Aunque la Cancillería hondureña asegura no administrar ni gestionar contratos de lobby con firmas extranjeras, registros oficiales en Estados Unidos y documentos públicos demuestran que sí ha firmado y ampliado acuerdos con Arnold & Porter Kaye Scholer LLP.
La opacidad sobre los pagos y el origen de los fondos genera dudas sobre la transparencia y el uso de la partida 449, más conocida como “partida confidencial».
Tegucigalpa, Honduras. – Durante 2024, el Estado de Honduras continuó pagando servicios de lobby a la firma estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, para mejorar y promover la relación bilateral con Estados Unidos, en un contexto marcado por intentos de fortalecer la imagen del país ante el gobierno y el Congreso estadounidense, así como ante la opinión pública internacional
Sobre esta relación contractual vigente las instituciones hondureñas no han ofrecido información clara ni rendición de cuentas.
La Frase
“Esta gerencia administrativa no administra ni gestiona contratos con firmas consultoras extranjeras en concepto de lobby o asesoría a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, para mejorar y promover la relación con Estados Unidos”: Respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a una solicitud de información formulada por Criterio.hn [Memorándum N.386-GA-2025, 07 de mayo de 2025].
El contrato inicial, firmado para “mejorar y profundizar las relaciones” entre Honduras y el gobierno de Estados Unidos, ascendió a 630,000 dólares, con pagos mensuales de 90,000 dólares durante siete meses. Este acuerdo fue ampliado el 25 de mayo de 2023, extendiéndose hasta finales de ese año.
Según la información publicada en el registro estadounidense FARA, la gestión y pago de este contrato fue realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, es decir, la Cancillería. A razón de ello, El Mirón [la sección de verificación de Criterio.hn] realiza la verificación para constatar dichas relaciones.
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CANCILLERÍA SE DESMARCA DE GESTIÓN CON FIRMA CONSULTORA
Criterio.hn dando seguimiento a la extensión del contrato de 2024 solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por medio del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), el referido contrato.
En ese sentido, la oficina de relaciones respondió a la solicitud SOL-SRE-1028-2025 señalando que “esta gerencia administrativa no administra ni gestiona contratos con firmas consultoras extranjeras en concepto de lobby o asesoría a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, para mejorar y promover la relación con Estados Unidos”.
Sin embargo, documentos y registros recientes contradicen esa afirmación, ya que la propia Cancillería aparece como parte contratante en la ampliación de un contrato con la firma internacional Arnold & Porter, dedicada a servicios de lobby en Estados Unidos.
La sección El Mirón intentó contactarse con el Canciller Eduardo Enrique Reina para despejar las dudas que surgen con la respuesta de la institución que él lidera, pero al cierre de esta verificación no obtuvimos respuestas.
El 10 de enero de 2024, se realizó una nueva ampliación por un período adicional de doce meses, vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024, manteniendo los mismos términos y condiciones del contrato original. La extensión fue firmada por el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, y el gerente de Arnold & Porter, Thomas A. Shannon.
El documento oficial con esta ampliación fue publicado el 2 de febrero de 2024 en el registro Foreign Agents Registration Act (FARA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Por otro lado, el 19 de marzo de 2024, la Cancillería solicitó una reserva de información sobre este proceso contractual, lo que limita el acceso público a los detalles del contrato, sus ampliaciones y principalmente los resultados argumentando esta acción en el numeral 5 del artículo 17 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referida a conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales.
En mayo de 2024, Eduardo Enrique Reina dijo a un medio de comunicación: “Se mantienen estos contratos con la firma Arnold & Porter, con la que trabajamos no solo con el señor Hugo Llorens, sino con el señor Thomas Shannon (exsubsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EUA) que también es parte”, confirmado así las negociaciones.
Por otro lado, la firma Arnold & Porter, reportó el 27 de febrero de 2025 que en 2024 asesoró a varios países, entre ellos Honduras “en notables acuerdos de financiamiento soberano en 2024”.
Ante estos hechos, crece la suspicacia de las razones por las que la Secretaría de Relaciones Exteriores se desmarca de Arnold & Porter Kaye Scholer LLP.
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Y AHORA, ¿QUIÉN PAGA LOS SERVICIOS DE LOBBY?
A fin de esclarecer la cantidad de recursos públicos destinados a este contrato, Criterio.hn solicitó formalmente a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que proporcionaran el monto pagado por el Estado de Honduras a la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP por concepto de lobby o asesoría.
En ese sentido, la Cancillería respondió a través del Memorándum N. 385-GA-2025 que “esta Gerencia Administrativa No realiza pagos a firmas consultoras extranjeras en concepto de Lobby o asesoría a Arnold & Porter Kaye Scholer L.LP. para mejorar y promover la relación con Estados Unidos”.
Otro hecho que genera incertidumbre es la respuesta de la Secretaría de Finanzas, entidad encargada de rectorar las finanzas del país, que asegura que entre 2023 y 2024 no se realizó ningún pago a través de la Gerencia Administrativa relacionado con el contrato de lobby con Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, lo que plantea dudas sobre cómo y desde dónde se están efectuando los desembolsos correspondientes.
