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Honduras: Muerte, represión y desaparecidos deja confinamiento en pueblos indígenas y negros

Indígenas Negros Honduras

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Por: Signy Fiallos

Edición: Emy Padilla

Ilustración: Reynaldo Raudales

Gráficos: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. –Desapariciones forzadas, destrucción ambiental, mayor represión policial y militar y aumento de la desnutrición por falta de alimentos, son algunos de los muchos problemas que enfrentan las comunidades indígenas y negras en Honduras y que empeoraran producto de los efectos de la pandemia y de los huracanes Eta e Iota.

Para este grupo poblacional, que se estima representa el 10 % de la población hondureña (unas 934,000 personas), distribuida en nueve grupos étnicos, la decisión que tomó el gobierno de confinamiento sólo agravó la ya difícil situación que enfrentaban en sus comunidades.

PARA GRÁFICO

 

El estudio del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), “El abandono tiene rostro y consecuencias”, señala que las acciones tomadas por el Ejecutivo a lo único a que conllevó fue a “decisiones descontextualizadas de la agudización de conflictos socio-ambientales, violaciones de los derechos humanos, violencia de género contra las mujeres, concesionamiento de los recursos, secuestros y asesinatos de defensores».

El estudio toma fuerza en la voz de Susana Vásquez Martínez, dirigente indígena lenca de San José, Llano Grande, en el departamento La Paz, quien señala que además de la militarización y del hostigamiento policial, su comunidad ha sido afectada en varias vías porque a raíz de la suspensión de las garantías constitucionales se les cercenó la libre circulación y con ello se les impidió la siembra y recolección de los productos agrícolas.

La historia refiere que los indígenas y negros hondureños por siglos se han visto sometidos a diferentes tipos de fenómenos, sean estos naturales, endémicos, exclusión social o esclavitud y siempre han logrado salir adelante, sin embargo, el Fosdeh advierte en su documento, tomando como base los señalamientos de expertos de las Naciones Unidas, que la pandemia profundizará y agravará la crisis de desigualdad y discriminación de los pueblos indígenas y negros, “no sólo por la pandemia, sino por los conflictos y la violencia vinculada a la escasez de recursos y en particular de agua potable y alimentos”.

Susana vaticina que la canasta básica subirá ostensiblemente de precio, especialmente los granos básicos (maíz y frijol) y a la vez advierte a la población a no consumir el maíz amarillo que se importa, “pues no se sabe que usan para estabilizarlo”, dijo la campesina en una clara oposición a las semillas transgénicas a las que las comunidades indígenas se oponen en defensa de sus semillas ancestrales.

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En su quinta y última entrega de la serie especial de reportajes de profundidad “Los marginados de siempre viviendo en pandemia”, Criterio.hn muestra el rostro de los indígenas y negros, quienes toda su vida han sido marginados y excluidos por los gobiernos, pero con mayor énfasis a raíz del golpe de Estado y de la profundización de la industria extractiva que ha secuestrado sus territorios para la explotación de los ríos para la construcción de represas hidroeléctricas, del bosque para la exportación de madera  y la explotación de minerales a través de la minería a cielo abierto.

La problemática de los pueblos originarios también conlleva el arrebato de lo más preciado: la vida. Durante los diez meses de confinamiento se ha reportado la desaparición y asesinato de al menos 15 pobladores de las comunidades negras e indígenas.

“Yo tengo un problema grande con la desaparición de mi hijo mayor la cual se realizó en el mes de julio y he andado por todos lados, desde Marcala, donde lo detuvo la policía y desapareció. Mi hijo se llama Osman Daniel Vásquez Martínez y es un defensor de derechos humanos”, relató Susana a Criterio.hn.

El hijo de Susana se encuentra desaparecido desde el 28 de julio pasado. A los pocos días de su desaparición ella fue a la posta policial del municipio de Marcala a buscar información, pero cuenta que los policías la corrieron del lugar.

La campesina manifestó que debido a que su hijo no vivía con ella, y sobre todo por el confinamiento y la militarización de la zona, no se dio cuenta de lo que le pasó, hasta que empezó a notar que tenía varios días de no llamarla al teléfono móvil, por lo que comenzó a buscarlo entre los amigos y familiares. Finalmente se dio cuenta de su detención por un vídeo que circulaba en las redes sociales. 

 “Yo no sé qué pensar de la desaparición de mi hijo, yo sólo tengo un vídeo en el que la policía lo recogió en el parque Central de Marcala, frente a la alcaldía, pero yo no sé para dónde se lo llevaron, no tengo ni idea”, narra la mujer lenca.

