Comunidades indígenas en Honduras llevan décadas en esperan de títulos comunitarios. La administración de Xiomara Castro prometió a los lencas del suroccidente entregar títulos de propiedad a diez de sus comunidades, solo uno fue resuelto
La titulación comunitaria de tierras para pueblos indígenas en Honduras enfrenta trabas estructurales que trascienden cualquier administración, y que fue planteada en el fallo de la Corte IDH en el caso comunidad garífuna Triunfo de la Cruz en 2015
Tegucigalpa, Honduras – En Honduras el proceso de titulación comunitaria de tierras a pueblos indígenas puede tardar más de dos décadas.
A inicios de junio, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) hizo un llamado a agilizar el proceso para nueve comunidades que están a la espera de títulos comunitarios. La organización indicó que la única comunidad lenca en recibir el titulo durante el gobierno de Xiomara Castro fue Montaña Verde y esto tras “más de 25 años de lucha y resistencia comunitaria”.
Esto no es un problema de un gobierno sino de Estado. En octubre de 2015, tras el fallo a favor de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en su voto concurrente el juez Humberto Antonio Sierra Porto indicó que los conflictos en territorios indígenas no son solo jurídicos sino expresiones de realidades sociales complejas y la ausencia de una garantía plena al derecho a la identidad cultural.
A partir de la respuesta del Estado hondureño por esa misma causa, la Corte IDH en sus consideraciones acotó que si bien el Estado refiere al Instituto Nacional Agrario (INA) como el ente ejecutor de reivindicar las tierras a los pueblos indígenas, este no precisó la normativa que aplica para dicha acción.
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Caleb Navarro, abogado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), señaló que no existe un procedimiento formal por parte del INA para otorgar títulos comunitarios a los pueblos indígenas, y lo que existe “es un proceso exageradamente tardado” con limitantes que no toman en cuenta la totalidad del territorio reclamado, cuyos títulos no pueden ser inscritos en el Instituto de la Propiedad (IP).
Comparó esta situación con la causa de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos en la que, si bien el INA otorgó títulos, el IP se negó a inscribirlos alegando que eran tierras municipales de Roatán. No fue hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor de dicha población, tras la presentación de un recurso de amparo, que el IP finalmente los registró.
Por otra parte, Navarro apuntó que otro tema de discusión es la calidad de los títulos, los cuales no tienen carácter de protección frente a terceros que pretendan demandarles o inscribir los territorios a su nombre.
Esto se vuelve particularmente delicado cuando no se toma en cuenta que el territorio también incluye el mar, como ocurre con la población garífuna. En el caso de Cayos Cochinos, las y los garífunas han vistos sus actividades económicas y alimentarias seriamente restringidas por las prohibiciones impuestas tras la designación del archipiélago como área protegida en 1993 y monumento natural marino en 2003.
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Dunia Sánchez Domínguez, integrante del equipo comunitario del Copinh en Río Blanco, relató que, a los largos procesos, se suma la falta de voluntad de las instituciones para garantizar la titulación comunitaria. Es decir, la ausencia de una normativa específica permite que los procesos sean alargados a voluntad de los funcionarios a cargo del proceso.
Río Blanco es una de las comunidades lencas pendientes de titulación comunitaria por parte del INA. A lo largo de los años ha sido epicentro de conflictos territoriales y ambientales, por la imposición de proyectos hidroeléctricos como Agua Zarca en el río Gualcarque. La lideresa y coordinadora del Copinh, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 por evidenciar las irregularidades en el proyecto.
Sánchez declaró que existen procesos de adjudicación de tierras a favor del pueblo lenca que llevan más de 20 años sin avances significativos y que han quedado rezagados. El Copinh suscribió con la administración de la presidenta Xiomara Castro acuerdos para impulsar los procesos de titulación, sin embargo, a meses de que finalice su mandato solo se ha dado cumplimiento a una de las diez peticiones de titulación comunitaria solicitadas.
“A las comunidades y al Copinh, nos preocupa mucho la situación, la falta de voluntad del Estado, de sus instituciones, en garantizar la titulación comunitaria. El gobierno está finalizando y estos compromisos no se están cumpliendo y pensamos que en este gobierno se lograría mucho más que en los anteriores”, concluyó Sánchez Domínguez.
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