El informe técnico del Equipo de Expertos de Naciones Unidas concluyó que, aunque se debe fundamentar la participación independiente, autónoma e imparcial del mecanismo, no es necesaria una reforma constitucional para establecer la comisión internacional anticorrupción en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. -El oficialismo insiste en que se debe aprobar la propuesta de Ley Especial para la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), presentada por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) e hija de la presidenta Xiomara Castro, Xiomara Hortensia «Pichu» Zelaya, para garantizar instalación del mecanismo.
La iniciativa, que se encuentra actualmente en su tercer debate legislativo, ha sido catalogada por el oficialismo como un paso indispensable para que se concrete la instalación del mecanismo anticorrupción en Honduras.
En la solicitud enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería) a la Organización de Naciones Unidas para una quinta extensión del memorándum de entendimiento, el Gobierno de Honduras insistió en la aprobación del anteproyecto de ley, que se encuentra en su tercer debate.
El documento compartido por el canciller Javier Bú en sus redes sociales, señala que actualmente en el Congreso Nacional “aún se discuten las iniciativas de ley que fueron requeridas por el Grupo de Expertos”.
Entre los puntos mencionados se destaca la reforma al Código Procesal Penal correspondiente a los artículos 96 y 99 para la incorporación de la figura jurídica de querellante autónomo.
Con la Ley Especial para la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), se pretende otorgar la figura de querellante autónomo y acusador privado al mecanismo anticorrupción.
Lo anterior implicaría una reforma a varios artículos del Código Procesal Penal y a la Ley del Ministerio Público, específicamente en los articulados que hablan sobre el ejercicio de la acción penal pública, con el acompañamiento de la fiscalía.
El texto contempla 11 artículos en los cuales se habla sobre el catálogo de delitos que el mecanismo anticorrupción deberá perseguir, los criterios para la selección de las denuncias, los hechos a investigar, el financiamiento y la duración del mismo.
Además, el anteproyecto señala que el fiscal general de la República –en este caso Johel Zelaya— será el responsable de realizar las acreditaciones de la personalidad jurídica como querellante autónomo a cada persona que integre y solicite la CICIH a través de su máxima autoridad.
El artículo 1 define a la CICIH como un querellante autónomo con atribuciones y facultades excepcionales para investigar, acusar y llevar a juicio a las redes de corrupción públicas y privadas.
“Esta figura de querellante autónomo permitirá a la CICIH, el ejercicio independiente de las acciones investigativas, la presentación de requerimientos fiscales y su comparecencia en juicio en todas las instancias, para lo cual se le conceden las atribuciones y facultades previstas en la Ley del Ministerio Público y el Código Procesal Penal para el ejercicio pleno de la acción penal pública”, cita el documento.
Desde el Ejecutivo, se considera que, sin la aprobación de esta y otras normativas, cualquier intento por instalar una comisión internacional anticorrupción sería simbólico y carecería de las herramientas necesarias para combatir las redes de corrupción público privadas.
La figura del querellante autónomo, según expertos en derecho penal, permitiría a la CICIH sortear algunos de los principales cuellos de botella del sistema judicial hondureño, como la inacción del Ministerio Público o la manipulación de procesos por intereses políticos.
Vea: Moncada y Reina siguen negociando, Gobierno pide quinta extensión del Memorándum de la CICIH
¿QUERELLANTE ADHESIVO O QUERELLANTE AUTÓNOMO?
Analistas y organizaciones de sociedad civil han señalado en reiteradas ocasiones que lo ideal sería otorgarle al mecanismo internacional anticorrupción la figura de querellante adhesivo, ya que esta opción sólo requiere reformas que no necesitan de la mayoría calificada para su aprobación.
Gabriela Blen, integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), manifestó que la mejor opción es la propuesta de la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, con la que se le otorgaría la figura de querellante adhesivo a la CICIH.
De acuerdo a la integrante de sociedad civil en un contexto de polarización y la falta de voluntad política entre la bancada oficialista –Partido Libre— y las bancadas de oposición –partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras— para llegar a consensos y aprobar la agenda anticorrupción, el camino más viable son las reformas al Código Procesal Penal.
“Ellos se están tirando la pelota el uno al otro. Por un lado, el Partido Libre dice que el Partido Nacional no quiere aprobar la CICIH. Mientras que el Partido Nacional dice que es Libre que no quiere que venga la CICIH”, dijo a Criterio.hn la integrante de sociedad civil.
En ese sentido, señaló que el Partido Libre podría buscar acercamientos con la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) y con algunos diputados del Partido Liberal, para llegar a los 65 votos, es decir, mayoría simple.
INFORME DE EXPERTOS DE ONU CONCLUYE QUE NO SE NECISTA REFORMA CONSTITUCIONAL
Un informe técnico del Equipo de Expertos de Naciones Unidas concluyó que no es necesaria una reforma constitucional para establecer un mecanismo internacional contra la corrupción en Honduras.
En diciembre de 2024, Criterio.hn tuvo acceso al documento en el que se detalla una serie de reformas básicas necesarias, pero subraya que el actual marco legal ya permite la figura de la querella penal sin necesidad de modificar la Constitución.
En el documento se establece de manera tajante, que se debe fundamentar la participación independiente, autónoma e imparcial del mecanismo internacional en procesos judiciales y administrativos relacionados con casos complejos de corrupción, sin embargo, el Equipo de Expertos remarca que se deben adoptar reformas básicas destinadas a garantizar que un eventual mecanismo pueda actuar con legitimidad procesal para querellar penalmente en casos de corrupción
No obstante, enfatiza que el camino de una reforma constitucional no es necesario, puesto que el Código Procesal penal ya reconoce la institución de la querella para impulsar la acción penal por la comisión de delitos.
Para lograrlo, se propone reformar el Código Procesal Penal, específicamente los artículos 17 y 96, con el fin de otorgar legitimidad procesal al mecanismo y permitir su participación directa en procesos judiciales como querellante autónomo o junto al Ministerio Público.
En ese sentido, el Equipo de Expertos recomiendan ampliar el concepto de víctima a hechos de interés institucional y agregar los delitos de corrupción, económicos y de crimen organizado como parte del marco de actuación. Estas reformas, destacan, solo requieren de mayoría simple en el Congreso Nacional, es decir, 65 votos de los 128 diputados, lo que las vuelve viables en términos políticos y legislativos.
El informe también pone en entredicho las dos iniciativas impulsadas por la diputada del oficialista Partido Libre, Xiomara Hortensia Zelaya, que buscan reformas constitucionales con mayoría calificada.
A juicio del equipo de la ONU, dichos proyectos no son necesarios para dotar de base legal a la CICIH, lo cual podría allanar el camino para avanzar con mayor rapidez en la instalación del mecanismo anticorrupción.
