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Honduras “libre de minería” solo quedó en un comunicado

Texto: Asael Barahona

Edición: Emy Padilla

Ilustración de portada: Guillermo Burgos

Edición de video: Henry Alvarado

Tegucigalpa. -El gobierno de Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) bajo una falsa ilusión declaró a Honduras “libre de minería, sin embargo, la realidad contraria los hechos y las mineras arrecian sus acciones en contra del ambiente y las comunidades que se oponen a la actividad extractivista.

El pasado 28 de febrero Mi Ambiente, mediante un comunicado, declaró a Honduras un país “libre de minería”, sin embargo, la realidad refleja todo lo contrario, inclusive, el titular de la secretaría de Estado, Lucky Medina, ha reculado en varias posturas.

La Frase:

“En atención al Programa de Gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro, en consonancia a los principios de justicia climática, respeto, protección a los recursos naturales: Se declara todo el territorio libre de minería a cielo abierto”, detalla el comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras (Mi Ambiente). (Descargue aquí el comunicado)

Durante el discurso de toma de posesión como presidenta de Honduras, Castro, prometió que no se otorgarían permisos para proyectos extractivistas en el país y un mes después, el gobierno fue más allá al anunciar que se cancelaba la aprobación de permisos de explotación y se procedería a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones.

“No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explicación de nuestros ríos, cuentas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados”, manifestó Castro el 27 de enero, tras jurar como la nueva mandataria.

En su plan de gobierno para el periodo 2022-2016, en el punto 6.2 nombrado “Protección del medio ambiente y desarrollo forestal”, en el inciso nueve, Castro se compromete a eliminar las concesiones de minería a cielo abierto que atentan contra el patrimonio natural de la nación, criminalizan y desplazan a comunidades.

Cifras del último Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas indican que, entre 2010 a 2019, al menos 140 activistas de bienes comunes y defensores de la tierra fueron asesinados.

De igual manera, el informe de Global Witness Última Línea de Defensa de 2021 expone que Honduras es el quinto país del mundo donde más personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas durante 2020, contabilizando 17 asesinatos, siendo también la nación de la región centroamericana con más crímenes contra ambientalistas.

Según datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), el número de concesiones mineras en el país ronda los 372 permisos, establecidos en 16 de 18 departamentos, con mayor repercusión en el norte del país. Alrededor del 20% de las concesiones están en territorios indígenas y garífunas.

Cortés, Choluteca, Valle, Olancho, Francisco Morazán, El Paraíso y Santa Bárbara son los departamentos donde más se otorgan concesiones.

Un análisis del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), indica que, según la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en Honduras, hasta 2018, existían aproximadamente 177,156 hectáreas otorgadas para la explotación de minerales metálicos y no metálicos, lo que representa el 1.57% del territorio nacional.

Asimismo, se expone que al menos 7 de cada 10 municipios en Honduras tienen un territorio concesionado para la instalación de proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos, monocultivos o agrarios, entre otros. 

Los proyectos extractivistas han generado en las comunidades, aparte del daño y devastación del ambiente, persecución, criminalización, desplazamiento forzado y asesinado de habitantes donde se han instaurado.

Para el caso, en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, al menos 32 defensores del ambiente y del agua han sido criminalizados por la justicia desde 2018 cuando se levantaron con acciones de protesta contra la empresa Inversiones Los Pinares por la devastación de los ríos Guapinol y San Pedro, seis de estos han sido asesinados y ocho guardaron prisión injustamente por más de 29 meses.

El Estado otorgó a la empresa propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, hija de uno de los más poderosos empresarios de Honduras, el fallecido Miguel Facussé, la concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, afectando más de 14 comunidades que luchan para evitar la destrucción de sus recursos naturales y que organizaron, para tal fin, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Ocho de los 32 defensores fueron puestos en prisión por dos años y medios, durante todo este tiempo la empresa adscrita el Grupo EMCO Holding continúa sus trabajos de explotación con dos proyectos mineros a cielo abierto.

Otro caso de extractivismo que ha generado fuertes confrontaciones y persecución contra defensores del ambiente y sus comunidades, es la concesión minera en la comunidad de San Andrés, en Azacualpa, municipio de La Unión, en el occidental departamento de Copán.