Comentó además que de acuerdo con la información que le proporcionó el abogado, que de manera gratuita le lleva el caso, es que la policía ha informado que Osman Daniel fue requerido el 28 de julio a las 4:00 de la tarde y que ese mismo día lo remitieron al municipio de Chinacla, siempre en el departamento de La Paz. Pero para Susana ese relato es ilógico porque nunca la policía remite a los detenidos de Marcala a Chinacla, sino que, al contrario, es decir, de Chinacla a Marcala.

“Yo no se los puedo creer, me pone en duda que los policías tienen que ver con lo que pasó con él, porque ¿por qué la policía se está pasando la pelota entre ellos?”, se preguntó.

Al momento de su desaparición, Osman Daniel Vásquez Martínez, tenía 24 años, es padre de una niña que procreó con una joven en Comayagua, de quien se había separado hacía bastante tiempo, según los relatos de su madre.

La dirigente indígena indicó que interpuso la denuncia ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), porque confía que ellos podrán darle una respuesta a su caso. Susana no confía en la justicia hondureña y dice que su única fe de encontrar a su hijo la tiene puesta en Dios, pero al mismo tiempo duda y no está segura de hallarlo con vida.

GARÍFUNAS ASESINADOS Y DESAPARECIDOS        

Honduras es un país con muchas riquezas naturales, pero igualmente con un elevado nivel de desigualdad en la tenencia de la tierra. En los últimos años ha experimentado un notable incremento en la ejecución de proyectos extractivos, los que en su mayoría han sido concesionados por el gobierno al capital transnacional con el lucro de empresarios y políticos nacionales que se han apropiado de tierras, ubicadas en territorios pertenecientes a los pueblos indígenas y negros.

Estos proyectos además de provocar violaciones a los derechos humanos están violentando leyes nacionales y convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, sobre la Consulta Libre, Previa e Informada.

En enero de 2017 la organización Global Witness estableció mediante un informe que Honduras era el país más peligroso para defender el planeta y en el 2016 consideró a Honduras como uno de los países más mortíferos del mundo para las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. 

Global Witness es una ONG internacional establecida en 1993 que trabaja para romper los vínculos entre la explotación de recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo.

Entre 2015 y 2018 se produjeron al menos 31 asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Actualmente, los ataques, desalojos forzosos, hostigamiento y criminalización de los defensores del medio ambiente siguen a la orden del día.

Las comunidades garífunas se encuentran en alerta ya que, en mayo anterior, a menos de dos meses de iniciado el confinamiento por la pandemia de la Covid-19 sufrieron un ataque en la comunidad de El Triunfo de la Cruz, Tela, adonde secuestraron y desaparecieron a cuatro dirigentes, y a partir de ahí, la dirigencia comunitaria estima que se presentaron entre cuatro a seis asesinatos y desaparecidos más, aunque aún no tienen datos concretos.

“En la comunidad de El Triunfo de la Cruz y otras comunidades aledañas a Tela,  hubo momentos de zozobra porque varios días después de las desapariciones, empezaron a llegar personas extrañas en motocicletas a altas horas de la noche a amedrentar a las personas y esto generó mucho temor en los moradores, pues la población realizó movimientos al interior de la misma exigiendo la aparición con vida de los compañeros secuestrados y luego desaparecidos”, dijo Nahún Lalín, coordinador de Juventud de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).

Nahún contó que después de la desaparición de los cuatro dirigentes en Tela, se presentó el asesinato del dirigente de Punta Piedras, Antonio Bernárdez, que también se registró en mayo y simultáneamente fue asesinado otro garífuna de Río Tinto, quien cubría las entradas y salidas de la comunidad, y en San Pedro Sula, se reportaron dos desaparecidos, pero de ellos no se tienen datos y aún se desconocen las interioridades.

Indígenas Negros Honduras
Muchos de los defensores de los territorios que han sido asesinados eran beneficiarios de medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las constantes amenazas que recibían (Ilustración: Guillermo Burgos)

AYUDAS POLITIZADAS NO LLEGAN    

El estudio de Fosdeh, El abandono tiene rostro y consecuencias, establece que las limitaciones de las personas de los pueblos indígenas y negros es un hecho que resulta de la politización partidaria de servicios, políticas públicas sesgadas en territorios que consideran “primera categoría” y la preexistencia de brechas de comunicación e inclusión de los pueblos al desarrollo.

Agrega que, no obstante, la existencia de liderazgos formados e informados en los pueblos aún se enfrenta al desafío de construir hombres y mujeres indígenas y negros, que actúen como sujetos colectivos y que las comunidades indígenas y negras percibieron como imposición la presencia del ejército como una amenaza y la oportunidad de perfilamiento de liderazgos.

