Tegucigalpa.- En el marco del segundo encuentro Centroamericano por Escazú celebrado en la capital de Honduras, poblaciones indígenas, personas defensores de los bienes comunes e integrantes de la sociedad civil, que integran la Red Centroamericana por el Acuerdo de Escazú exigieron la firma, ratificación, adhesión e implementación de dicho tratado.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, popularmente conocido como Acuerdo de Escazú, es una herramienta para transparentar acciones estatales y aportar un contexto menos violento a las personas defensoras de la tierra, territorio y ambiente.
«Venimos a exigir cumplimiento de los compromisos adquiridos como gobierno, y apelando a la conciencia de las y los tomadores de decisiones, para comenzar a hacer retroceder al modelo extractivo y de despojo, promovido por los grandes capitales transnacionales que promueven el consumismo desmedido», leyeron miembros de la Red afuera de Casa Presidencial en la capital hondureña.
Además, recordaron a la presidenta Xiomara Castro que la población que la llevó a Casa Presidencial continúa respaldando y acuerpando las decisiones que aseguren entornos seguros, el disfrute de los bienes comunes de la naturaleza, acceso a información y participación ciudadana.
En el marco del foro Contexto Ambiental y Territorial en Centroamérica de Cara al Acuerdo de Escazú, representantes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá expusieron la situación que se vive en sus países. A continuación, se resume parte de sus exposiciones que revelan una problemática similar en la región.
MATRIZ EXTRACTIVA SIGUE INTACTA EN HONDURAS PESE A PROMESAS DE LA ADMINISTRACIÓN CASTRO
La analista socioambiental de Honduras, Lucía Vijil, planteó que en 2022 la conflictividad ambiental estuvo en todo el país, pero los grados de intensidad de los mismos se reportaron con mayor fuerza en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Santa Barbara, Francisco Morazán, La Paz y Choluteca.
«Hay una matriz extractiva intacta. No hay una voluntad ahora mismo, a pesar de que hay un gobierno que se autodenomina como progresista, en este caso como social demócrata», reflexionó Vijil.
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Agregó que «las acciones no han sido contundentes en relación a tocar el proyecto de la matriz como tal, sino, bueno, hay una declaratoria de boca, por ejemplo de Mi Ambiente [Serna] de decir no más minería a cielo abierto. Sin embargo, no ha pasado por el procedimiento que le compete, que es ir al Congreso Nacional y hacer efectiva la misma».
Vijil señaló que existe una debilidad institucional que no está permitiendo documentar la conflictividad, documentar los impactos ambientales de los proyectos extractivos por la opacidad de las instituciones que alegan que no hay datos.
En la misma línea mencionó el impacto de la corrupción extractiva que afecta inmediatamente los derechos humanos de las poblaciones. Uno de estos casos, reportó fue el caso Pandora, que constituyó el desvió de dinero que estaba destinado a grupos campesinos y que terminó en los bolsillos de algunos funcionarios y partidos políticos.
Vijil recalcó que existe una necesidad de entablar nuevos diálogos jurídicos sobre que detrás de esta corrupción extractiva hay personas víctimas, con nombre y apellido.
En cuanto al crimen organizado, la analista socioambiental refirió que en Honduras todas y todos saben por dónde pasa la droga, menos la policía. Lo que refleja una situación complicada sobre cómo el y la campesina y grupos ambientalistas se enfrentan al proyecto, a la empresa extractiva, a un Estado que no les atiende, sino también a grupos armados que están también en disputa por el territorio para transitar.
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«Lo podrán o no compartir conmigo, pero sí hay un cierre del espacio cívico y nos preocupa porque está costando mucho acceder realmente a espacios de discusión y donde podamos incidir. Es decir, hay que estar rogando a los espacios y parecía que iba a ser más fácil ahora mismo acercarnos a la autoridad, pero no está siendo así, entonces sí consideramos que se ha reducido mucho y no es con todas las instituciones con las que podamos tener un dialogo no de crítica, sino que realmente tenemos propuestas», expresó Vijil.
