Academia Hondureña de Geografía e Historia se pronuncia en contra de las ZEDE

Tegucigalpa.-  Este martes la Academia Hondureña de Geografía e Historia se pronunció en contra del proyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), luego de un análisis acerca de las violaciones a la Constitución y las leyes nacionales en que incurre el rechazado proyecto.

La Academia determinó mediante un comunicado que las ZEDE son inconstitucionales, porque con ellas se crean zonas territoriales, dentro de la geografía nacional, que escapan al imperio de la ley que rige en el territorio de Honduras. De Acuerdo con la ley de las ZEDE, esos territorios estarían gobernados por empresarios nacionales o extranjeros, con capacidades de gobierno en todos los ámbitos que se escapan del control del Estado de Honduras y se convierten en enclaves dentro de los límites geográficos del país.

Se concede el principio de extraterritorialidad, figura jurídica propia de la época del colonialismo-imperialismo. Dionisio de Herrera, en 1826, señaló que el desafío del nuevo Estado de Honduras era precisamente la unidad territorial y evitar los regionalismos; Morazán, igualmente, centró parte de su lucha en la integridad del territorio de la Federación frente a la injerencia de potencias extranjeras y el separatismo de algunos Estados, apunta el documento.

Es importante destacar los esfuerzos y luchas de otros defensores de la soberanía patria a lo largo de su historia, desde Lempira, José Santos Guardiola, hasta Froylán Turcios y Visitación Padilla. No olvidemos las repercusiones negativas para el país que tuvo el enclave bananero, con las mismas funciones que una ZEDE impuestas por la ley de la fuerza, no deja de ser insultante para el pueblo de Honduras que una de esas ZEDE lleve el nombre de Morazán.

Esta ley es violatoria de los artículos constitucionales del 6 al 14, con los que se establece la extensión de la jurisdicción nacional, porque con su aplicación reduce el territorio nacional en donde el Estado ejerce soberanía legítima.

El artículo 13, además, dice lo siguiente: «En los Casos a que se refieren los artículos anteriores, el dominio del Estado es inalienable e imprescriptible.»  De acuerdo con el constitucional «ARTICULO 19.- Ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República, quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la Patria.

La responsabilidad en este caso es imprescriptible, la ley de las ZEDE viola la integridad territorial de Honduras y la soberanía nacional.

Honduras negoció con Inglaterra, el 28 de noviembre de 1859, la devolución a la soberanía nacional de Las Islas de la Bahía y los territorios de La Mosquitia, en el tratado sin prescripción, Honduras se compromete a no molestar a los habitantes de esos territorios en la posesión de propiedad que en ellas hayan adquirido  y Honduras se compromete a no ceder dichas Islas o el derecho de soberanía a nadie, no cumplir con este compromiso significa que Inglaterra podría reclamar la devolución de esos territorios e islas con grave perjuicio para la integridad territorial de Honduras.

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Estaba consignada en la Constitución original de 1982, una disposición que no permitía la venta y posesión a extranjeros de territorios nacionales situados en zonas limítrofes con otros Estados y en las islas y en los territorios aledaños a las costas marítimas en una franja de 40 kilómetros desde la costa hacia el interior, esa disposición fue derogada maliciosamente y quienes aprobaron modificación de la Constitución podrían ser responsables del delito de traición a la Patria.

La ley de las ZEDES concede la atribución de legislar y de impartir justicia, atribuciones que pertenecen exclusivamente al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia, por su parte la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló, en una oportunidad, sobre la inconstitucionalidad de esa ley que posteriormente fue cambiada de nombre y aprobada en flagrante violación de la Constitución.

La sesión reciente del Congreso Nacional, de carácter virtual, en que se incrementaron las dispensas tributarias -un adicional sacrificio fiscal para el Estado hondureño, tuvo visos de nulidad por las irregularidades cometidas por la Junta Directiva del Legislativo, en claro abuso de poder, pero maliciosamente no se consignaron los nombres de los parlamentarios que votaron a favor.

El comunicado establece que la última violación de la Constitución en este asunto de las ZEDE lo ha cometido la Corte Suprema de Justicia al crear Tribunales con jurisdicción especial, otorgando a esos territorios desmembrados de la soberanía nacional, la capacidad de impartir su propia justicia.

Así mismo esta ley concede, ilegalmente, a las ZEDE el control del espectro radioeléctrico, la capacidad para establecer un régimen tributario, control migratorio, policía propia y su propio código penal, asuntos que, en la Constitución están reservados al Estado de Honduras.

Señala el silencio cómplice de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), que evita hacerse solidaria con los municipios aledaños a las ZEDE, cuyas tierras pueden ser expropiadas si así lo desean las personas que controlan las ZEDE y queda vulnerada la autonomía municipal.

Además, las ZEDE promoverán un desarrollo desigual, tal y como ocurrió con la instalación de las compañías bananeras en la Costa Norte, en detrimento del desarrollo del resto del país.

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Las ZEDES significan la instauración de mini Estados en el interior del Estado hondureño, con el peligro de que la delincuencia local e internacional se refugie en ellas para evitar acciones penales promovidas por el Estado hondureño y otros Estados.

En consecuencia, esta Academia Hondureña de Geografía e Historia, condena enfáticamente la ley de las ZEDE y se suma al clamor nacional para exigir su inmediata derogación, al mismo tiempo que recuerda a los responsables de este desaguisado jurídico por participar en su promoción, aprobación, promulgación y ejecución han transgredido normas constitucionales que castigan con el delito de traición a la Patria y que tal delito es imprescriptible.