Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Los delitos contra la mujer siguen siendo minimizados, ignorados, rezagados y menospreciados a la hora de dar castigo, sobre todo cuando quienes los perpetradores son hombres ubicados en altos cargos.
Este 13 de septiembre de 2022, un juez de letras designado en resolución de audiencia inicial, dictó auto de formal procesamiento para el diputado de Libertad y Refundación, Mauricio Orlando Rivera López, por tres delitos: daños, tráfico de influencias y perturbación del orden público, manteniendo las medidas dictadas en la audiencia anterior. No obstante, el juez de letras designado en su resolución, respecto al delito de violencia contra la mujer y coacciones, dictó sobreseimiento definitivo.
Juez de Letras Designado en resolución de Audiencia Inicial dicta Auto de Formal Procesamiento para el Diputado Mauricio Orlando Rivera por tres delitos; Daños, Tráfico de Influencias y Perturbación del Orden Público, le mantiene las medidas dictadas en la Audiencia anterior. pic.twitter.com/IdLZh1SA9G
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) September 13, 2022
Rivera apuntó que no comparte esa decisión, pero resaltó que está contento porque según él, se pudo demostrar que “en ningún momento hubo violencia en contra de la mujer”, además, aprovechó para sostener que fue Rina Alvarado, una magistrada mujer, quien resolvió que él no cometió violencia de género contra Tatiana Lara, directora de Ciudad Mujer.
Rivera reprochó que es primera vez en la historia que suspenden o continúan con medidas cautelares para un diputado por “el hecho de ayudar a la base de Libre”, además señaló que lo estaba luchando por el derecho de una mujer, a quien quería que colocaran en un cargo en Ciudad Mujer, pese a no tener los requisitos.
El 26 de agosto, el Poder Judicial dictaminó suspender de su cargo como diputado a Rivera, quien fue acusado de delitos de violencia contra la mujer, coacciones, daños, tráfico de influencias y perturbación del orden público.
Lea también: El “diputado más votado de Choluteca”, su violencia y misoginia que lo dejó en ridículo
FEMINISTAS RECHAZAN APOYO DE POLÍTICOS A RIVERA
Rivera quien alega ser el diputado más votado del departamento de Choluteca, lideró un acto violento el pasado 4 de mayo junto a un grupo de activistas del partido Libre, quienes, con pedradas y quema de llantas ocasionaros daños en la sede de la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, en Tegucigalpa, exigiendo a la titular Tatiana Lara, que nombrara a Ondina Marcela Mendoza como coordinadora del programa en Choluteca.
El diputado se sintió con poder para nombrar a sus allegados en cargos públicos, ese fue el fundamento que mencionó como motivo para emprender el acto violento que ahora lo ha llevado a someterse a un proceso judicial. Para ejercer presión ante sus exigencias, emprendió una campaña intimidatoria y despótica contra directores de entes públicos que se negaron a cumplir sus peticiones, entre ellas, de manera directa a Tatiana Lara.
Lea también: Políticos perpetradores de violencia contra la mujer enfrentarán la justicia
Feministas y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, han manifestado su repudio ante el apoyo que otros políticos de su mismo partido declaran ante la situación de Rivera, esto, aunque el gobierno de Iris Xiomara Castro Sarmiento (2022-2026), prometió “no fallar a las mujeres”.
Uno de los diputados que manifestó su apoyo a Rivera fue Rasel Tomé, quien destacó que Rivera debe retornar a sus labores como congresista.
El Compañero Diputado @MauricioRLTV tiene toda la solidaridad del @PartidoLibre y de la @BancadaLibre. Debe de retomar sus funciones como Congresista. A cumplir el mandato que el pueblo le otorgó en las urnas. https://t.co/f4ubgJi3hC
— Rasel Tome (@raseltome) September 13, 2022
Las cinco medidas con las que deberá cumplir Rivera son: presentarse a firmar una vez a la semana a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no salir del país, evitar visitar Ciudad Mujer y a los empleados de ese ente, además, su cargo estará suspendido mientras dure el proceso legal en su contra.
