El diputado Ariel Montoya, presidente de la comisión de medio ambiente en el Congreso Nacional, dijo a Criterio.hn que esperan calendarizar las jornadas de socialización para la segunda semana de junio
Tegucigalpa, Honduras. – Personas defensoras del ambiente y el territorio se encuentran a la expectativa de la socialización por parte de Congreso Nacional de la iniciativa de ley especial de fomento a las inversiones por medio de la eficiencia de los procesos de licenciamiento ambiental, también conocida como propuesta de licenciamiento exprés.
Ampliamente rechazada por priorizar los intereses empresariales por encima del interés colectivo y la participación ciudadana, la propuesta de licenciamiento exprés continúa en la agenda legislativa para su tercer debate, lo que levantó sospechas de su aprobación sin socialización, como lo había propuesto el diputado Ariel Montoya el pasado 11 de mayo.
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Al ser consultado sobre el tema, Montoya declaró que esperan calendarizar las jornadas de socialización para la segunda semana de junio. Afirmó que comprendía el temor desde las organizaciones de base, pero se había incluido “para tenerlo presente” y que los “puntos publicados en la agenda generalmente no se llegan a discutir todos”.
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Lucía Vijil, analista socioambiental del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), declaró que se mantendrán a la expectativa de las consultas a realizar, las cuales indicó deben tener una “transmisión abierta para toda la ciudadanía que esté interesada en el debate, en conocer el dictamen y en conocer las posturas de las organizaciones”.
Agregó que esperan que la discusión sea constructiva, teniendo en cuenta que “habilitar un espacio democrático como este es importante para la institucionalidad, también es muestra de apertura, de escucha y que debe traducirse a acciones concretas de acuerdo con lo que manifiesten las organizaciones que estén convocadas”.
Amnistía Internacional envió una carta al presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, en la que expresa preocupación por el proyecto de ley debido a que no garantiza los derechos humanos ni la participación ciudadana, tampoco contempla la consulta previa ni la evaluación de riesgos ambientales y sociales.
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Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se exigió la suspensión de procesos de aprobación de licencias que no cumplan con estándares internacionales en materia de derechos indígenas y ambientales, así como la implementación efectiva de procesos de consulta previa, libre e informada (CPLI).
