Entre los diputados que podrían ser señalados figuran Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Edgardo Casaña, Scherly Arriaga y Linda Donaire, todos ellos de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrantes de la Comisión Permanente.
Los impulsores de estos juicios políticos señalan que aquellos que integraron la Comisión Permanente y que no resultaron electos –como Luis Redondo— se les debe deducir responsabilidades, desde la fiscalía u otras instancias.
Tegucigalpa, Honduras. – Tras la aplicación de juicios políticos que derivaron en la destitución del exfiscal general Johel Zelaya; el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa y, de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán (propietario), así como de los suplentes Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, diputados del bipartidismo y organizaciones de sociedad civil intensifican la presión para extender este mecanismo a diputados que integraron la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
En este contexto, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, planteó que el Congreso Nacional debe ampliar el alcance de la figura de juicio político hacia otros actores que, a su criterio, también deben rendir cuentas por sus actuaciones.
Durante una entrevista brindada a un canal de noticias el pasado 16 de abril de 2026, Castellanos señaló que desde hace meses el CNA que no deben quedar al margen los diputados que formaron parte de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, cuestionada por la designación de Johel Zelaya Álvarez como fiscal general interino, y de Mario Morazán como fiscal adjunto interino, en noviembre de 2023.
Castellanos instó al Ministerio Público a investigar a quienes ya no ostentan cargos públicos, pero que pudieron haber incurrido en responsabilidades durante su gestión.
Consultada sobre si estas acciones podrían alcanzar al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; Castellanos respondió afirmativamente, al considerar que varios actores habrían contribuido a debilitar la institucionalidad democrática.
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DIPUTADOS PODRÍAN SER SOMETIDOS A JUICIO POLÍTICO
Semanas antes el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, también se refirió al tema, al señalar que los diputados que integraron la Comisión Permanente “tienen méritos legales para ser sometidos a juicio político”.
No obstante, reconoció que impulsar estos procesos podría interpretarse como persecución política, particularmente contra legisladores del Partido Libertad y Refundación (Libre).
En esa misma línea, el diputado del Partido Nacional, Jack Uriarte, dijo a medios de comunicación que un grupo de legisladores –no especificó nombre ni de qué bancada eran— trabaja en la articulación de una denuncia para promover juicios políticos contra exintegrantes de la Comisión Permanente.
Según Uriarte, la iniciativa aún no se presenta formalmente, ya que se encuentran en la fase de construcción de consensos con los diputados de las otras bancadas para alcanzar los 86 votos, cifra necesaria para aprobar este tipo de procesos.
El legislador indicó que esperan avanzar en este tema una vez que el Congreso apruebe el Presupuesto General de la República, previsto para los próximos días.
Entre los diputados que podrían ser señalados figuran Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Edgardo Casaña, Scherly Arriaga y Linda Donaire, todos ellos de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrantes de la Comisión Permanente.
Según Uriarte a estos congresistas se les atribuyen presuntos excesos en el ejercicio de sus funciones durante su participación en la Comisión Permanente.
Desde la bancada del Partido Libre surgen cuestionamientos sobre la legalidad y las implicaciones políticas de estos posibles juicios. En ese sentido, el diputado Germán Altamirano, advirtió que una eventual destitución de legisladores electos por voto popular representaría un precedente delicado para la democracia hondureña.
Altamirano señaló que, aunque el mecanismo de juicio político está contemplado en la ley, su aplicación en este contexto podría interpretarse como un abuso de poder.
Además, alertó que este tipo de decisiones podrían derivar en demandas internacionales contra el Estado hondureño, particularmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
No obstante, reconoció que, desde el punto de vista numérico, las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal podrían alcanzar los votos necesarios para concretar estos procesos, ya que entre ellas suman 90.
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SE DEBE ANALIZAR ANTES DE PROCEDER A ENJUICIAR DIPUTADOS
El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, considera que el tema debe analizarse con cautela, debido a sus implicaciones jurídicas y políticas.
Hernández aseveró que la Comisión Permanente pudo haberse extralimitado en sus funciones, pero subrayó que cualquier decisión debe priorizar la estabilidad democrática del país.
En ese sentido, planteó la necesidad de valorar si procede continuar con juicios políticos contra diputados en funciones o si corresponde profundizar investigaciones desde el ámbito penal.
Mientras que el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, fue más crítico al señalar que estos procesos podrían responder a una “cacería política” más que a criterios estrictamente legales.
En conversación con Criterio.hn el jurista señaló que la actuación de la Comisión Permanente se enmarcó dentro de sus atribuciones que le otorgaba la Constitución de la República en su artículo 208, lo que debilita los argumentos para impulsar juicios políticos en su contra.
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En tanto, el analista político Luis León explicó a este medio digital que, si bien la Constitución permite someter a juicio político a diputados, es indispensable determinar con claridad las causales.
León apuntó que el principal debate radica en establecer si las acciones de la Comisión Permanente fueron ilegales o si se realizaron dentro del margen de sus facultades.
Asimismo, cuestionó la forma en que se han desarrollado los recientes juicios políticos, al señalar inconsistencias procesales y falta de garantías como la presunción de inocencia en los procesos que se siguieron contra funcionarios judiciales y electorales.
El analista advirtió que la falta de un protocolo claro para estos procesos ha derivado en una “baja calidad” en la aplicación del juicio político en Honduras.
En medio de este escenario, el debate sobre el uso del juicio político continúa escalando, evidenciando tensiones entre actores políticos, organizaciones civiles y expertos en derecho.