En la solicitud de información, Finanzas facilitó los montos erogados en los años 2019, 2020 y 2021, cuando la administración de Juan Orlando Hernández contrató a la misma firma, pero negó que en la actual administración se hayan formulado pagos.
Sobre el origen de los fondos, Lester Ramírez, abogado y especialista en temas de transparencia, señala que, aunque la Secretaría de Finanzas y la Cancillería nieguen realizar pagos directos, es probable que los desembolsos provengan de la Casa Presidencial, a través de “partidas confidenciales». «Por ahí va a salir ese dinero, directamente de Casa Presidencial», afirma, lo que contribuye aún más a la opacidad en torno al uso de recursos públicos para estas contrataciones.
La partida a la que hace referencia Ramírez es la 449 que es un fondo reservado dentro del Presupuesto General de la República que se destina a gastos discrecionales del Poder Ejecutivo, sin necesidad de detallar su uso públicamente. Para el año 2025, esta partida cuenta con un monto de 12 mil millones de lempiras, recursos que pueden ser utilizados para diversos fines, incluyendo gastos operativos, aumentos salariales y financiamiento de actividades estratégicas del gobierno.
En noviembre de 2024, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, respondió a quienes cuestionaron la existencia y el uso de la llamada “partida confidencial”, asegurando que en realidad «no existe ninguna partida confidencial» en el Presupuesto General de la República.
En esa ocasión, Pino invitó a los críticos a acudir a la Secretaría de Finanzas para conocer en detalle cómo se ha ejecutado y planificado este fondo, enfatizando que la administración de estos recursos es “transparente y está sujeta a controles”.
Bajo este argumento, si el pago por servicios de lobby estuviera incluido dentro de la partida presupuestaria 449, su ejecución debería estar registrada y controlada por la Secretaría de Finanzas, sin embargo, esta no da cuenta de dichos pagos.
En ese sentido, Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), denuncia una “opacidad generalizada” en el acceso a la información por parte del gobierno hondureño, especialmente en torno a los pagos realizados a firmas de lobby extranjeras.
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¿QUÉ TAN NECESARIO ES EL LOBBY?
El lobby es una práctica común utilizada por gobiernos y actores privados para influir en la toma de decisiones públicas, especialmente en países como Estados Unidos, donde la actividad está regulada y forma parte del proceso democrático. Los estados contratan firmas de lobby para facilitar el acceso a información clave, anticipar cambios legislativos y promover sus intereses ante el Ejecutivo y el Congreso estadounidense.
Principalmente, estas contrataciones buscan incidir en políticas migratorias, comerciales y de cooperación, así como fortalecer las relaciones bilaterales y asegurar que las prioridades nacionales sean consideradas en la agenda estadounidense.
En el caso de Honduras, Juan Carlos Aguilar, cuestiona la efectividad del lobby contratado, argumentando que no ha logrado acercamientos reales ni cambios concretos en la relación bilateral con Estados Unidos. Puso como ejemplo la no renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños que –en estos momentos ha generado incertidumbre porque el gobierno estadounidense no se ha pronunciado— y la falta de avances en temas migratorios y arancelarios, aspectos, que a su juicio, deberían haberse beneficiado de una gestión de lobby efectiva.
Aunque los ejemplos de Aguilar, podrían ser debatibles considerando las políticas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump y las medidas arancelarias arbitrarias que han sido aplicadas, sin excepción alguna, a todos los países del mundo. No obstante, alertó que la falta de transparencia y rendición de cuentas en la contratación y gestión del lobby representa un gasto público sin resultados visibles para la política exterior hondureña, y que esta práctica refleja un incumplimiento del compromiso gubernamental con la apertura y la lucha contra la corrupción.
Para Lester Ramírez, aunque los gobiernos suelen justificar estos contratos como una herramienta para obtener información privilegiada y anticipar problemas en la agenda bilateral, su impacto real en la incidencia política dentro de la administración estadounidense es, en la práctica, muy limitado.
«El lobby que ellos hacen es más que todo para recolectar información de lo que se está hablando en el Congreso y en la Casa Blanca, no tanto para influir en decisiones de alto nivel», explica Ramírez. Añade que, si bien es común que los gobiernos recurren a este tipo de servicios para mantenerse informados y gestionar reuniones, muchas veces las embajadas no cumplen completamente esa función, lo que lleva a la contratación de consultoras privadas.
El Mirón concluye que lo que asegura la Cancillería, en cuanto a que no administra ni gestiona contratos con firmas consultoras extranjeras en concepto de lobby o asesoría a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, para mejorar y promover la relación con Estados Unidos es FALSO porque los registros oficiales y la solicitud de reserva de información evidencian su participación activa en la contratación y ampliación de servicios con firmas extranjeras para labores de lobby, que de acuerdo con los analistas genera más dudas sobre la transparencia y coherencia institucional en el manejo de estos procesos.
