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Gobierno viola rango constitucional del CNE al querer controlar su independencia presupuestaria y manejar fondos de las elecciones

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El Consejo Nacional Electoral tiene rango constitucional y como tal tiene autonomía en la ejecución de su presupuesto: Joaquín Mejía

Tegucigalpa. La inclusión de párrafos que condicionan el presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE) al Poder Ejecutivo en la publicación del «Presupuesto Especial para las Elecciones Generales 2021» en el diario oficial La Gaceta el pasado 7 de agosto, generó incertidumbre y desconfianza con relación a la transparencia de los próximos comicios a celebrarse en noviembre de 2021.

Criterio.hn entrevistó al experto en derecho constitucional y derechos humanos, Joaquín Mejía; el director de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), padre Ismael Moreno; y al director de gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, para conocer sus opiniones sobre este hecho que ha venido a incrementar las tensiones políticas a cien días de las elecciones generales.  

BUSCAN EVITAR AVANCES EN LA PARTICIPACIÓN DE ELECCIONES UN POCO MÁS LIBRES, JUSTAS Y AUTÉNTICAS

Para el experto en derecho constitucional y derechos humanos, Joaquín Mejía, la inclusión de los párrafos que condicionan el manejo del presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE) al Poder Ejecutivo a través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) es una clara acción que evidencia el control que el régimen de Juan Hernández quiere tener en el próximo proceso electoral.

Mejía dijo a Criterio.hn que a falta de control absoluto sobre el CNE, el Ejecutivo busca amarrar su accionar por medio del control sobre el presupuesto, haciendo a un lado el hecho que el Consejo Nacional Electoral tiene rango constitucional y que como tal tiene autonomía en la ejecución de su presupuesto.

El contexto en el que se aprobó la ampliación del presupuesto del CNE el pasado 3 de agosto por parte del Poder Legislativo, para posteriormente ser publicado el 8 de agosto en el diario oficial La Gaceta, es importante.

No solamente, la cúpula del Congreso Nacional dio largas para aprobarlo, sino que además, de acuerdo a denuncias realizadas por los diputados Jari Dixon Herrera del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Luis Redondo por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), la lectura del dictamen por parte del diputado del Partido Nacional, Renán Inestroza, fue silenciada al momento de llegar al párrafo concerniente al involucramiento del SIAFI.

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Para el experto en derecho constitucional y derechos humanos, la tardanza en la aprobación de fondos para la compra de mecanismos como el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, así como el Sistema para Identificación Biométrica de los Electores en las Juntas Receptora de Votos, es una acción que busca evitar avances en la participación de elecciones un poco más libres, justas y auténticas.

Mejía considera que, ante este panorama, sumado a la experiencia del proceso electoral primario en marzo de este año, el proceso electoral de noviembre de 2021 será una repetición de los comicios de 2017. Tampoco ve cómo se puede corregir el accionar considerando que quedan cien días para las elecciones y presentar un recurso ante la Sala de lo Constitucional genera muy poca confianza.

BUSCAN GARANTIZAR EL CONTINUISMO DEL PARTIDO NACIONAL: PADRE MELO

Al director de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), padre Ismael Moreno, tampoco le extraña que se cercenara la autonomía e independencia del CNE a través de la administración de sus fondos. Es más, no le sorprendería que se impulsen otras medidas pues lo que se busca es garantizar que los próximos comicios beneficien al Partido Nacional y solo se cumplan con las formalidades que exigen la comunidad internacional y los Estados Unidos.

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«Es lamentable porque significa que a fin de cuentas no se están creando las condiciones para respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Sino a fin de asegurar que los resultados electorales de muy diversas maneras beneficien al continuismo del Partido Nacional, sea con Juan Hernández o con nuevas figuras», dijo el padre Melo a Criterio.hn.

El sacerdote jesuita afirmó que hay consenso para la celebración de elecciones en noviembre de 2021. Sin embargo, el panorama es de creciente inestabilidad debido al control que ejerce un partido que goza de una enorme y creciente desconfianza por parte de la ciudadanía, por lo que ve en el futuro cercano un escenario igual o peor al que se vivió inmediatamente después de las elecciones de noviembre de 2017.

NO ERA EL MOMENTO DE INCLUIR DISPOSICIONES SIAFI

El director de gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, considera que no era el momento más adecuado para incluir disposiciones del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) para la administración del presupuesto del CNE debido a que vienen a aumentar el ambiente tenso y conflictivo que se vive de cara a la contienda electoral.

Agregó que hay un ambiente de pugna política entre los diferentes partidos que busca afectar posiciones a través de diferentes tácticas. En este caso el partido de gobierno es el dominante, quién tiene acceso y control del presupuesto, del Congreso Nacional y quien posee una ventaja competitiva por encima de los otros entes políticos. Pero eso no descarta que si fuese el Partido Libertad y Refundación (Libre) o el Partido Liberal quienes estuvieran en el poder no sucedería lo mismo.

Ramírez también señaló que no se debe vilipendiar la inclusión de disposiciones SIAFI en el manejo de presupuestos del CNE a futuro, y afirmó que existen otras instituciones del Estado que son autónomas y que también están en el SIAFI como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Esta semana el director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Mauricio Díaz Burdett, expresó durante su participación en el foro virtual «Códigos de Conducta Electorales: Una Demanda de la Ciudadanía» que el Estado genera violencia oficial en los procesos electorales al no respetar la planificación y asignación presupuestaria.

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