Durante la sesión del miércoles, 18 de junio de 2025, el pleno discutió la aprobación de la Ley Especial para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), sin embargo, la propuesta no alcanzó la mayoría calificada de 86 votos que requiere una reforma constitucional.
Tegucigalpa, Honduras. –Durante una década las y los hondureños han clamado por la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), sin embargo, esa solicitud se ve más lejana que nunca. Pese a los avances en negociaciones con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las cinco prórrogas al memorándum de entendimiento, el Congreso Nacional se niega a aprobar las reformas para facilitar el trabajo del mecanismo anticorrupción.
La sesión legislativa del miércoles, 18 de junio de 2025, el pleno discutió la aprobación de la Ley Especial para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), sin embargo, la propuesta no alcanzó la mayoría calificada de 86 votos que requiere una reforma constitucional.
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REFORMAS CONSTITUCIONALES FUERON RECHAZADAS
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales incorporar en el primer capítulo de la ley una reforma al artículo 232 de la Constitución de la República, con el fin de reconocer a la CICIH como un ente con capacidad jurídica para ejercer acciones penales.
De igual manera, sometió la derogación del decreto 117-2019, que concede inmunidad a los diputados del Congreso Nacional, impidiendo que sean investigados o procesados sin autorización previa de ese poder del Estado.
“Hoy damos un paso decisivo hacia la construcción de una Honduras más justa, más transparente y más democrática. Desde esta tribuna, y con pleno respeto al mandato que el pueblo nos ha conferido”, expresó Redondo durante la exposición de motivos.
La ley fue estructurada en tres capítulos: los primeros dos relacionados con reformas constitucionales y el tercero con los aspectos operativos del mecanismo internacional, incluyendo su duración, estructura y financiamiento.
Desde su presentación en abril de 2024, la iniciativa ha enfrentado resistencia en el Congreso Nacional. En 2024 también fue rechazada por la oposición, y su regreso al debate en 2025 no logró los votos necesarios para ser aprobada.
La propuesta planteaba que la CICIH pudiera actuar como acusador privado y querellante autónomo, lo cual requería modificar artículos del Código Procesal Penal y la Ley del Ministerio Público, particularmente aquellos que regulan el ejercicio de la acción penal pública.
El proyecto establece un total de 11 artículos que definen el catálogo de delitos a investigar, criterios de selección de denuncias, hechos objeto de persecución penal, mecanismos de financiamiento y el tiempo de permanencia de la misión internacional.
Además, se establece que el fiscal general será el responsable de acreditar jurídicamente a los miembros de la CICIH para ejercer su función como querellantes.
En paralelo, el presidente del Legislativo también propuso derogar el decreto relacionado con el fuero legislativo, como parte de las reformas constitucionales necesarias para habilitar plenamente a la CICIH.
Sin embargo, el proyecto de ley no alcanzó los votos necesarios. Un total de 48 diputados del Partido Nacional y una parte del Partido Liberal votaron en contra, mientras que otros legisladores se abstuvieron, lo que impidió avanzar con las reformas.
MOCIONES DE LA OPOSICIÓN SON RECHAZADAS
Las bancadas del Partido Nacional y Partido Salvador de Honduras (PSH) presentaron dos mociones para que fueran consideradas en la discusión.
Una de estas mociones fue presentada por el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, quien condicionó el apoyo a la CICIH a la derogación de la Ley de Amnistía (decreto 04-2022) y a la revocación de cartas de libertad otorgadas a exfuncionarios del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
La segunda moción fue promovida por la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, quien planteó una propuesta alterna que ofrecía más autonomía a la CICIH, así como mecanismos más robustos para su independencia operativa.
Ambas mociones fueron rechazadas por la Junta Directiva y la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, lo que evidenció la falta de voluntad política para llegar a acuerdos mínimos que permitieran avanzar en la lucha contra la corrupción.
Con este nuevo fracaso legislativo, el futuro de la CICIH en Honduras vuelve a quedar en suspenso, mientras la ciudadanía sigue a la espera del cumplimiento del compromiso asumido por el actual gobierno de instalar una misión internacional contra la impunidad.
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REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA LEY DE LA CICIH ES INNECESARIA
Diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) e integrantes de sociedad civil, dijeron a Criterio.hn que la solicitud de modificar el artículo 232 de la Constitución de la República, no era la opción correcta para darle plenos poderes al mecanismo anticorrupción.
Gabriela Blen, integrante de la Articulación Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, manifestó que la insistencia del oficialismo para aprobar reformas constitucionales para la instalación de la CICIH, son inviables.
En ese sentido, recordó que el informe del Equipo de Expertos, que fue publicado en exclusiva por Criterio.hn, enfatiza que el camino de una reforma constitucional no es necesario, puesto que el Código Procesal penal ya reconoce la institución de la querella para impulsar la acción penal por la comisión de delitos.
Por otro lado, cuestionó que el proyecto de Ley especial para la CICIH, dejaría al mecanismo internacional contra la corrupción “maniatado” bajo control del fiscal general, figura que, según ella, responde a los intereses de la familia presidencial.
“El fiscal general sería quien determine todo lo que haga el mecanismo, cuando es precisamente él quien ha encubierto casos graves de corrupción y no ha actuado contra personas cercanas al poder”, dijo a Criterio.hn la entrevistada.
Desde su perspectiva, la aprobación del proyecto encabezado por Xiomara Hortensia “Pichu” Zelaya fue una estrategia política para dar la apariencia de compromiso con la instalación de la CICIH. “El gobierno sabe que el pueblo exige esta misión, pero Naciones Unidas nunca ha solicitado esta ley, ni tampoco que se haga por medio de una reforma constitucional”, remarcó Blen.
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, coincidió en que se trata de un esfuerzo engañoso y dilatorio del oficialismo, ya que de aprobarse la Ley CICIH, se tendría que ratificar en una subsiguiente legislatura.
“Pretendieron hacer creer que con esta ley la CICIH vendría el mecanismo, cuando lo único que puede darle vida al mecanismo es un convenio internacional firmado con Naciones Unidas”, declaró a este medio digital.
A juicio de la legisladora la propuesta fue diseñada para fracasar desde un inicio, al requerir una reforma constitucional que no podía ratificarse dentro del actual periodo legislativo.
Mena recordó que las reformas propuestas por la ONU son claras y concretas: colaboración eficaz, fortalecimiento del Ministerio Público y el reconocimiento de la figura del querellante adhesivo.
Ambas coinciden en que el oficialismo pretende trasladar la responsabilidad del fracaso en la instalación de la CICIH a la oposición, pero que en realidad es el mismo oficialismo el que ha evadido durante tres años y medio la instalación real del mecanismo.
Finalmente, ambas voces exigen que el Congreso retome los proyectos verdaderamente requeridos para enfrentar la corrupción: las reformas al Código Procesal Penal, el fortalecimiento del Ministerio Público, la derogación del decreto 117-2019, sobre inmunidad parlamentaria, entre otras.
