Washington le revocó la visa a 5 de los 7 miembros de la junta directiva del diario La Nación, uno de los más importantes de Costa Rica. La medida se considera un castigo por su postura frente a Estados Unidos o incluso por sus denuncias contra el presidente Chaves, aliado de Trump. ¿Hasta dónde llegará el Gobierno de Estados Unidos para controlar los medios y la narrativa en América Latina?
Por Fabiola Chambi | CONNECTAS
Antes de iniciar oficialmente su mandato, la flamante presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, agradeció a su predecesor Rodrigo Chaves a quien calificó como un “un hombre de principios, de valores, un jefe cariñoso y un presidente siempre cercano”. Y es que en esta “nueva” etapa de gobierno el popular político deja su cargo, pero no el poder, pues asumirá de manera simultánea como ministro de la Presidencia y de Hacienda. En resumen, un “súperministro” con beneficios para mantener su inmunidad e incluso aplacar las investigaciones judiciales en su contra.
Mientras eso ocurre en la vereda del poder, del lado de la prensa costarricense, las alarmas de censura e intimidación suenan más fuerte. El 2 de mayo, cinco de los siete integrantes de la junta directiva del reconocido diario La Nación fueron sorprendidos pues Estados Unidos acababa de revocar sus visas.
Esta medida es considerada “sin precedentes” en la esfera de los medios de comunicación, pero hay otros casos para tener en cuenta. En febrero de 2025 dos diputadas opositoras perdieron sus visas porque cuestionaron excluir a empresas chinas de un millonario contrato público. Algunos legisladores y funcionarios críticos también corrieron con esa suerte, así como el respetado expresidente y Nobel de la Paz, Óscar Arias, quien constantemente ha cuestionado a Donald Trump. «Estados Unidos es un paradigma de democracia, o lo ha sido. Hoy en día tiene características de autocracia, lamentablemente para mi gusto. Pero bueno ¿quién soy yo para decirle que enmiende su camino?», dijo a los medios, aunque descartó que el gobierno de Chaves haya tenido que ver con la decisión.
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Pero hasta ahora nunca esa medida había tocado a los periodistas. Como la Embajada no ha explicado las razones, La Nación considera que podría tratarse de un “castigo” por su independencia periodística, como lo afirmó en su editorial del 4 de mayo: “Hoy tenemos razones muy sólidas para suponer que no se trata solo, ni tanto, de qué se piense en Washington; muchos elementos también apuntan hacia la Casa Presidencial de Costa Rica. La convergencia de ambos torna alarmantes tanto el método como los propósitos que lo animan. No solo vulneran seriamente la libertad de expresión, sino la integridad de nuestra democracia”.
Como explica a CONNECTAS Fabrice Le Lous, director editorial de La Nación, esto se enmarca en un “proyecto político populista polarizante que trata de dividir el país entre buenos y malos. Por eso necesitan enemigos, algo como la estrategia de Steve Bannon en Estados Unidos, de tirar temas súper escandalosos para marcar agenda temática (…) Al unir los hilos vemos que hay denominadores comunes, como que se quitan las visas a personas, políticos, empresarios y magistrados que el Gobierno, de una u otra forma, ha catalogado como sus enemigos, no así a personas ligadas al propio Gobierno”.
El asunto viene de larga data. Desde hace años, el diario ha cubierto la investigación interna del Banco Mundial contra Chávez por “acoso sexual” cuando el hoy expresidente ocupaba un alto cargo en esa entidad. Además ha publicado varios casos de supuesta corrupción incluyendo un financiamiento irregular en su campaña, y ha cuestionado constantemente las posturas “autoritarias” como una afrenta al sistema democrático. No es exagerado decir que La Nación se convirtió en una piedra en el zapato del político conservador.
Personajes como Chaves tienen una respuesta de manual en estos contextos: “Prensa canalla” dice y expresa abiertamente sus intenciones de destruir al diario y a Canal 7, televisora de gran relevancia en el país centroamericano.
Visas politizadas
La cercanía de Chaves con el gobierno actual de Estados Unidos no es un secreto, pues ha cooperado abiertamente para recibir deportados de otros países y extraditar a presuntos narcotraficantes. A esto se suma su participación, junto a su sucesora Laura Fernández, en la cumbre regional “Escudo de las Américas”, la iniciativa del presidente Trump para alinear a gobernantes afines en varias temáticas de interés regional.
Por lo visto de la administración Trump, en los últimos meses, las restricciones migratorias parecen ser la estrategia práctica para sancionar a sus adversarios políticos. Por eso el exembajador estadounidense John Feeley no habla con medias tintas: “La señal que está mandando el Gobierno del presidente Trump es que está más que listo para politizar el proceso de visas”.
