El Ejecutivo justifica la suspensión de la reforma ante lo que califica como un “debate malintencionado” y anuncia la creación de una mesa técnica para evaluar el tema con mayor profundidad
Tegucigalpa, Honduras. – Tras la suspicacia generada por la propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto General de la República 2025, que planteaba redireccionar los excedentes presupuestarios de diversas Secretarías del Estado hacia la partida 449, conocida popularmente como “partida confidencial”, el Poder Ejecutivo ha solicitado formalmente al Congreso Nacional la suspensión de la discusión de dicha reforma.
Además, señaló en conferencia de prensa, que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro se solicitó dicha suspensión y ordenó entablar una mesa técnica para brindar una “opinión oficial”. “El Poder Ejecutivo considera que la reciente presentación de las reformas es extemporánea y debe ser evaluada nuevamente”.
El titular de Finanzas, aseguró que los fondos se asignan a partidas presupuestarias y libretas bancarias de carácter público y plenamente auditables, y que “no existe ninguna partida confidencial, ya que estas desaparecieron con el cierre de los fideicomisos y la derogación de la ley de secretos”.
Las declaraciones de Duarte, sobre la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y la supuesta desaparición de la partida confidencial contrastan con la percepción histórica y la desconfianza que ha generado la partida 449.
Reportes tanto de medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil han señalado que, aunque formalmente se hayan cerrado fideicomisos y derogado leyes de secreto, en la práctica existen mecanismos que permiten al Ejecutivo disponer de fondos sin un control riguroso ni supervisión efectiva por entes fiscalizadores.
Analistas consideran que la insistencia en calificar como “malintencionado” el debate público y la solicitud de suspender la discusión para evitar cuestionamientos solo alimentan la percepción de opacidad y falta de rendición de cuentas.
¿QUÉ CONTIENE LA PROPUESTA?
El Congreso Nacional discutió el martes la reforma a la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2025 que permitiría al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, incorporar periódicamente los excedentes presupuestarios de la administración central a la cuestionada partida 449.
La iniciativa, presentada por el diputado y primer vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, contemplaba modificar 18 artículos del presupuesto y autorizar al Ejecutivo a realizar las operaciones financieras necesarias para transferir estos fondos mediante un proceso de ampliación presupuestaria.
La diputada del Partido Salvador de Honduras Fátima Mena, señaló que este gobierno liderado por el partido Libertada y Refundación (Libre) “ha tenido una pésima ejecución presupuestaria”.
En ese sentido, la propuesta generó rechazo en la oposición, que denuncia un posible manejo discrecional y opaco de los recursos públicos, mientras que Pino defendió la legalidad y transparencia de la partida, aclarando que esta incluye gastos públicos importantes como el presupuesto electoral y no es una partida secreta como se ha afirmado.
EXCEDENTES DESTINADOS A LA PARTIDA 449: RIESGOS DE CLIENTELISMO Y OPACIDAD
La propuesta de reformar, genera preocupación por los posibles conflictos que podría acarrear, según el abogado Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
En entrevista con Criterio.hn, Acevedo calificó la reforma como “riesgosa”, especialmente en un contexto de baja recaudación fiscal que ya afecta la ejecución presupuestaria.
Además, advirtió que la medida podría abrir la puerta al uso discrecional de recursos para fines políticos, como el clientelismo o el fortalecimiento de campañas electorales, lo que resultaría perjudicial para la gestión pública y la transparencia en un año electoral.
Según el abogado, esta “excesiva libertad” que se pretendía otorgar a la partida 449 podría derivar en manejos conflictivos y poco transparentes, como los que se observaron en administraciones anteriores.
Sobre la suspensión de la discusión de la referida reforma, Acevedo interpretó que esta decisión refleja un reconocimiento de que la iniciativa no fue bien recibida y podría generar problemas en la administración pública. “Han caído en la cuenta que no fue algo bien visto y que incluso puede suponer un problema para la gestión de la administración pública”, señaló el abogado, quien insistió en la necesidad de cautela y mayor control en el manejo de los recursos públicos para evitar repetir errores del pasado.
