Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialismo

vPor: Ariel Torres

Edición: Emy Padilla

Ilustración de portada: Reynaldo Raudales

Gráficos: Claudia Nieto

redaccion@criterio.hn

 

Tegucigalpa. –El 16 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras decretó un toque de queda que progresivamente extendió a todo el país. Aunque la medida era vital para ralentizar la propagación del Coronavirus (Covid-19), el cierre repentino de la movilidad y de las actividades laborales resultaría devastador para la ya débil economía hondureña.

«Con el confinamiento se pararon todas mis actividades, de un día a otro dejé de ingresar dinero, mis ahorros se agotaron en un par de meses y ahora vivo de las ayudas solidarias que me dan algunas personas cercanas», comenta Gladis Sánchez, una madre soltera de 44 años, originaria del municipio de Texiguat, del oriental departamento de El Paraíso, pero que emigró a Tegucigalpa a sus ocho años.

Antes de la pandemia, Gladis, quien es abogada de profesión, se dedicaba a vender ropa de segunda mano, ingresando unos 5 mil lempiras mensuales. Siete meses después no ha podido reactivar su negocio que emprendía de manera informal, «hay personas que aún no nos levantamos», confiesa. Su experiencia habla de una emergencia social y económica.

Según el investigador y docente universitario, Hugo Noé Pino, los efectos económicos de la pandemia impactan sobre todo en personas como Gladis, quienes trabajan en el sector informal o que son empleados por la mediana y pequeña empresa, «la gente de extrema pobreza mantiene su situación previa, prácticamente en las mismas condiciones de los últimos años», explica el economista y exministro de Finanzas durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

Como Gladis Sánchez, el 80 % de la población de Honduras enfrenta la pandemia  sin seguridad social -el país es el último en esta materia a nivel latinoamericano-. Así como a ella, el cierre económico dejó prácticamente a su suerte al 64.7 % de la población que vive en condiciones de pobreza, especialmente al 38.5 % que sobrevive con un dólar o menos al día y al 72 % que trabaja en la economía informal.

«El cierre temprano fue oportuno, el problema es cómo se desarrolla la gestión de la pandemia, la cual agudizó la corrupción, evidenciando una economía frágil en deterioro de las condiciones sociales y económicas de la población», opina Ismael Zepeda, analista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), una de las organizaciones civiles más influyentes en materia de análisis económico.

Honduras una sociedad militarizada
El exceso compulsivo de los militares por robar protagonismo ha alcanzado mayor notoriedad a través de proyectos de asistencia social como el programa “Honduras Solidaria”. (Foto: Criterio.hn/Fernando Destephen).

Operación Honduras Solidaria (HS)

Tras la primera semana del confinamiento, Gladis recuerda que varios de sus vecinos de la colonia Las Canteras, salieron a las calles para exigir que el gobierno les entregara alimentos, o caso contrario, levantara las medidas que les imposibilitaba trabajar. Durante las primeras semanas del toque de queda, en otros puntos del país, también se registraron saqueos en algunos establecimientos comerciales.

Presionado por las demandas, especialmente la de los trabajadores del rubro del transporte, el 21 de marzo, el gobierno aprobó mediante un Consejo de Ministros el decreto PCM 025-2020, creando la Operación Honduras Solidaria (HS), un programa asistencialista para abastecer con raciones de alimentos a al menos 800 mil hogares en todo el país.

La Operación HS, calificada por el presidente Juan Hernández como «gigantesca», fue la respuesta del gobierno para enfrentar la inseguridad alimentaria, agravada durante la etapa más álgida del confinamiento, «además era una forma para reducir la tensión social de las protestas», añade Zepeda.

Durante la pandemia, otros 24 países latinoamericanos adoptaron medidas similares, «programas asistencialistas se han dado hasta en Europa y Asia, donde se entregaron bonos, alimentos o moratorias en el pago de ciertos servicios. El problema es que en Honduras estos programas son cosméticos y se aprovechan para actos de corrupción y de propaganda político-partidaria», comenta el economista del Fosdeh.

