Uno de cada 10 hondureños es víctima de extorsión según informes de la Asociación para una Sociedad más Justa.
Valle de Ángeles y Tatumbla, encabezan la lista de los municipios con las tasas más altas de extorsión.
De 2022 a 2024, el Ministerio Público emitió 312 requerimientos fiscales por microtráfico, pese a que las detenciones por narcomenudeo son las acciones más ejecutadas por la Policía Nacional en el marco del estado de excepción.
Tegucigalpa, Honduras. El pasado 6 de junio, Honduras cumplió dos años y seis meses bajo un estado de excepción que tenía como objetivo combatir la criminalidad en 223 municipios, sin embargo, los resultados de efectividad han sido mínimos, mientras los índices de impunidad reflejan una crisis estructural dentro del sistema de justicia.
Según datos expuestos por el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en 2024 el 90% de los delitos de extorsión, homicidio y microtráfico, quedaron en impunidad, lo que refleja la necesidad de un sistema de justicia penal funcional, independiente y bien articulado.
Nueve de cada diez delitos quedan sin castigo en Honduras, según datos revelados por la ASJ. Foto: Francia Guardiola/Criterio.hn
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RESULTADOS DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
La mañana de este viernes 13 de junio, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) realizó la presentación de un estudio sobre los resultados del estado de excepción, develando altos índices de denuncias por extorsión y un bajo número de casos procesados por microtráfico pese a los reportes de detenciones de la Secretaría de Seguridad.
Los datos expuestos durante la presentación, revelaron que entre el periodo de diciembre de 2022 a diciembre de 2024, Honduras contabilizó 9500 homicidios, y aunque en los últimos tres años se ha registrado una reducción, el país continúa encabezando la lista a nivel centroamericano con la tasa más alta de homicidios, superando a Guatemala por 10 puntos.
Con respecto al delito de extorsión entre el periodo de 2022 a 2024, el Ministerio Público registró 3286 denuncias, siendo los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma y El Progreso, los mayores afectados por la comisión de este delito.
A la lista de municipios afectados por la extorsión se han sumado La Ceiba y Valle de Ángeles, mismos que son conocidos por ser destinos turísticos importantes en el país, mientras que a nivel departamental, Intibucá, Colón, Choluteca, Francisco Morazán y Cortés se posicionan como los departamentos con la tasa de victimización más alta.
Además de ello, la ASJ también evidenció que de 2022 a 2024, el Ministerio Público presentó únicamente 312 requerimientos fiscales en contra de vendedores de droga, y la mayor parte de los procesos fueron abiertos en los municipios de San Pedro Sula y el Distrito Central , registrando 159 y 136 respectivamente.
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POCA EFECTIVIDAD
Tras la finalización del evento, el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, explicó a Criterio.hn, que, pese que el estado de excepción surgió como una medida para frenar la crisis de criminalidad que se venía registrando los resultados a dos años y medio no se han observado.
Castañeda señaló que es preocupante que el crimen ya no solo se encuentre en las ciudades grandes, sino que también se vea reflejado a nivel municipal, ejemplificando a Ilama, como el municipio más crítico a nivel nacional.
El jurista afirmó, que con la información presentada esperan que las autoridades logren identificar los lugares donde se concentra la mayor cantidad de criminalidad y que eso les permita generar acciones o estrategias efectivas para combatir al crimen organizado.
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¿POR QUÉ SE DIFICULTA LA REDUCCIÓN DE LA CRIMINALIDAD?
Para el experto en temas de seguridad y exdirector de la DPI, Leandro Osorio, una de las problemáticas radica en la telefonía celular, pues aseguró que no existe una regulación para la compra de chips, y que al menos un 90% de los extorsionadores trabajan mediante la utilización de teléfonos móviles.
Otro de los puntos señalados por Osorio es la tecnología, ya que afirma que ahora existen delincuentes que trabajan desde espacios digitales, que manejan todo tipo de tecnologías y que hablan diversos idiomas, lo que les facilita continuar con sus operaciones delictivas.
El exdirector de la DPI, ejemplifico el caso de unas ciudadanas detenidas por la Policía Nacional y que tenían en su poder libretas electrónicas, siendo una práctica que abunda en el país, por lo que señala la importancia de fortalecer a las autoridades con inteligencia técnica.
Osorio enfatizó, que la clave para llegar a las estructuras criminales es la inteligencia técnica y manifestó que, mientras las autoridades no posean equipos fortalecidos con recursos logísticos y técnicos, será difícil que se reduzcan los niveles de delincuencia en ese tipo de ilícitos.
RECOMENDACIONES
Para el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, ante los resultados poco efectivos el gobierno debe analizar y tomar estrategias con base a los logros y fracasos obtenidos, focalizando esfuerzos en los municipios con mayores tasas de incidencias.
Hernández explicó, que Honduras no puede actuar bajo un estado de excepción de manera permanente, por lo que se debe proceder conforme a las cifras obtenidas que hoy fueron proporcionadas.
El director de la ASJ señaló, que la extorsión lejos de haber disminuido incrementó durante esta medida, y que se registra a 311,000 familias que son víctimas de este fenómeno que ya no solo se registra en las principales ciudades, sino también en municipios lo que evidencia una mutación en dicho acto ilícito.
Hernández aseguró, que además de la poca efectividad, y la mutación de los actos ilícitos, durante el estado de excepción también se han registrado violaciones a los derechos humanos, remarcando que el CONADEH contabiliza más de 700 incidentes, lo que evidencia una razón más para que la medida llegue a su fin.
“El problema es que esto también fomenta la impunidad porque es un estado de excepción ilegal que no has cumplido los requerimientos que establece la Constitución de la República y eso al final puede tener una implicación que fortalezca la impunidad en el país” dijo a Criterio.hn, Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