La maquinaria de la empresa Minerales de Occidente S.A. de C.V. (MINOSA), filial de la transnacional Aura Minerals, ha devastado el cementerio ancestral de la comunidad Maya Chortí que tiene más de 200 años de existencia y ha exhumado cientos de restos humanos para la explotación de oro y plata.

Lo más lamentable es que la propia policía de la zona acompaña las perforaciones y las acciones para dinamitar el cerro violentando dos sentencias, una por parte de la Sala de lo Constitucional y otra de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que ordenaron parar las exhumaciones.

Lo anterior refleja que la determinación de declarar a Honduras como un país libre de minería se aleja de la verdad, por el contrario, las represiones y operaciones de violencia contra los defensores de sus comunidades está en aumento sin que las autoridades ejecuten acciones reales para detener los proyectos de devastación del ambiente, tal como lo cuestiona un comunicado del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

En entrevista con Criterio.hn, el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad y también coordinador del MADJ, Víctor Fernández, cuestionó el discurso en los posicionamientos del gobierno de Castro que se alejan de la realidad que enfrentan las comunidades afectadas por la minería.

“Al nuevo gobierno le hace falta claridad sobre lo que debe hacer, le falta fuerza, determinación y le está faltando reconocer, como gobierno, con la autoridad para defender el territorio, la soberanía, para poner orden frente al abuso de las empresas extractivas”, declaró.

Lea, además: Doble discurso de nuevo gobierno eleva riesgo a defensores del territorio y ambiente en Honduras

Para el ambientalista y miembro de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Cristopher Castillo, la declaratoria de “Honduras libre de minería” se aleja con creces de ser una realidad.

Castillo indica que la declaratoria se hizo a nivel de secretaría, pero no fue reforzada mediante un Decreto Legislativo por parte del Congreso Nacional o un Decreto Ejecutivo por parte de la presidencia.

“Es importante que, acompañado de una declaratoria de carácter oficial, tiene que haber una clarificación pública sobre el estado de concesiones en Honduras”, dijo.

“Queda un largo camino por recorrer, por todo lo que tiene el pensamiento de monetización de la tierra que hay que cambiarlo además reforzar las decisiones en un nivel interinstitucional con un argumento claro y contundente para que no exista ningún tipo de ventana que permita su continuidad”, añadió.

Cabe señalar que el 70% de concesiones que se han otorgado son para la explotación de minería a cielo abierto, 20 subterráneas, ocho sondeos en búsqueda de petróleo, aguas subterráneas y gas natural.

“No basta con un pronunciamiento tiene que haber acciones legales, gubernamentales sólidas para la expulsión de estos proyectos”, sostuvo Castillo.

La coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas en Honduras (COPINH), Berta Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, señaló que es una tarea compleja desmantelar el modelo extractivo-minero.

Tras la supuesta declaratoria “libre de minerías”, Zúñiga Cáceres reprocha que se haya montado una campaña en medios corporativos para presionar al gobierno a retroceder a pesar de las irregularidades en el licenciamiento ambiental.

“Los pueblos afectados debemos hacer un frente de la lucha para defender, en conjunto, la voluntad y derecho de revertir un modelo económico basado en corrupción, abuso y violación de derechos territoriales de comunidades indígenas”, expresó.

El equipo de Criterio.hn intentó de varias maneras lograr entrevistar al titular de Mi Ambiente, Lucky Medina, se le llamó, se le mandaron mensajes por WhatsApp, se visitó la sede del ente, inclusive se solicitó a la relacionadora pública, Sara Velásquez, consignar una entrevista, sin embargo, fue imposible tener acceso al funcionario público.

Un día después de hacerse público el comunicado, Medina salió al paso en un foro de televisión aclarando que la cancelación de concesiones deberá esperar y anunció operativos para “mejorar ecosistemas” y “no afectar a las comunidades”.

Del mismo modo, afirmó que “las minerías seguirán en operación bajo estrictas medidas de supervisión y con mejores prácticas”.

La actividad extractiva apenas general el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, es decir, unos 353 millones de dólares. Unos 163,8 millones de dólares se generan por extracción de oro, 46,7 por zinc y 25,7 por plata, según reportes del Banco Central de Honduras (BCH).

Por todo lo anterior, podemos concluir que es falso que Honduras sea un país libre de minería, por el contrario, el gobierno de Castro ni siquiera convirtió en ley el comunicado que exhibió Mi Ambiente y a raíz de esto las medidas coercitivas que violentan y vulneran los derechos de las comunidades se incrementaron.

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