En apenas tres días (desde la creación del decreto hasta el inicio de la distribución de alimentos), el Estado de Honduras compró de forma directa a empresas privadas, una parte de los alimentos. El 24 de marzo, 1,500 miembros del Ejército iniciaron la entrega en algunos barrios del Distrito Central. El proceso comenzaba incluso antes que el PCM 025-2020 se publicara el 28 de marzo en el diario oficial La Gaceta.

«Este tipo de programas son cuestionados por varias razones, uno porque las compras y la distribución de los alimentos se prestan para muchos casos de corrupción, se cuestiona el contenido de las entregas y, sobre todo, porque estos programas son diseñados y ejecutados más para alcanzar un objetivo político», explica Hugo Noé Pino, quien advierte que no se puede desvincular la Operación HS con las campañas electorales que iniciaron con vista a los comicios generales que se llevarán a cabo el próximo año.

En abril y junio, el decreto PCM 025-2020 fue ampliado en dos ocasiones para asistir con un bono de 2000 lempiras a 500 mil trabajadores independientes y con dos bonos del mismo monto a 70 mil personas del rubro del transporte. En total, se estima que, para cumplir con esta ampliación, el gobierno destinaría 1300 millones más de lempiras. Cabe mencionar que este reportaje se centrará específicamente a lo referente a las entregas de alimentos.

Así, de manera improvisada y sin detallar las fuentes de su financiamiento, el 24 de marzo comenzó una operación que, solamente para la compra y entrega de alimentos, ha gastado 23.4 % del total de los fondos públicos destinados para enfrentar el Covid-19 en Honduras.

¿Cómo y a quiénes llegarían los alimentos?

El PCM 025-2020 ordenó que la Operación HS se ejecutaría bajo dos modalidades, una de forma centralizada y otra, descentralizada. La primera abarcaría a los seis municipios que en marzo mostraban la mayor cantidad de contagios por el Covid-19: Choluteca, La Ceiba, el Distrito Central, Choloma, Villanueva y San Pedro Sula. Mientras el modelo descentralizado distribuiría los alimentos en los restantes 292 municipios de Honduras.

El decreto facultó al Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), a la Secretaría de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y al Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE) para identificar a los beneficiarios, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La población a la que llegaría la asistencia se determinó al considerar los hogares que viven bajo condiciones de pobreza, identificados por la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y por la Ficha Socioeconómica Única (FSU) del Registro Único de Participantes (RUP).

La focalización de los beneficiarios también es cuestionada por el beneficio electoral de la que pueden ser objeto, «este tipo de base de datos son utilizadas para los procesos electorales. Hemos visto como estos programas condicionan a los beneficiarios para incorporarlos a su censo electoral. Estos datos no solo los maneja el gobierno, sino el partido en el gobierno, para incorporar más votantes», advierte Hugo Noé Pino, quien además fue presidente del Banco Central de Honduras.

En total, los alimentos llegarían a 958,097 hogares en todo el territorio hondureño, 26 % concentrados en los seis municipios del modelo centralizado y 74 % en el descentralizado. En términos de habitantes, la operación llevaría alimentos a unos 4 millones de personas, representando 44 % del total de la ciudadanía. Es decir, el tamaño del público beneficiario era ambicioso, pero tampoco alcanzaba el 64.7 % de la población que vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con el INE.

Para el modelo centralizado, las compras de los alimentos y de los productos de higiene las realizaría directamente la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), quienes en conjunto con el Ejército coordinarían la entrega de las que llamaron las «bolsas solidarias».

