Tegucigalpa. – Integrantes de la Red Hondureña por Escazú demandaron coherencia y abandonar las “posturas tibias y cómplices” por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) con respecto a las emergencias que denuncian en sus territorios.
Exigieron a la presidenta Xiomara Castro cumplir el compromiso público para la adhesión del Estado de Honduras al Acuerdo de Escazú, y que la Secretaría de Derechos Humanos atienda las demandas comunitarias y fortalezca el Sistema Nacional de Protección.
El pronunciamiento fue realizado en los bajos del Congreso Nacional en el centro de la capital hondureña.
Noticia relacionada: Instan al Estado de Honduras adherirse al Acuerdo de Escazú para garantizar el derecho a la información
En el evento participaron liderazgos de la defensa ambiental originarios de varias comunidades que enfrentan proyectos inconsultos y desalojos violentos, así como criminalización y agresiones policiales y militares.
La defensora Ana Lucy Bengoichea reclamó la adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú y la protección de los ambientalistas que cuidan la casa común y el territorio, y por la que han sido asesinados otros defensores y ancestros.
EXIGEN COHERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CASTRO
La analista socioambiental, Lucía Vijil, remarcó la preocupación que sienten como sociedad civil ante el silencio y la ausencia de pronunciamientos por parte del gobierno con respecto a la adhesión al Acuerdo de Escazú.
“Lo preocupante es que nadie se pronuncia sobre el tema. Es decir, bueno, que se pronuncien, si sí o si no, si les interesa o no les interesa, pero nadie se pronuncia. Y el tema es que ante el silencio damos por hecho entonces que no es un tema de interés”, planteó.
Vijil señaló que piden coherencia al gobierno, sobre todo cuando asisten a cumbres presidenciales promoviendo la preservación de los bosques y ambiente, mientras a lo interno existe un movimiento socio territorial que denuncia la presencia de mineras, hidroeléctricas y madereros, entre otros, sin que la institucionalidad actúe.
Lea también: Ante gobiernos que dan la espalda al Acuerdo de Escazú, Red Centroamericana exige su implementación
RESPETO A LOS TERRITORIOS Y CESE INMEDIATO A PROYECTOS INCONSULTOS
Otras exigencias de las personas defensoras del ambiente incluyeron el cese inmediato de los proyectos inconsultos a las comunidades, la investigación exhaustiva de los agresores ambientales por parte del Ministerio Público y la derogación prioritaria de concesiones de proyectos lesivos.
El coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Christopher Castillo, declaró que la exigencia es el respeto a los territorios, remarcando que la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global está estrechamente ligado a la cancelación de proyectos extractivos.
De interés: Acuerdo de Escazú es vital en Honduras para evitar conflictos ambientales
“En Honduras hay más de 2,100 proyectos extractivos en curso, entre proyectos mineros, hidroeléctricos, biomasa, fotovoltaicas, que representan más de un tercio del territorio nacional concesionado y que representa una grave agresión contra los territorios y contra las personas que luchan por salvar este planeta”, opinó.
Un comentario
Estimada Perdomo, una se admira de la desidia y el «dejar hacer», de las autoridades que dicen buscar el bien de Honduras. No ha habido ninguna reforestación de las miles de hectáreas deforestadas a lo largo del país, se han puesto «curitas ecológicas con mucha imagen, claro», per nuestra tierra sigue en avance de desertización si no se toman medidas al respecto, si uno mira verde, pero solo es zacate, y en caso de una gran sequia se pondrá amarillo, una chispa lo quemara y ya esta el daño que llevara a tierras aridas.
No hace mucho visite Gracias a Dios, los periodistas no se atreven a reportar por el peligro de poner de manifiesto lo que allá ocurre, la invasión de terceros en las comunidades Tawahka, ha reducido la población, al vender sus tierras y estar ocupadas por terceros, por ejemplo en la aldea mas grande, llamada Kraosirpe, hay al menos 5 carros, todos de terceros, que sin dificultad viajan a Olancho, gracias a la carretera privada que sirve para transportar ganado, por esto la carretera, primero se compran (a veces bajo amenaza a nativos) las tierras, segundo se deforestan, luego se siembra zacate y por fin decenas de cabezas de ganado para engorde y envío al interior del pais o incluso para exportación, la LEY DEL DINERO, esta destruyendo o ya ha destruido la reserva TAWAHKA, mas abajito en la zona de Wampusirpi, sucede similar, la invasión de terceros, la compra de tierras, deforestación y ganado. Todo sucede gracias a la cooperación de las supuestas autoridades nativas, que usando un doble lenguaje, afirman estar trabajando para «su gente», en realidad están permitiendo la destrucción, al estar involucrados directamente o indirectamente en la destrucción del medio ambiente. Se puede resumir diciendo que se esta consintiendo la auto destrucción de las culturas nativas. Lo mas significativo es el hecho de que mis colegas al visitar la zona, observaron la pésima educación que se da en los centros escolares (siendo tal la situación, que las personas con recursos sean nativos o terceros, prefieren enviar sus hijos a Tegucigalpa a estudiar), donde la lengua de enseñanza es el español, sin entrar en otros detalles relacionados con la educación (infraestructuras, docentes( o en Salud Publica (mal endémico de hace décadas).
Sorprende mucho que no haya nadie que se haya atrevido a hacer un estudio sociológico completo, profesional, de la problemática, esto requiere fondos por supuesto y voluntad de hacerlo, todos los estudios que existen son de hace mas de 20 años!.
Hay mucho de tipo periodístico, pero nada de carácter universitario de investigación socio-antropológica, parece que ya no es tendencia y entonces se vive de mitos, superficialidades que ocultan la realidad.