la líder transgénero Vicky Hernández suscitado el 28 de junio de 2009. En ambos casos, pese a existir fuertes indicios de la participación de agentes policiales, no existe castigo alguno contra los responsables.

Según apuntó Roque, no cree que se esté frente a la misma situación, pues señaló que existe en este momento otro gobierno y que “el Poder Ejecutivo tiene jerarquía sobre el ministerio de Seguridad y la Policía Nacional, ahora mismo sí tenemos una capacidad de incidencia directa”.

Pérez pasó de ser victimario por agredir a una policía durante un partido de fútbol a víctima de la persecución que se instauró en su contra y que concluyó con su muerte violenta, catalogada como un homicidio por la vicesecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva y el exdirector de Medicina Forense, Denis Castro Bobadilla.

El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, en conversación con Criterio.hn, expresó que “hay un grave problema en el sistema de seguridad y justicia en Honduras porque la impunidad alcanza más allá del 90%, es decir, de cada 10 delitos apenas uno se investiga, se judicializa y se sanciona a la persona responsable”.

Lo anterior, ha provocado que Honduras ocupe el primer lugar en impunidad en Latinoamérica, de acuerdo al Índice Global de Impunidad. A su vez, apuntó que el verdadero problema está en los casos que no son de alto impacto, pues son la mayoría y quedan en total impunidad y completamente invisibilizados.

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NEGLIGENCIA DE AUTORIDADES EN CASO DE ANGIE PEÑA

El otro caso que ha generado especulaciones es el de Angie Peña de 21 años, en el que una vez más, la especulación nació debido a la falta de investigación profunda y en lugar de haber un trabajo en conjunto con entidades de derechos humanos, de investigación, de seguridad y de justicia, estas se contradicen entre ellas.

El caso de Angie Peña estuvo silenciado en las últimas semanas, pero ha vuelto a la palestra pública con refutaciones en lugar de respuestas.

“Muchos procedimientos se han vuelto engorrosos e inadecuados, encontramos una problemática en los procesos de investigación, pero quien tiene la tutela de ese proceso es el Fiscal”, expresó el especialista en temas criminalísticos, Nery Ordoñez.

El Ministerio Público contradijo a la titular de la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas (Cicesct), Sua Martínez, quien sostuvo que Angie fue raptada y podría estar siendo víctima de explotación sexual en otro país, pues el cuestionado ente de justicia afirmó que no pueden asegurar que la joven esté con vida.

La directora de Cicesct expresó que Peña está con vida y que, junto a la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, y los familiares cuentan con pruebas para respaldar dicha teoría.

Como el Ministerio Público, pero a pesar que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) no es una entidad de investigación, optó por acompañar esa teoría, al insistir que Peña falleció en un accidente en el mar, aunque se haya encontrado durante operativos en Belice la moto acuática, una llave y un chaleco que la joven habría utilizado.

Invisibilizar los casos provoca un patrón en el sistema de seguridad y justicia, en el sentido que no se investiga, no se judicializa y no se sanciona a los responsables de delitos, faltando a la responsabilidad que tienen los entes de investigación del Estado, como ser la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el Ministerio Público y el mismo Poder Judicial, resaltó Joaquín Mejía, especialista en derechos humanos.

Ha transcurrido más de un mes desde la muerte de Wilson Pérez y seis desde la desaparición de Angie Peña, pero hasta este día no hay novedades satisfactorias de lo realmente ocurrido.

En junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estimó una tasa de impunidad del 90 por ciento para los delitos cometidos contra defensores de derechos humanos en Honduras, de igual forma, apuntaron que reciben información sobre frecuentes amenazas de demandas y procesamientos, incluso por calumnias e injurias, lo cual obstaculiza el trabajo de derechos humanos en Honduras.

La ONG Human Rights Watch (HRW) indicó en un informe de enero de 2022, que las instituciones estatales débiles y los abusos de las fuerzas de seguridad han contribuido a la perseverancia de la violencia de las pandillas y, además, señaló que existen reiteradas denuncias de colusión entre las fuerzas de seguridad y las bandas criminales.

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