«Yo recibí dos bolsas de alimentos, a mi casa vinieron los militares con los coordinadores del barrio», confirma Gladis, quien al vivir en el Distrito Central fue beneficiaria del modelo centralizado. Con su comentario, Gladis dejó en evidencia la politización del programa asistencialista porque al aludir a los “coordinadores del barrio”, se refiere a los líderes locales del Partido Nacional.

En el modelo descentralizado, la Secretaría de Estado de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) en coordinación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) realizarían dos transferencias a cada una de las 292 autoridades municipales, quienes se encargarían de realizar las compras y distribuir los alimentos, con el apoyo del Ejército si era necesario.

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corrupción Honduras
Wilfredo Ortiz Jiménez vive en la colonia Villa Nueva, una de las primeras zonas de la capital en recibir los alimentos del gobierno, bajo el programa “Honduras Solidaria”. Wilfredo es reciclador y lamenta que desde que el gobierno restringió la circulación, sus ingresos han disminuido sustancialmente. Este hombre recorre a diario las calles de la populosa colonia Kennedy

Además, el decreto permitía que la veeduría del proceso viniese del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), de las iglesias y de los organismos internacionales, entre otras instancias.

El economista Hugo Noé Pino también es crítico en cuanto al proceso de veeduría que se ha realizado para este programa, «es muy pobre, la mayor parte de esta supervisión está compuesta por “empleados públicos” o por directivas que obedecen, que reciben transferencias o que tienen influencia del gobierno. No tengo ni la más mínima confianza sobre esta veeduría social».

¿Qué contenían las bolsas solidarias?

«Las bolsas me apaciguaron un poco la necesidad, pero porque yo vivo sola con mi hijo de 16 años. Sabemos que en Honduras la mayoría de las familias son numerosas. Para un hogar de cuatro o más personas los alimentos que dieron eran insuficientes, no ajustaban ni para una semana», opina Gladis Sánchez.

De acuerdo con el PCM 025-2020, cada ayuda entregada debía contener 13 alimentos indispensables y no perecederos de la canasta básica, además de 3 productos de higiene personal para prevenir el contagio del Covid-19.  Sin embargo, el decreto se contradice al enlistar solamente 8 de los 30 productos que forman parte de la canasta básica, no 13 como lo estipula su artículo 7.

Además, el decreto no cita la cantidad de los alimentos a incluir en cada entrega. Para estimar su volumen, la Operación HS tasó un costo de 500 lempiras por cada «bolsa solidaria». Es decir, cada entrega de alimentos representaría apenas 5.7 % del costo de la canasta básica, tasada en 8,782 lempiras por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Como resultado de diversas consultas realizadas para la elaboración de este reportaje, se estima que, en la ejecución centralizada, cada bolsa solidaría podía contener:  5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 2 libras de azúcar, 2 libras de manteca, 10 unidades de cubito, 3 pastas de tomate, 1.5 libras de espaguetis, 1 libra de café, 2 bolsas de sal, 3 unidades de sopas de pollo, 2 libras de harina de maíz, 2 libras de harina de trigo, 280 gramos de avena, 1 salsa de tomate, 1 lata de sardina, 2 barras de jabón para lavar platos, 1 barra de jabón para lavar ropa y 4 rollos de papel higiénico.

En ambos modelos, las entregas fueron señaladas por no incluir una cantidad suficiente de alimentos o porque algunos de sus productos no eran prioritarios en la alimentación de las familias hondureñas. Para el caso, y como una evidente violación al Estado laico, muchas de las «bolsas solidarias» incluyeron en su interior un folleto cristiano llamado el «Libro de vida».

Un análisis publicado por Criterio.hn  señaló que las «bolsas solidarias» también presentaban carencias en su composición nutricional. Especialistas del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Honduras, detectaron una serie de vacíos que contenían las entregas en cuestión de aportes proteínicos, los cuales se encontraban por debajo de los estándares internacionales.

En cuanto al modelo centralizado, las compras realizadas por el Estado coinciden con el listado de los 16 productos citados por el decreto 025-2020, sumándose tres más: salsa de tomate, papel higiénico y avena.