Para el experimentado diplomático, se ha politizado la función consular y en la adjudicación de las visas ahora pesan más que nunca las creencias y opiniones del aspirante. “Es una lástima enorme y una traición de lo que ha sido una función de seguridad nacional. La han convertido en un arma de venganza para los que piensan distinto al Gobierno de Trump”, explica Feeley a CONNECTAS.
Y la medida contra los integrantes de la junta directiva de La Nación le han dado un nuevo cariz a esa política. Los congresistas demócratas que integran el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes rechazaron la medida: “Esta acción contra La Nación por parte del Departamento de Estado de (Marco) Rubio es el último ejemplo de cómo la política exterior estadounidense se está utilizando para servir los intereses políticos de Trump y sus aliados, no los del pueblo estadounidense”, aseguraron en respuesta a una publicación de la periodista Vera Bergengruen, del diario The Wall Street Journal.
En esta línea hay más ejemplos. En octubre de 2025, el Departamento de Estado canceló la visa del periodista paraguayo Enrique «Kike» Gamarra, debido a un comentario que hizo sobre el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk. El comunicador lo llamó “un hijo de puta” y añadió que “murió en su ley”. Luego ofreció disculpas públicas a la familia.
De hecho, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, es muy cercano a Trump y su país podría ser uno de los destinos de los inmigrantes, pues firmó con Estados Unidos un acuerdo migratorio en agosto de 2025.
Feeley, radicado en Panamá, recuerda el caso de Martín Torrijos y Ricardo Lombana, excandidatos a la Presidencia en 2024, que vieron sus visas revocadas tras emitir una declaración en defensa de la soberanía del Canal de Panamá. “Esto representa un patrón de comportamiento. Debe haber una justificación que vaya más allá que unas simples declaraciones en contra de una política específica de un gobierno. Para mí, habiendo sido representante del país más poderoso del mundo militarmente por más de tres décadas, la muestra más desnuda de debilidad es quitar una visa porque alguien piense distinto de ti. La muestra de fuerza es cuando puedes permitir la disidencia de opiniones. Y coño, esto es un periódico, no es un ejército (…) En realidad nos están mostrando que tienen miedo de la libertad de expresión”.
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El acecho a la prensa
En el reciente Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF), Costa Rica cayó del puesto 8 al 36, un dato preocupante justamente en un país como Costa Rica. “La libertad de prensa y la libertad de expresión son dos principios muy respetados en Costa Rica, lo que la convierte en una excepción en América Latina. No obstante, ciertos periodistas y medios sufrieron ataques verbales en el último año, y el ejecutivo restringió el acceso a la información pública”, indica el documento de RSF.
Según Yanancy Noguera, periodista costarricense y activista en temas de libertad de prensa, el panorama es preocupante. Ella identifica tres aspectos claves: El primero, que su país no tiene una legislación muy robusta para defender la libertad de prensa, aunque hay cosas que han ido mejorando. Un segundo punto se refiere a cómo ha cambiado ese antagonismo natural entre prensa y poder. Anteriormente en casos de desacuerdos los tribunales los resolvían sin demora y casi siempre de manera positiva hacia el periodismo. “Jamás nos imaginamos que a la Presidencia iba a llegar un ser humano sin escrúpulos y haciendo de todo para amedrentar a la prensa”, asegura Noguera.
Finalmente, en tercer lugar la activista señala el debilitamiento institucional que comenzó bajo la acción sistemática, premeditada y organizada del gobierno. “A pesar de todo, creo que a nivel personal hay un enorme sacrificio de periodistas que intentan hacer su trabajo”, añade.
Y el panorama sigue oscurecido debido a la continuidad del gobierno de Laura Fernández. Aunque no hay muchas expectativas sobre un cambio en el relacionamiento con la prensa, sí existe un compromiso sólido de los periodistas por defender su oficio y seguir fiscalizando al poder.
Este panorama, con más o menos matices, se repite en países de la región donde gobiernos autoritaristas arremeten sin tregua contra los medios independientes. Es el caso de El Salvador donde recientemente el presidente Nayib Bukele congeló cuentas y bienes a los socios de El Faro, en un proceso considerado ilegítimo y un acto de venganza por la labor contestataria de este medio digital.
En Argentina también suenan las alarmas porque el presidente Javier Milei decidió bloquear el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, e incluso suspendió el sistema de ingreso digital que usaban reporteros nacionales e internacionales.
Así los casos pueden llenar una larga lista. Pero en medio queda casi intacto el compromiso de la prensa independiente a prueba de autoritarismos o balas. “Este es nuestro ADN, vamos a hacer periodismo mejor que nadie y esperemos que no llegue el día en que tengamos que exiliarnos o que haya una instrumentalización total del poder para silenciar a la prensa. Esperemos que Costa Rica no llegue ahí porque ahora nos toca documentar el presente”, dice el director de La Nación.
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