Tegucigalpa. – A un año de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), la confirmación de las sentencias contra ocho de las personas condenadas por el asesinato de la lideresa ambiental lenca, Berta Cáceres, siguen en pausa.
El letargo de la Corte Suprema presidida por Rolando Argueta parece haber sido heredada por la actual, que continúa sin resolver los recursos de casación interpuestos por los abogados defensores de siete de los autores materiales y el coautor David Castillo, encontrados culpables en noviembre de 2018 y julio de 2021, respectivamente.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) señaló, este viernes 16 de febrero, que la “busqueda de justicia para Berta Cáceres enfrenta serios obstáculos” a causa del retraso en los procedimientos legales.
Noticia relacionada: Declaran sin lugar recurso que buscaba favorecer con “amnistía” a David Castillo
La organización apuntó que “es imperativo que se confirme la sentencia y se brinde justicia a la familia de Berta Cáceres, al Copinh y a todas las víctimas involucradas en este caso”, señalando que la acción es “un paso crucial hacia la justicia plena”.
Pormenorizaron que la demora en resolver los recursos de casación interpuestas por la defensa de los imputados impacta significativamente en las víctimas y “envía un mensaje preocupante a nivel nacional e internacional, poniendo en duda la capacidad del sistema de justicia hondureño para actuar de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales”.
AVANCES Y OTROS DESAFIOS POR SUPERAR EN LA CAUSA BERTA CÁCERES
La ambientalista y lideresa lenca del Copinh, Berta Cáceres fue asesinada la noche del 2 de marzo de 2016 por oponerse y evidenciar la corrupción detrás de la instalación inconsulta del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), propiedad de la familia Atala Zablah.
Entre las últimas acciones promovidas por el Ministerio Público en la causa Berta Cáceres se encuentra un requerimiento fiscal con orden de captura contra Daniel Atala Midence, quien era gerente financiero de DESA. No obstante, a la fecha no se ha efectuado la orden de captura y se desconoce su paradero.
Atala Midence habría realizado movimientos bancarios dos días antes del asesinato de Cáceres, que incluyeron la transferencia de USD 1.2 millones entre su empresa Concretos del Caribe S.A. (Concasa) y la compañía Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (Pemsa), propiedad de David Castillo, según denunció en abril de 2021 la acusación privada en la causa Berta Cáceres.
Lea también: Red de corrupción actuó maliciosamente en favor de DESA: conclusiones en juicio Fraude Sobre el Gualcarque
La Corte de Apelaciones de Santa Barbará revocó en diciembre de 2023 el sobreseimiento definitivo en favor del exalcalde y ex vicealcalde del municipio de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda Pineda y Plutarco Mejía Cardona, respectivamente. Al mismo tiempo que decretó auto de prisión contra ambos acusados por suponerlos responsables del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
Actualmente, sigue pendiente el fallo en el caso Fraude sobre el Gualcarque, que involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad inídega Lenca de Río Blanco. El exalcalde Raúl Pineda Pineda también figura entre los seis implicados en la causa.
