Empresario del transporte consultado por Criterio.hn asegura que la única diferencia registrada durante el estado de excepción es la disminución es la disminución de muertes violentas por extorsión
Las víctimas de extorsión en el sector transporte son los conductores de autobuses y taxis señaló una estudiosa en materia de criminalidad consultada por este medio digital
Tegucigalpa, Honduras. Aunque Honduras ha permanecido bajo un estado de excepción por más de dos años, los índices de extorsión continúan afectando a diversos rubros de la población hondureña, entre ellos, el sector transporte, que denuncia que siguen pagando las mismas tarifas exigidas por grupos criminales desde antes de la implementación de la medida.
De diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2024, el Ministerio Público contabilizó 3286 denuncias por extorsión a nivel nacional, según datos presentados por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), un hecho que pone en evidencia la perpetuidad de este hecho delictivo.
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PERCEPCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE
Con el objetivo de indagar en la situación de extorsión en el sector transporte Criterio.hn consultó a dirigentes de ese rubro, entre ellos Wilmer Cálix quién aseguró que el estado de excepción no ha podido frenar ni reducir los índices de dicho acto delictivo.
Cálix señaló que con la medida, las autoridades hondureñas se habían comprometido a realizar reformas al Código Penal, a desactivar los chips electrónicos que están sin registro, y a regular los modelos electrónicos que ahora son utilizados por las estructuras criminales para la extorsión, pero que dichas acciones hasta la fecha siguen sin materializarse.
El empresario del transporte, afirmó que no han registrado un incrementó pero tampoco una disminución, remarcando que antes del estado de excepción se pagaban entre 40 y 50 millones de lempiras, cifras que a la fecha continúan desembolsando en concepto de extorsión.
El dirigente del transporte aseguró a este medio digital que la extorsión ha llegado a ciudades en las que antes no existían entre las que nombró a Santa Bárbara, Islas de la Bahía, Roatán, Tela y Ceiba, donde se pagan cantidades exorbitantes.
Cálix explicó que las estructuras de corrupción han mutado a otras ciudades, pero que las estrategias para combatirlo no han evolucionado, señalando que las autoridades nunca hicieron nada para combatirlo.
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COBROS EXORBITANTES
Para profundizar en el tema de los cobros de extorsión al sector transporte, este medio digital intentó contactar al comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona y a los empresarios del transporte Gerardo Aguilar y Jorge Lanza, sin embargo hasta la publicación de este artículo no se obtuvo respuesta.
No obstante, en septiembre de 2024, el dirigente del transporte Jorge Lanza declaró a Criterio.hn que, pese a la entrada en vigor del estado de excepción, el sector transporte continuó pagando extorsión a las estructuras criminales, e incluso denunció un aumento en las tarifas impuestas por estos grupos.
El empresario señaló que del 1 de enero al 30 de agosto de 2024, habían entregado casi 400 millones de lempiras a los distintos grupos criminales, acercándose a los 600 millones entregados en 2023. Sin embargo, de las cifras de 2025 se desconoce el monto entregado.
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COMPLEJIDADES DE LA EXTORSIÓN
Para Carlos Sierra, coordinador de Seguridad Ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), la extorsión es un delito complejo de entender por qué se vincula al tema psicológico de la criminalidad.
Sierra explicó que el vincular el fenómeno de la extorsión con el estado de excepción es una conexión forzada, puesto que dichos resultados podrían llegar a arrojar elementos de análisis inexactos por su complejidad.
Sobre los resultados del combate a la extorsión, afirmó que las autoridades evidencian diversas capturas, sin embargo, que en muchos de los casos a los detenidos no se les logra comprobar la vinculación con los hechos delictivos, por lo que no se han mostrado los avances necesarios.
El coordinador de seguridad, señaló que la extorsión se vincula con la percepción de seguridad o inseguridad que poseen las y los ciudadanos y que es un elemento que se conecta con el tema del transporte público donde se vuelve inseguro no solo por la criminalidad sino también por la anarquía.
“Las organizaciones que estudiamos el fenómeno criminal y la seguridad estamos esperando que el gobierno de Honduras pueda identificar otros elementos alrededor de la extorsión. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los flujos financieros que están dentro de la banca producto de la extorsión”, dijo a Criterio.hn, Carlos Sierra, coordinador de Seguridad Ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
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ESTADO DE LA EXTORSIÓN
Con la finalidad de conocer el comportamiento y la evolución que ha tenido dicho fenómeno delictivo, Criterio.hn, consultó a la abogada penalista y especialista en criminología, Arabeska Sánchez, quién explicó que la extorsión es un delito que no solo se persigue y estudia por el tema del dinero, sino también por los homicidios o lesiones que deja cada año.
Sánchez afirmó que el sector transporte efectivamente es uno de los rubros más afectados por el delito de extorsión, y señaló que existe un factor clave para entender los aumentos en las tarifas impuestas por las organizaciones criminales y que son los subsidios entregados por el gobierno.
La especialista en criminología aseguró que, por lo general, las tarifas de extorsión contra el sector transporte aumentan cuando las estructuras criminales se enteran de los depósitos realizados por el gobierno. Esta situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por los dueños del transporte público, aunque hasta ahora no se ha vuelto a registrar formalmente.
Sobre las medidas para frenar este hecho delictivo, la jurista apuntó a que se puede implementar la presencia de soldados de la Policía Militar del Orden Público en las unidades de transporte de las rutas más conflictivas, puesto que dio resultados positivos en el pasado.
Además de ello, Sánchez señaló la necesidad de colocar dentro de las unidades de transporte los números para realizar denuncias y tomar en cuenta la evaluación formal de la estrategia integral para el tratamiento de la extorsión, ya que de esta se podrían ubicar qué puntos podrían generar resultados positivos.
Los conductores de autobuses y taxis son quienes al final sufren las consecuencias cuando no se realizan los pagos de extorsión, informó la abogada penalista y especialista en criminología, Arabeska Sánchez.
