El abogado y defensor, Víctor Fernández, señaló que el grupo que los retuvo en territorio tolupán mantenía comunicación con actores del gobierno, entre los que estaría incluida la titular de Derechos Humanos, Leda García Pagán.
Tegucigalpa, Honduras. – Durante el ataque y bloqueo que sufrieron la noche del miércoles 13 de mayo, el abogado y defensor de derechos humanos, Víctor Fernández; la exdiputada y doctora Ligia Ramos; y el líder tolupan José María Pineda, el instigador de la agresión habría mantenido comunicación con actores del gobierno, incluida la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Leda García Pagán.
“Jaime Matute se mantuvo en permanente comunicación en su teléfono, diciendo que estaba recibiendo indicaciones y coordinaciones de lo que va a hacer. […] Vi hoy que algunas de las personas con las que se estaba comunicando, es gente del actual gobierno, incluyendo gente de las instituciones de derechos humanos”, entre ellas estaría García Pagan, señaló el abogado durante una conferencia de prensa realizada en San Pedro Sula.
Criterio.hn llamó antes de mediodía a García Pagán para conocer su versión sobre los señalamientos en su contra, pero la llamada fue atendida por su asistente, quien indicó que la funcionaria se encontraba ocupada y que avisaría a la periodista si disponía de tiempo para brindar una entrevista. A las 5:25 de la tarde respondió diciendo «No puedo ahorita pero es falso. Puedo compartirle cuando esté listo el informe del mecanismo de protección en relación a los hechos».
Víctor Fernández, quien es integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y coordina el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), apuntó que la dinámica con la que operó el grupo agresor es criminal, puesto que previo al ataque se les dio seguimiento en dos motocicletas y se les intercepto oportunamente.
Entre las acciones hostiles contra integrantes de la tribu vinculados al Movimiento Amplio, en octubre del año pasado se amenazó con destruir Radio Dignidad y otros proyectos, incluidos cultivos y una granja comunitaria.
El abogado Víctor Fernández apuntó que, tras permandecer retenidos desde la tardenoche del miércoles hasta la madrugada del jueves, identificaron a Jaime Matute, quien se denomina como presidente de la tribu, en medio de una disputa de poder vinculada a intereses extractivos sobre los recursos naturales del pueblo tolupán.
“El tipo, junto a la gente, se mantuvo hostil, violento. Nos aseguró que no íbamos a salir de la zona y pasó un momento de muchas tensiones”, dijo Fernandez a los medios. Narró que no fue hasta que Pineda salió del carro y logró comunicarse –en una zona con escasa señal telefónica– con el equipo del Movimiento Amplio que consiguieron el auxilio policial, cuya presencia es limitada.
HOSTIGAMIENTO RECURRENTE EN LOCOMAPA
Fernández, Ramos y Pineda retornaban de coordinar una brigada médica que beneficiaría a las comunidades indígenas tolupanes en San Francisco de Locomapa. Al bajar de la comunidad Cabeza de Vaca Número Dos se realizó el acto de hostilidad, en el que habrían participado personas encapuchadas, quienes intentaron sacarlos del vehículo y en tono amenazante le habrían dicho al profesional del derecho que “hoy no iba a salir, e iba a saber quién mandaba en la tribu”.
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La exdiputada y médica especialista Ligia Ramos relató que, tras coincidir en 2015 con nueve tolupanes durante la huelga de Los Indignados, asumió el compromiso de reencontrarse con ellos, por lo que pidió a Fernández, acompañarla al lugar.
Ramos, quien admitió que durante el altercado temió perder la vida, lamentó que iniciativas de apoyo y atención médica para las comunidades enfrenten obstáculos por parte de sectores violentos dentro del mismo territorio.
Esta no es la primera vez que un altercado violento ocurre a quienes intentan llegar a la zona. En 2022 y 2023, sectores afines a la industría extractiva realizaron acciones para impedir el paso de personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh). La primera en 2022 tenía como propósito realizar un taller sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas que terminó siendo impartido en la Alcaldía Municipal de Yoro.
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Asimismo, en 2023, cuando personal de la Secretría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y la Fiscalía de Etnías, junto a Oacnudh, fueron detenidos durante una gira en la zona para realizar una inspección por denuncias vinculadas a la extracción de antimonio por la empresa Lachansa, la cual no contaba con permisos de extracción.
EXIGEN SANCIONES POR ATAQUE A DEFENSORES
El abogado Víctor Fernández calificó lo ocurrido como un delito que debe ser investigado y sancionado para dejar un precedente, que respalde el trabajo de defensoría de derechos humanos, que no solamente se realiza en Locomapa sino en el resto del país, y que ha terminado en el asesinato de otros defensores.
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David Santos, coordinador del MADJ, declaró a Radio Progreso que exigen a las autoridades actuar y deducir responsabilidades a quienes vulneran la seguridad, no solo de los defensores externos que visitan la zona, sino además de aquellos que habitan al interior de la tribu de San Francisco de Locomapa y que ya han sido amenazados por este mismo grupo por ser incomodos a los poderes que operan en la zona.
Santos recordó que en la zona no hay servicios básicos de salud, pese a que la Sala de lo Constitucional en julio de 2022 reafirmó el fallo de marzo de 2021 por medio del cual el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula confirmó la vulneración de los derechos fundamentales a la alimentación y la salud del pueblo tolupán de San Francisco de Locomapa, obligando al Estado a atender este derecho.
El coordinador del MADJ señaló que lo enfrentado por Fernández y Ramos, es la realidad cotidiana que enfrentan las y los defensores que al interior de la tribu desde 2008 emprendieron la defensa de sus bosques de pino y la riqueza mineral del subsuelo de Locomapa.
Santos concluyó que la respuesta institucional fue tardía pese a la gravedad del altercado y solo fue activada tras presiones nacionales e internacionales, lo que, a su juicio, evidencia la falta de garantías para defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, quienes permanecen en “alerta máxima” y expuestos de forma permanente a amenazas y violencia.