Sobre el sujeto social que está en los territorios y qué lo caracteriza, la analista socioambiental declaró que la migración ha descompuesto por completo las estructuras de las comunidades rurales. Es decir, todos los elementos arriba mencionados han desconfigurado y tiene al sujeto social en esta disputa por la vida y cubrir sus necesidades primarias antes que exigir y demandar el cumplimiento de sus derechos.
«Hay una nueva reconfiguración del sujeto social, que creemos que ha tenido un techo ahora mismo con este gobierno y con la transición. Un techo de decir: ‘bueno vamos a dar tiempo, vamos a esperar’, pero este discurso ya está un poco cansando y agotado en el sentido de que hay que iniciar con acciones», concluyó.
ACAPARAMIENTO Y DESPOJO DE LA TIERRA PARA ENRIQUECER AL MODELO ECONÓMICO DEPREDADOR
Por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala, David Paredes, planteó que la situación en su país no dista del resto de Centroamérica. Haciendo énfasis en cómo el modelo económico depredador está impactando en la riqueza en biodiversidad de los recursos naturales en Guatemala.
«Acá, pues las empresas son las que se apropian de las riquezas naturales y se benefician de ellas obteniendo ganancias. Acá estamos hablando del puro materialismo, dejando de lado la espiritualidad, como nosotros lo consideramos en nuestro país», compartió Paredes.
Entre las principales fuentes de contaminación de este modelo económico, identificó los rubros relacionados a la industria manufacturera, la agricultura, ganadería, piscicultura y pesca, el sector de la construcción, los suministros de electricidad, agua y servicios de saneamiento y la explotación de minas y canteras.
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El guatemalteco advirtió sobre las patentes que están siendo impuestas en los recursos genéticos de su biodiversidad. A la vez que se impulsan los transgénicos y los monocultivos, que terminan beneficiando a las grandes empresas por encima de los derechos de las poblaciones, resultando en un Estado permisivo a las grandes corporaciones.
«Hay acaparamiento y despojo de la tierra. Hay en estos momentos desalojos que están sucediendo. Son cientos las ordenes de desalojo que se cuentan en el país para mover de ahí a comunidades enteras y que sean estos lugares, su uso para las empresas. El Estado en este caso no tiene una política para poder atender a las poblaciones desalojadas», recalcó.
LA CRIMINALIZACIÓN CONTRA DEFENSORES DISFRAZADA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN EL SALVADOR
Desde El Salvador, el coordinador del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, César Artiga, apuntó que lo que se ha visto en el país con el ascenso al poder del presidente Nayib Bukele —a quién omitió llamarlo por su nombre— es un proceso de flexibilización de la normativa ambiental para imponer mega proyectos.
«Esta administración desde que estaba en la campaña electoral su plan de gobierno, su oferta electoral se llamaba el plan Cuzcatlán, retomando el tema ancestral del nombre del país, y básicamente estaba basado en proyectos insignes y proyectos grandes de infraestructura», relató.
Compartió que se está impulsando una política de destrucción del medio ambiente y de que no exista el debido proceso, sumado a un estado de excepción que se ha prestado para la persecución y la detención arbitraria de muchas personas defensoras del territorio.
«Hay un caso muy sonado que creo que ustedes lo conocen muy bien, que es el caso de los compañeros de Santa Marta, defensores que han estado históricamente librando una gran lucha contra la minería metálica en El Salvador. Pero también hay muchos casos de personas defensoras, de mujeres de juntas de agua, de personas que están defendiendo bosques […] que han sido detenidas sin el derecho de presunción de inocencia y sin derecho al debido proceso, porque ahora hay un individuo [Bukele] que es el que decide por los jueces, por los diputados y diputadas», resaltó.
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EL ESPEJISMO DE LA SOSTENIBILIDAD EN COSTA RICA
La representante de la Alianza Escazú de Costa Rica, Cheymi Gallardo Sánchez, indígena del pueblo Bribri, señaló que, pese a que el Acuerdo de Escazú fue impulsado y adoptado por el Estado, este aún no ha ratificado el tratado.
