En diciembre de 2024, Criterio.hn tuvo acceso a la síntesis de aspectos mínimos indispensables previo al establecimiento de un mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras, en la cual se identificó una serie de reformas que deben ser aprobadas para el funcionamiento de la CICIH
Fórmula presidencial del oficialista Partido Libre, encabeza negociaciones para la instalación de la CICIH en medio de retrasos legislativos y solicitudes de extensión del memorándum de entendimiento
Tegucigalpa, Honduras. -A cuatro días del vencimiento de la cuarta prórroga del Memorando de Entendimiento, firmado entre Honduras y Naciones Unidas, el gobierno hondureño solicitó una quinta extensión para continuar las negociaciones para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Mientras el Gobierno de Honduras solicita la prórroga, las negociaciones para el establecimiento de la CICIH continúan encabezadas por la fórmula presidencial del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre): la exministra de Defensa, Rixi Moncada, candidata presidencial, y Enrique Reina, aspirante a designado presidencial.
Ambos han sostenido múltiples encuentros con representantes de la ONU en el último año, y se mantienen al frente de los diálogos pese al ambiente político interno y los retrasos legislativos que amenazan con entorpecer el proceso de instalación del mecanismo anticorrupción.
La solicitud fue enviada este miércoles 11 de junio, por el titular de Cancillería, Javier Bú, quien remitió una nota oficial dirigida a Miroslav Jenča, Subsecretario General para Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU.
El memorándum firmado originalmente en diciembre de 2023, vence este próximo domingo 15 de junio. La ampliación solicitada pretende extender su vigencia hasta el 15 de diciembre de 2025, es decir, por otros seis meses.
GOBIERNO ADMITE QUE CONGRESO NACIONAL RETRASA LLEGADA DE LA CICIH
En el comunicado, el Gobierno hondureño admite que el Congreso Nacional aún no ha cumplido con varios de los requisitos planteados por el Grupo de Expertos de la ONU como condición para instalar un mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad en el país.
Entre los pendientes más relevantes figura la aprobación de reformas legislativas claves como: la modificación de los artículos 96 y 99 del Código Procesal Penal, con el objetivo de incorporar la figura jurídica del querellante autónomo, lo cual fortalecería las capacidades de acción penal del mecanismo anticorrupción.
En abril de 2024, la diputada oficialista e hija de la pareja presidencial, Xiomara Hortensia Zelaya, presentó el proyecto Ley Especial para la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), el cual se encuentra en su tercer debate y requiere el voto favorable de la mayoría calificada (86 votos).
También está pendiente la derogación de los efectos del decreto 117-2019, que concede inmunidad a los diputados del Congreso Nacional, impidiendo que sean investigados o procesados sin autorización previa de ese poder del Estado.
Otro requisito solicitado por la ONU es una interpretación del artículo 313, numeral 2, de la Constitución de la República, específicamente en lo que respecta al concepto de “los más altos funcionarios”, una ambigüedad que ha generado controversia jurídica y obstaculiza la persecución penal.
También, continúa pendiente la reforma al artículo 28 de la Ley de Municipalidades, para redefinir las responsabilidades legales de regidores y alcaldes en casos de corrupción o faltas administrativas graves.
Sin embargo, el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería) omitió algunas solicitudes del memorándum de entendimiento que aún no han sido aprobadas. Entre ellas la Ley de Colaboración Eficaz; la eliminación de los artículos 4 y 8 del decreto 04-2022, conocida como Ley de Amnistía y la otras reformas al Código Penal.
Hasta la fecha, el Congreso Nacional ha discutido parcialmente algunos de estos temas, pero no ha logrado cumplir con todos los requisitos expuestos en el informe de la Misión del Equipo de Expertos de Naciones Unidas.
Gabriela Blen, integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), dijo a Criterio.hn que el Congreso Nacional ha sido uno de los obstáculos que ha evitado la instalación de la CICIH.
En ese sentido, señaló que la falta de voluntad política, tanto del oficialismo como de la oposición, es evidente, ya que en otros temas como la elección de los titulares del Ministerio Público, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros funcionarios electos por el Poder Legislativo demuestra que pueden llegar a acuerdos.
Mientras que el analista político, Luis León, considera que ante las trabas administrativas en Naciones Unidas y la falta de voluntad del Congreso Nacional para avanzar en las reformas legales para facilitar el trabajo de la CICIH, lo ideal es continuar con la extensión del memorándum de entendimiento.
Explicó que, si se deja vencer el memorando, este o el nuevo gobierno tendrían que comenzar las negociaciones desde cero.
La solicitud de ampliación del memorándum se interpreta como un intento por ganar tiempo en un proceso que ha sido lento y obstaculizado desde distintas esferas del poder estatal, a pesar del respaldo social e internacional con el que cuenta la propuesta de la CICIH.
Sin un marco legal sólido y un compromiso institucional real, la instalación de la CICIH se convertiría en un ejercicio simbólico sin posibilidad de tener impacto real.
Hasta el momento, la Organización de Naciones Unidas (ONU) no ha emitido aún una respuesta pública a la solicitud enviada por Honduras para prorrogar, por quinta ocasión, el memorándum de entendimiento.
El futuro de la CICIH, por ahora, queda supeditado a lo que ocurra en el Congreso Nacional en las próximas semanas y a la decisión de la ONU respecto a la extensión del Memorando de Entendimiento.
Un comentario
Mientras mas rápido tengamos la CICIH, mejor. Ojala se puede establecer.