Tegucigalpa, Honduras.- La respuesta de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) ante los últimos acontecimientos violentos registrados en algunos barrios y colonias de la capital hondureña, que serían impulsados por disputa de territorios entre bandas criminales, sólo refleja la carencia de un plan integral que limite la operatividad y el poderío que actualmente poseen estas agrupaciones delictivas, según analistas consultados por Criterio.hn.
“La reacción de las autoridades de seguridad ante la creciente criminalidad en algunos barrios y colonias de la capital pone en evidencia que no hay una estrategia definida. La única reacción no debe ser sólo llegar al lugar a tratar de resolver la situación con más violencia. Eso no demuestra que se está siguiendo un plan, al contrario, pone en evidencia que no se está persiguiendo el delito ni persuadiendo a los criminales”, opinó Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Lo expuesto por el defensor de derechos humanos es sobre los acontecimientos violentos que se registraron por más de tres días consecutivos, de manera interrumpida, en el barrio Buenos Aires y zonas aledañas de la capital hondureña. Estos lugares, entre finales de abril e inicios de marzo, se convirtieron en el escenario en el que tres personas fueron ultimadas y otras tres resultaron heridas como resultado de enfrentamientos entre la pandilla Barrio 18 y El Combo que no se Deja, supuestamente disputando territorio.
Estos hechos violentos comenzaban alrededor de las 9 o 10 de la noche y terminaban cuando elementos de la Policía Nacional y Militar llegaban a la zona, según quedó registrado en medios de comunicación. Pero, por ejemplo, el conflicto agudizó el pasado miércoles uno de mayo, cuando los criminales se enfrentaron a disparos con los elementos de la institución armada que llegaron a la zona.
Sin embargo, el plan operativo, que contó con la presencia de unos 40 efectivos, orquestado por ambas instituciones armadas, no tuvo éxito. Pese a estar amparados en las facultades que les confiere el estado de excepción, allanaron varias viviendas en busca de los criminales, pero sólo lograron la captura de un joven de entre 17 y 20 años, a quien retuvieron para efectos de investigación.
“Lo que está pasando es una muestra de que no hay estrategia. La criminalidad y la violencia no se reducen simplemente con la presencia policial y militar en la zona conflictiva. Esto se combate potenciando la investigación y llevando a cabo procesos judiciales adecuados después de las capturas. Sin embargo, actualmente lo más probable es que los arrestados en estos lugares ya estén en completa libertad”, explicó Acevedo.
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PROMETEN REDUCIR LA CRIMINALIDAD CON PRESENCIA MILITAR
De hecho, un día después del enfrentamiento armado entre delincuentes y uniformados, el coronel Ramiro Fernando Muñoz, encargado de la intervención penitenciaria, informó que el barrio Buenos Aires y las zonas aledañas que estén en conflicto serán intervenidas permanente por la Policía Militar del Orden Público. El objetivo es devolver la tranquilidad a los habitantes, quienes en algunos casos han optado por abandonar sus viviendas.
«Vamos a poner nuevamente el destacamento en esa zona; vamos a apoyar con todo a los militares para que se enfrenten con estos grupos delictivos. Nada les cuesta (a los criminales) estar tranquilos. Sólo tienen dos opciones: o se arreglan o se van, que escojan. Ya vamos a ver si no se compone la situación a partir de ahora en el barrio Buenos Aires«, advirtió el jerarca militar en medios de comunicación.
De acuerdo con lo expuesto por Muñoz, la estrategia estructurada para combatir a estas estructuras delictivas sería la siguiente: mantener presencia militar y, si se desencadena un hecho criminal, actuar de manera rápida para capturar a los malhechores. «Nosotros no hemos utilizado mucho el estado de excepción, pero eso nos faculta para poder sacarlos a medianoche de sus casas», advirtió.
Sin embargo, contrario a lo que expuso Muñoz, la institución castrense sí se ha amparado del estado de excepción y, sumado a eso, incluso ha quebrantado lo que manda la Constitución de la República, ya que ha encabezado operativos como en el barrio Buenos Aires e intervenido varios departamentos, siendo estos los últimos Omoa en Cortés, al norte de Honduras, y nuevamente Olancho, en el extremo oriente del país.
Además, este año, que ha estado bajo estado de excepción, la institución castrense no sólo ha sido fortalecida con aeronaves y dispositivos para detectar drogas, sino que también cuenta con el segundo presupuesto más alto para el ejercicio fiscal de 2024, después del de la Policía Nacional.
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PICO DE CRIMINALIDAD PESE AL ESTADO DE EXCEPCIÓN
En una entrevista con Criterio.hn, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), explicó que es una sociedad es normal que se desarrollen o registren picos de criminalidad y violencia esporádicamente, pero en Honduras, precisamente en sus principales ciudades, la inseguridad impulsada por el crimen organizado se ha mantenido, pese a que está en vigencia un estado de excepción.
«Lo que está ocurriendo es una muestra de que en temas de seguridad el país no está avanzando. Los picos de violencia y criminalidad son normales en países en desarrollo, pero en Honduras esto se ha mantenido, incluso, empeorado, lo que es cuestionable porque estamos bajo un estado de excepción que precisamente se implementó para combatir y perseguir a los perpetradores del delito relacionado con la criminalidad», dijo Castañeda.
La crítica de Castañeda se centra en los escasos resultados positivos obtenidos durante el estado de excepción, el cual fue establecido específicamente para emprender una lucha directa contra la extorsión perpetrada por las diferentes maras y pandillas. «Las autoridades tienen una deuda pendiente con la población, especialmente con los grupos más vulnerables que han sido históricamente afectados por este delito», evaluó el abogado.