Gallardo detalló que el 1 de febrero de 2023, al presentarse la moción para discutir el Acuerdo de Escazú ante la Asamblea Legislativa, porque pronto vencería el plazo para su ratificación,»lastimosamente, con once votos a favor y 41 votos en contra se rechaza la moción de discusión y el Acuerdo de Escazú se archiva».
La representante de la Alianza Escazú de Costa Rica lamentó que no exista divulgación de la información sobre lo que es el Acuerdo de Escazú en las comunidades, en los territorios, ni la población y quienes conocen más el tema son las personas que están en la ciudad.
«Las personas que vivimos en las zonas rurales no tenemos el acceso de información que deberíamos de tener, porque al final nos afecta a nosotros como pueblos indígenas, que vivimos una lucha constante, día con día por proteger los territorios que tenemos. Lamentablemente, Costa Rica a lo largo de estos cuatro años se ha visto como se han matado a líderes indígenas por proteger las tierras», compartió.
Gallardo recalcó que desde el Estado pueden decir que van a apoyar a los pueblos indígenas, pero esto es un decir que no llega a acción. Apuntó que en vez de apoyar los temas que influyen en el combate de la crisis climática, mas parece estar interesado en ocultar la problemática interna ambiental que vive el país.
«Perdón, pero Costa Rica por fuera se vende como un país verde, le llegan millones, pero esos millones nunca llegan a las comunidades y el Acuerdo de Escazú para Costa Rica sería un impulso tanto para las comunidades como para las personas que defienden el ambiente. Pero eso no lo ven ellos, ellos lo ven mal. ¿Por qué? Porque claramente va a impedir ‘su progreso’, claramente va a venir a hacerles daño, porque a ellos no les gusta que se de a conocer la realidad de Costa Rica por fuera, porque ellos lo venden muy bonito», subrayó.
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Agregó que el país tiene grandes problemas de pertenencia de tierra de los pueblos indígenas, pero de eso no se habla. También que se han asesinado a personas, pero eso no lo hablan en las COP, mantienen engañados a la población y señaló a la ganadería industrial por el daño que producen y tener en su poder grandes extensiones de tierra.
SEÑALAN LA PROBLEMÁTICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ EN PANAMÁ
La representante por Panamá de la Red de Escazú, Vielka Méndez, quien es indígena Ngäbe, declaró que su país no está alejado de la realidad del resto de los países, incluida la corrupción. Sin embargo, señaló que no se suele tocar la persecución, intimidación a la que se ven expuestas las personas periodistas y medios que llegan a tocar el tema del rescate de los bienes comunes.
Mendez afirmó que Panamá fue uno de los primeros países en suscribirse al Acuerdo de Escazú, pero también lo ratificaron a través de la ley 125 del año 2020 que fortalecería las temáticas ambientales, justicia y acceso a la información.
«Suena bonito, está escrito, hay una ley, […] pero a este día, no escapamos de que nos están faltando a estos derechos humanos», manifestó. Agregó: «Nos falta mucho en el tema de la implementación, como tal dentro de nuestro territorio». Argumentó, que al igual que en Costa Rica, la información no llega a las poblaciones y comunidades indígenas.
«En el contexto socio-político que tenemos actualmente en Panamá, tenemos el tema de las empresas que están afectando grandemente porque hay acuerdos bajo la mesa, en los que en la pantalla muestran una cosa, pero tras la pantalla hay acuerdos que afectan a las poblaciones vulnerables», apuntó.
La integrante del pueblo indígena Ngäbe mencionó que en Panamá existe legislación sobre derechos ambientales, pero falta aún llegar a todas las comunidades. «Panamá es pequeño, pero hay lugares de muy difícil acceso», mencionó.
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Méndez indicó que la deforestación del Darién y la minería son problemas latentes en el país. «Estamos alerta, porque hay acuerdos entre los Estados y estas empresas mineras. Nosotros como pueblos originarios, por esta lucha [contra la minería] tenemos mártires, que dieron su vida para que hoy estuviésemos sin minería en nuestro territorio. Sin embargo, es un tema que nosotros siempre abordamos y tratamos de sembrar en las futuras generaciones», afirmó.
