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Constituyente: el tema que divide a los políticos y genera controversias

Constituyente: el tema que divide a los políticos

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Foto portada: En conmemoración del 13 aniversario del golpe de estado se promovió una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva Constitución

Tegucigalpa.- La apuesta por una nueva Constitución en Honduras sigue generando controversias en la clase política, en 2009 fue la justificación para promover un golpe de Estado y derrocar al entonces gobernante Manuel Zelaya Rosales, 13 años después la división se mantiene.

Tras conmemorarse los 13 años del golpe de Estado en Honduras, el pasado 28 de junio, se desarrolló un foro, en Casa Presidencial, en el que se planteó una nueva constitución como solución a problemas históricos de la nación, sin embargo, resurgió la división enraizada en la clase política que concuerda debe ser la población quien apruebe o no una Asamblea Nacional Constituyente.

El designado presidencial Salvador Nasralla, quien se unió en alianza con Xiomara Castro para ganar las elecciones de noviembre contra el Partido Nacional, aseguró que ni él ni su partido político apuestan por instaurar una nueva constitución, al tiempo que afirma que la ciudadanía tampoco está de acuerdo.

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“No apoyo, nosotros con el Partido Salvador de Honduras no apoyamos ninguna Asamblea Nacional Constituyente y eso se dejó bien claro… He notado que la gente está descontenta porque la gente que votó por nuestra alianza votó por eso por una alianza”, declaró.

Según el designado presidencial, “es una percepción y no algo real” que el gobierno que preside Castro pretenda impulsar una nueva constitución, además señala que no se cuenta con los votos requeridos en el Congreso Nacional para llevarlo a cabo.

En entrevista a Criterio.hn, en fecha anterior, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor confirmó que el incremento de 400 millones de lempiras al presupuesto general del Consejo Nacional Electoral (CNE) será para impulsar consultas populares que abordarán temas constitucionales.

A juicio del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), el exconvicto Yani Rosenthal, en declaraciones anteriores indicó que no está de acuerdo en impulsar una constituyente, inclusive arguyó que no formó parte de una alianza con Castro en las elecciones pasadas a raíz de esa postura.

Contrario, el dirigente liberal, Eduardo Martell, es de la postura que la nación requiere de una nueva normativa constitucional, pero considera que debe ser la ciudadanía, mediante una consulta popular, quien decida si lo aprueba o no.

“Yo no le tengo miedo a la Asamblea Nacional Constituyente y nadie debería tenerlo siempre y cuando no se utilice para imponer una visión, sino que sirva como instrumento para que los diferentes sectores se puedan plasmar al desarrollo de la población”, expresó.

Martell valora que la manera para darle legitimidad a una constituyente radica en someter a la aprobación del soberano (Pueblo) y “conocer si respalda una iniciativa de tal naturaleza o no”.

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El dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre) exprecandidato presidencial, Nelson Ávila, asume que no es el momento para promover un cambio de orden constitucional siendo la ciudadanía el elemento clave que deberá definirlo.

“No es el momento, no es oportuno y, en consecuencia, para poderla hacer tienen que preguntarle a toda la nación no solo a personas de un solo partido, el problema es de la nación no un asunto partidario”, sostuvo.

Similar valoración tiene la diputada del PSH, la abogada Maribel Espinoza, quien aprecia primero se debe implementar un “diálogo social” que conlleve a una constituyente aprobada por el pueblo, pero cuestiona que en la actualidad hay temas más importantes por resolver.

“El pueblo decidirá si desea o no una constituyente, en consulta debe hacerse. Hoy es apremiante la multicrisis heredada y la derivada de la guerra. Se debe suscribir, bajo el liderazgo de doña Xiomara, el gran acuerdo nacional de emergencia”, dijo.

Agregó que se debe consultar al pueblo si está de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente que derive de un nuevo pacto social.

Para el dirigente sindical Carlos H. Reyes, desde el momento que se propició un golpe de Estado se quebrantó el orden constitución por lo cual es necesario una nueva normativa, aunque reconoce que “no es el momento”.

“Una Asamblea Nacional Constituyente desde el momento que se dio un doble golpe de Estado en 2009 y 2017 con la defenestración de Manuel Zelaya y la reelección de Juan Orlando Hernández, aunque en este momento no creo que sea lo más urgente, pero sí necesario una nueva constituyente y un nuevo pacto entre hondureños”, expresó.

Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, expone que debe consultársele a la población si acepta o no en una nueva constitución, no obstante, indica que “el 92% de la Constitución de Honduras se puede reformar sin necesidad de una constituyente”.

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“Es un proceso que debe ser altamente analizado, en lo particular creo que nuestra Constitución es una buena constitución, lo que pasa es que aquí la interpretan dependiendo qué les conviene”, agregó.

Es importante indicar que los Estatutos del Partido Libre, en su capítulo II, artículo 5, establece como finalidad refundar el país mediante la Asamblea Nacional Constituyente que reúna las distintas expresiones y necesidades de la población hondureña.

Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libre, explicó que, si bien existe un compromiso por llevar a cabo una constituyente, no está contemplado llevarse a cabo durante el gobierno de Castro.

“Dentro de los estatutos de nuestro partido existe el compromiso de hacer la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pero quiero aclarar categóricamente que, en el plan de gobierno de Xiomara, de estos cuatro años eso no está contemplado, no son los planes de gobierno”, aclaró.

En su historia, Honduras ha tenido 16 constituciones, la actual que data desde 1982 se creó poniendo fin a gobiernos militares y dando paso a la denominada “era democrática”, sin embargo, en junio de 2009 se intentó llevar a cabo una consulta popular llamada “Cuarta Urna” para conocer si el pueblo estaba de acuerdo en ser consultado sobre una Asamblea Nacional Constituyente.

La consulta no se realizó tras defenestrar a Zelaya Rosales bajo un golpe de Estado militar que en la actualidad mantiene efectos devastadores para la nación.

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