En esa línea de pensamiento la dirigente indígena de San José, Llano Grande, La Paz, Susana Vásquez Martínez, manifestó que la misma situación se presenta en la mayoría de las comunidades indígenas, donde primero se recurre a la militarización y luego a la creación de postas policiales, con el objetivo de realizar desalojos violentos de las tierras recuperadas por los campesinos y hostigar a los líderes indígenas.

Susana expresó que la gente no le tiene confianza a la policía, sino que miedo, “ellos siempre llegan los domingos al campo de futbol y en forma abrupta, agarran a alguien, lo golpean, lo suben a la patrulla y se lo llevan”, describió.

Como parte del clasismo con el que, según ella, actúa la policía, relató que recientemente un muchacho que vendía chicha (maíz fermentado) los domingos en el campo de futbol, fue retenido por la policía y llevado a la posta donde permaneció 24 horas y luego fue liberado después de pagar una multa.

“Con esa gente es que la policía se ensancha”, dice Susana al reprochar el favoritismo de la policía hacia los grupos de poder y el menosprecio y dureza hacia los pobres.

Los líderes garífunas apuntaron que durante el confinamiento los mayores problemas continuaron siendo la invasión del territorio, la criminalización de la lucha y la persecución.

“Mientras nosotros estábamos confinados nuestros territorios fueron invadidos, nuestros hermanos secuestrados y las personas que siempre han estado interesados en los territorios de las comunidades garífunas, seguían con sus artimañas”, dijo Nahún.

Sobre el accionar del gobierno para atender la pandemia, el líder comunitario garífuna, respondió que fue una farsa y una burla hacia el hambre de los más pobres, ya que nunca se les entregó “los sacos de comida” como lo dijo el gobierno, sino que pequeñas raciones a través de las llamadas “bolsas solidarias”.

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Una similar situación expuso la dirigente del pueblo indígena lenca, Susana Vásquez Martínez, quien comentó que las ayudas que brinda el gobierno no cubren a toda la población y excluyen a las poblaciones organizadas a quienes consideran los artífices de los problemas.

“En este sector las ayudas las politizan, como ya inició la política están repartiendo arroz y son los nacionalistas quienes las reparten, pero como nosotros no pertenecemos a ese partido político, a nosotros nos excluyen pues solo les dan a quienes dicen que van a votar por ellos”, manifestó la líder indígena.

Susana considera que el hecho de organizarse y declararse indígena pareciera que constituye un delito frente al actual gobierno. “Vino el proyecto de la luz y ni siquiera eso pudimos obtener porque dijeron que estamos organizados y que nosotros somos los que hacemos las protestas sociales y por eso no llegó la luz al grupo campesino”.

 

VIVEN TIEMPOS DIFÍCILES

Los líderes negros e indígenas señalaron a Criterio.hn que están viviendo momentos difíciles y que las autoridades no se preocupan por sus necesidades.

Ante la ausencia de respuesta estatal los garífunas han recibido ayudas de fundaciones y organizaciones internacionales a través de sus líderes y la solidaridad de las comunidades que viven en el extranjero. Con los fondos recabados, dice el dirigente de Ofraneh, Nahún Lalín, han logrado contribuir en un 70 % con las necesidades inmediatas de sus 46 comunidades.

La situación de los indígenas es más complicada, porque no cuentan con un apoyo solidario que les ayude a librar la situación de pobreza y pobreza extrema en la que viven. Susana refirió que las ayudas agrícolas en su zona no llegan, mientras la calamidad se va asentando en los hogares donde hay problemas graves de alimentación, especialmente en la niñez que reporta altos niveles de desnutrición.

De acuerdo con un informe de del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el 2017, el 73.3% de la población indígena vivía en condiciones de pobreza y el 95 % de los menores de 14 años sufrían de desnutrición. La situación podría haberse agravado en los últimos meses por la pandemia y los efectos de los fenómenos naturales.

“Hace unos días un comité de mujeres de la comunidad visitamos a una muchacha que tuvo un aborto espontáneo, le llevamos una canasta familiar con todo lo que pudimos obtener; daba pesar ver a esa joven mujer, extremadamente delgada y demacrada, tiene cinco hijos y con el que perdió hubieran sido seis. Mire vive en un cuartito de madera que da un pesar por la miseria que refleja, y creo que esa muchacha perdió el niño debido a la desnutrición y lo peor es que, así como ella hay centenares de casos en las comunidades indígenas”, relató Susana.

Ambos líderes étnicos coincidieron en que la pandemia por Covid-19 ratificó la corrupción que el pueblo sabía que existía por parte del gobierno y que el paso de las tormentas Eta e Iota vinieron a empeorar esa corrupción y las condiciones preexistentes. Finalmente, vaticinaron que para el 2021 habrá más pobreza, violencia, lucha y muerte en sus comunidades por la defensa de la tierra.

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