Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- El Estado pasó de garantizar el manejo de bienes estratégicos a vigilar que las comunidades no se mantengan en oposición a la industria extractiva, afirmó el investigador del Equipo de Reflexión e Investigación y Comunicación (ERIC), Joaquín Mejía Rivera.
La declaración se desprende de la entrevista en la que participó el doctor en derechos humanos, junto a la lideresa del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Juana Zúniga, para la organización Cadena Derechos Humanos en Honduras (Cadeho), con sede en Berlín, sobre el conflicto de Guapinol durante la gira de los defensores por Alemania.
El investigador de derechos humanos planteó que existe una cultura extractivista muy fuerte en toda América Latina y Honduras no es la excepción, profundizándose con el golpe de Estado en 2009.
“El Estado ahora ya no es el que se encarga de garantizar que unos bienes estratégicos para el país sean manejados por el Estado. Sino que se encarga de vigilar que las comunidades no se mantengan en oposición frente a esta industria extractiva”, manifestó el también coordinador adjunto del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos.
Mejía recordó que a partir de la década de los 90, los programas de ajuste estructural y la caída del muro de Berlín, se planteó al capitalismo y neoliberalismo como la única manera de desarrollar a los países. Con lo cual comenzaron a privatizarse los bienes públicos que hasta ese momento eran considerados estratégicos por los Estados, como energía y bienes naturales.
PATRÓN DE VIOLENCIA EJERCIDO CONTRA COMUNIDADES QUE SE OPONEN AL EXTRACTIVISMO
En la entrevista, el investigador en DD. HH. identificó cinco niveles del patrón de violencia ejercido contra las comunidades que se oponen a los proyectos extractivos y las personas defensoras del ambiente, como ocurrió con la comunidad de Guapinol.
El primer paso es la creación del enemigo, afirmando que quienes se oponen al proyecto extractivista no quieren salir de la pobreza y que son comunistas, con medios de comunicación como amplificadores del mensaje. A esto siguen amenazas y hostigamiento para que las comunidades dejen las luchas.
Un tercer elemento de ese patrón es la represión por parte de guardias privados de seguridad en connivencia con el ejército y la policía. Cuando esto falla se utilizan figuras ambiguas dentro del derecho penal para acusar o para criminalizar la oposición comunitaria a este tipo de proyectos.
Cuando los puntos descritos anteriormente fallan -o no son suficientes- se pasa al quinto y último punto, la eliminación física. “Como ha pasado con algunos compas de Guapinol, Tolupanes, Garífunas, Berta Cáceres, Margarita Murillo, y ese es un patrón que no ha terminado, es un patrón que sigue vigente”, declaró el investigador en derechos humanos.
Para Mejía Rivera, romper este patrón de violencia contra las comunidades que se oponen al extractivismo “se requiere acciones concretas, más allá de declaraciones”.
Noticia relacionada: Doble discurso de nuevo gobierno eleva riesgo a defensores del territorio y ambiente en Honduras
También compartió que el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) identifica a Honduras como el país con la mayor cantidad de casos de uso abusivo y arbitrario de acciones judiciales por parte de empresas y gobiernos para aplacar las demandas ciudadanas y comunitarias frente a este tipo de proyectos.
El investigador de DD. HH. compartió: “No cabe duda que este tipo de empresarios, que tienen una trayectoria de violencias a quienes se oponen a proyectos y que han vivido además detrás de la ilegalidad, tienen una responsabilidad grandísima. Pero también tienen una responsabilidad grandísima los bancos y las empresas públicas y privadas de países como Alemania, que contratan con este tipo de empresarios, que tienen una responsabilidad clara, directa en relación con violaciones a derechos humanos.
El nuevo aeropuerto internacional de Palmerola es manejado por una subsidiaria de EMCO Holding y el Aeropuerto Internacional de Munich, como socio estratégico. EMCO Holding es casa matriz de Inversiones Los Pinares, la empresa minera en medio del conflicto por la imposición del proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
AMENAZA CONTRA DEFENSORES DE GUAPINOL SIGUE
En la entrevista, la defensora ambiental, Juana Zúniga, señaló que los defensores de Guapinol recientemente juzgados por el Tribunal de Trujillo continúan sin recibir cartas de libertad definitivas, algo que consideran peligroso porque el caso podría reabrirse por presiones de la empresa involucrada.
Zúniga contó en la entrevista cómo de un día a otro, el río Guapinol amaneció con excesiva sedimentación debido a la apertura de calle que la empresa Inversiones Los Pinares realizó en el sitio donde van a explotar la minería a cielo abierto, la cual se encuentra en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Relató que este río abastece a las tres mil personas que habitan su comunidad, “fue lamentable no poder utilizar el agua ni para consumo humano ni para darle a nuestros animales”.
La lideresa ambiental deploró la persecución que se ejerce contra quienes luchan por un bien natural y que aman tanto su comunidad que están dispuestos a dar su vida por la lucha de conservación de los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Carlos Escaleras.
