Tegucigalpa. –En el juicio a Marco Bográn y Alex Moraes, por la compra sobrevalorada de siete hospitales móviles, han salido a relucir los nombres Juan Orlando Hernández y de Mauricio Oliva, como partes involucradas en este sonado caso de corrupción registrado en el momento más álgido de la pandemia por la COVID-19.
“Estos nombres forman parte del vaciado telefónico que se realizara tanto a los chats vía WhatsApp que se encontraron en el teléfono tanto del señor Alex Moraes como del señor Marco Bográn, especificando que se solicitaba información sobre las órdenes de compra, cómo se realizarían los envíos procedentes desde Europa, vía área, en primera instancia o vía marítima en segunda instancia”, detalló el portavoz del Poder del Judicial, Carlos Silva.
El vocero aclaró que lo anterior no significa que se haya acusado a los dos altos funcionarios. Además de Hernández y Oliva, las pericias también encontraron otros nexos de secretarios de Estado que participaron en reuniones de Consejo de Ministros y de exsecretarios de Estado que tuvieron injerencia en el tema.
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Marco Bográn, exdirector de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), y Alex Moraes, exadministrador, fueron acusados de dos delitos de fraude y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios.
En marzo de 2020, Invest-H pagó 47.8 millones de dólares (L.1,200 millones) por la compra de siete hospitales móviles a una empresa en Turkia. La compra se efectuó a través de la empresa intermediaria Elmed Medical Systems, del inversionista Axel López.
El Ministerio Público acusó a López, quien se encuentra prófugo de la justicia, de dos delitos de fraude en contra de la administración pública.
COMPRA FRAUDULENTA
La operación fue considerada de fraudulenta por el Ministerio Público, que además catalogó a los hospitales móviles de no ser funcionales para atender a los pacientes con COVID-19.
A través de una investigación, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estableció que el valor real de mercado de los hospitales móviles corresponde a un treinta y un por ciento (31 %) del monto pagado, es decir, USD 14,925,314.47.
El día de la detención de Marco Bográn, su abogado defensor Marco Tulio Castro, afirmó que las compras fueron consensuadas con el gobierno.
Castro aseguró que Marco Bográn no tomó esa decisión porque se le ocurrió. Asimismo, que sus actuaciones estuvieron respaldadas por la ley, porque tanto el Consejo de Ministros como el Poder Legislativo emitieron decretos autorizando a Invest-H a efectuar las compras directas.
El abogado contó que Bográn expresó ante un juez en materia de corrupción que no había sido una ocurrencia de él, sino que “fue instruido por los ministros que tenían que ver con la pandemia. No fue una decisión unilateral».
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El juicio a Bográn y Moraes finaliza el 31 d enero. Se contempla la presentación de 70 medios de prueba, de ellas, 50 son documentales, ocho periciales, dos evidenciales y dos testificales.
Los siete hospitales móviles fueron adquiridos para atender a pacientes con COVID-19, pero hasta la fecha ninguno funciona para tal fin.
La transacción se hizo al margen de lo que establece la Ley de Contratación del Estado porque se efectuó de manera directa, por lo que no se hizo contraste de oferta y de proveedores y se realizó sin garantías de calidad y de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo directivo de Invest-H», señaló el Ministerio Público.
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