En el informe «Prácticas erróneas en la administración pública», presentado en septiembre por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la auditoría menciona que, «se desconoce el contenido individual de las bolsas o sacos solidarios y sus posibles variaciones, observándose que hubo una total ambigüedad y una falta de rendición de cuentas sobre el contenido de cada bolsa solidaria».

Las transferencias y las compras

«El problema al agilizar las compras durante una emergencia es que se usan para drenar fondos, es un contexto perfecto para la corrupción. Hay comisiones de por medio en las ventas, las autoridades se aprovechan de los mecanismos de vía rápida y que no existen normativas, reglamentos o especificidades en las compras», señala Ismael Zepeda.

El decreto no indicó alguna línea presupuestaria o las fuentes del financiamiento, pero al 11 de septiembre, la SEFIN reportó que se destinaron 1370 millones de lempiras en compras de alimentos y gastos operativos, 52 % orientado al modelo descentralizado y 48 % al centralizado. Este presupuesto representa 23.4% de los fondos destinados hasta el 16 octubre para enfrentar el Covid-19 en Honduras, un monto total que asciende a 5885 millones de lempiras.

En total, para el modelo descentralizado, cada municipalidad recibió dos transferencias de un mismo monto. Cada traspaso fue el resultado de la cantidad de los hogares focalizados en cada municipio, multiplicada por los 500 lempiras estimados por cada bolsa solidaria. Para citar un ejemplo aleatorio, en el municipio La Unión, del departamento de Olancho, se identificaron 905 hogares pobres, una cifra que multiplicada por 500 lempiras resultó en dos transferencias, cada una por 452 mil lempiras.

En total, el modelo descentralizado consideró a 710,744 hogares, un monto de 710 millones de lempiras en los 292 municipios. En cuanto al modelo centralizado, la SEFIN reporta el gasto de 659 millones de lempiras.

¿De dónde salió todo ese dinero? El economista del Fosdeh explica que a pesar que la SEFIN no detalla las fuentes del financiamiento para estos programas, se estima que una parte de estos recursos provienen de la recaudación de los impuestos, «pero el Estado compensa su falta de ingreso con puros endeudamientos, observamos que la deuda pública ha crecido de manera acelerada este año», comenta Ismael Zepeda.

«Parte de estos programas son manejados a través de fideicomisos, como el de “Vida Mejor”, el cual se presta para varias cosas, entre ellas sus gastos no encuentren la suficiente supervisión. Además, observamos que el gobierno se ha abastecido de recursos a través del endeudamiento externo para garantizar que el próximo año tenga suficientes recursos para gastar en el proceso electoral», añade Hugo Noé Pino.

Por otra parte, la relación de gastos entre ambos modelos no tiene coherencia. El gasto en el modelo centralizado fue apenas 7 % menor que el descentralizado, cuando en esta segunda modalidad se encuentra el 74 % de los beneficiarios focalizados en 292 municipios.

Además, el gasto en el modelo centralizado no coincide con los 500 lempiras estimados por cada «bolsa solidaria». De acuerdo con cifras del CENISS, en los seis municipios se entregaron 945,978 raciones de alimentos, es decir, a nivel centralizado, cada entrega tuvo un costo promedio de 611 lempiras, por encima de los 500 lempiras definidos inicialmente.

Los datos disponibles muestran que a través de la ejecución centralizada se compraron unas 20 mil toneladas de alimentos, a través de un gasto de más de 575 millones de lempiras, donde se vieron beneficiadas 36 empresas privadas proveedoras y solamente una instancia pública, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

«Estos proveedores de alimentos, como las empresas de telecomunicaciones, las farmacéuticas, la banca privada, los supermercados y las grandes tiendas, son quienes se han beneficiado económicamente de la crisis», explica Zepeda.

La centralización de las entregas

El 24 de marzo, dos días antes que se confirmara la primera muerte por Covid-19 en Honduras, la Operación HS inició la distribución de las entregas. Los datos oficiales indican que al finalizar todas sus etapas se entregaron 1.7 millones de raciones entre las dos modalidades.

«A través de la operación Honduras Solidaria hemos llegado ya a miles de personas, miles de familias de escasos recursos, los más vulnerables. Hemos llegado a barrios, colonias, municipios, aldeas, caseríos, no importa la distancia, no importa si tenemos que cruzar ríos, montañas, llegaremos a entregarles alimentos a la puerta de sus casas», dijo el presidente Juan Hernández durante una cadena nacional, el 5 de abril de 2020.

Sin embargo, al revisar el detalle de las raciones entregadas, se observa que el gobernante parecía no estar muy al tanto de la distribución, ya que 55 % de las «bolsas solidarias» se destinaron a la población de los seis municipios de la ejecución centralizada. Visto bajo otra perspectiva, en 247 mil hogares focalizados en ese modelo se entregaron 17 % más alimentos que en los 710 mil hogares identificados en los 292 municipios restantes.

La entrega del 55 % de los alimentos en el 26 % de los hogares focalizados en todo el territorio demuestra una centralización de la ayuda en las principales ciudades del país, a expensas del resto de los municipios.

Las entregas también han sido cuestionadas por su politización y exclusión a ciertos grupos del país. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) denunció que los pueblos indígenas que se encuentran en procesos de defensa de sus tierras y territorios fueron excluidos de la Operación HS.

En abril, el MADJ interpuso un recurso de amparo ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, debido a que el pueblo tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, fue discriminado durante la entrega de alimentos.

En su escrito, el MADJ denunció que: «el Estado de Honduras, a través de la Municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa «Honduras Solidaria», llegaron a las comunidades de Locomapa con la bolsa solidaria, pero únicamente la entregaron a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu. A las demás familias las han discriminado y condenado a muerte por hambre, siendo esta una responsabilidad del Estado de suplir las necesidades básicas de alimentación de la población confinada debido a la emergencia decretada por COVID-19».

A pesar que el 28 de abril del 2020, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula declaró una sentencia a favor de la tribu tolupán, las autoridades municipales de Yoro hicieron caso omiso a la ordenanza y no se presentaron para entregar los alimentos a las comunidades.

El cierre de año

Después de marzo no se volvieron a registrar protestas considerables para exigir alimentos. Para Ismael Zepeda hay tres causas que explica esta situación, «primero, finalizando el año hay una resignación social en la ciudadanía; en segundo lugar, ya iniciaron las campañas electorales, y eso influye para disminuir la protesta social; y el tercer elemento es que la gente más allá de exigir no le queda de otra que buscar ingresar por su cuenta».

Para Hugo Noé Pino el cese de las protestas se dio «porque la economía fue teniendo grados de apertura, la gente que buscaba alimentos, principalmente en los sectores urbanos, empezó a salir del confinamiento y a tener un ingreso», explica quien fuese también embajador de Honduras ante las Naciones Unidas.

Por su parte, Gladis Sánchez aún recuerda las dificultades que enfrentó la gente en su pueblo natal, en el municipio de Texiguat, «hubo mucha hambre, mi familia no tenía comida y yo no pude enviarles por la cuestión del transporte. Hubo hambruna. Lo que les salvó fue la cosecha de mangos, la mayoría de la gente estuvo comiendo mangos durante una buena parte del confinamiento. Luego les llegó la bolsa solidaria, pero no en el momento oportuno».

Después de las dos «bolsas solidarias» que le entregaron, Gladis no recibió otra ayuda por parte del gobierno. Tampoco espera que llegue. Lo que prevé es un cierre de año complejo, «será fatídico, dificil. Muchos quieren decir que todo está reaperturado, pero la mayoría no nos hemos levantado todavía».

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