El 50.5% de los empleados y funcionarios acusados por el Ministerio Público pertenecen a la Secretaría de Seguridad.
Del 1 de enero a la fecha, apenas 74 empleados y funcionarios han recibido sentencias condenatorias, según datos del Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras. Del 1 de enero de 2020 a la primera semana de 2025, Honduras registra más de 1700 casos de empleados y funcionarios requeridos por la fiscalía, según datos oficiales proporcionados por el Ministerio Público a este medio digital.
En los primeros cinco meses de 2025, el ente investigador acusó a 96 empleados y funcionarios públicos, un escenario que a criterio de especialistas consultados por Criterio.hn se deriva de la falta de supervisión que históricamente ha permeado en las instituciones estatales.
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ACUSACIONES DEL ÚLTIMO LUSTRO
En respuesta a una solicitud de información, el Ministerio Público detalló a Criterio.hn, que del periodo de 2020 a la fecha de 2025, 1720 empleados y funcionarios públicos habían sido acusados por la comisión de diversos delitos.
De acuerdo con los datos del ente investigador, los años en los que se reportó un mayor número de requerimientos fiscales son 2021 con 388 casos, previo al cambio de gobierno, y 2024, año en el que se cerró con 378.
La información proporcionada por el Ministerio Público detalló además, que la mayor parte de los acusados pertenecen a la Secretaría de Seguridad, siendo los agentes policiales los que encabezan la lista de los más acusados, con 594 casos.
Seguido de ellos, se encuentran los empleados de la Secretaría de defensa con 206 casos, y los funcionarios del Poder Judicial con 176, siendo los ministros con cinco y los funcionarios del Poder Legislativo los que han contabilizado menor número de denuncias, pues en dicho periodo de tiempo, la fiscalía denunció a solo 13 diputados.
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SITUACIÓN JUDICIAL DE LOS ACUSADOS
Con el objetivo de indagar en los procesos judiciales de los acusados, Criterio.hn, también consultó al Ministerio Público por el estado en el que se encuentran, y este ente reveló que de los casos proporcionados, 887 se sometieron a procesos.
Según los datos brindados a este medio digital de los 887 ciudadanos acusados por el ente investigativo, 727 son del sexo masculino, mientras que los 42 casos restantes representan a empleadas y funcionarias públicas.
El cuadro brindado por el Ministerio Público, detalla que 27 de los y las empleadas públicas acusadas fueron sometidos a procesos abreviados, 17 de ellos se declararon culpables, 79 fueron absueltos del proceso y apenas 74 recibieron sentencias condenatorias.
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¿POR QUÉ TIENEN TENDENCIA A SER ACUSADOS POR EL MP?
A criterio del criminólogo, Gonzalo Sánchez, los empleados y funcionarios públicos efectivamente poseen una alta tendencia a la comisión de delitos por la facilidad que poseen al manejar documentos públicos y administrativos.
Sánchez explicó, que cuando se trata de autoridades públicas es más difícil para la Policía Nacional poder identificarlos, y que lo mismo sucede al interior de las instituciones con los empleados públicos, ya que a estos se les facilita mucho el cometer actos delictivos.
El criminólogo detalló que la razón por la cual se registran este tipo de casos se deriva de la falta de supervisión, pues comparó las distintas realidades con la empresa privada, señalando que está no registra casos de ese tipo debido a que existe una supervisión constante.
SENTENCIAS CONDENATORIAS REFLEJAN DEBILIDAD DEL MP
Para el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, la operatividad y efectividad de las fiscalías y unidades del Ministerio Público, encargadas de la investigación e imputación de los casos es preocupante.
Castañeda explicó que, el que el Ministerio Público presentará un aproximado de 1700 requerimientos fiscales y que solo haya logrado 74 sentencias condenatorias evidencia un porcentaje bajo del casi 4.35% de efectividad, ya que refleja serías en la capacidad del sistema de justicia penal, desde la investigación hasta la sanción judicial.
El jurista aseguró que las cifras evidencian la necesidad de un fortalecimiento institucional, pero que eso depende de la voluntad política, afirmando que si la CICIH hubiese sido instalada en el primer año de gobierno de la presidenta Castro el índice de efectividad sería diferente.
Castañeda exhortó al gobierno a que en los próximos 6 meses realice un cambio de estrategia en el ámbito de la judicialización de estos casos, señalando que la fiscalía no se puede permitir presentar requerimientos fiscales débiles sin el debido sustento probatorio, por lo que se debe fortalecer la investigación, la estructura y la presentación de requerimientos fiscales sólidos, fiscales que tengan capacidad de sostener su tesis y en ese sentido también una celeridad dentro del poder judicial para que no haya una mora que atrase a la justicia.
Del 1 de enero a la primera semana del junio de 2025, el Ministerio Público acusó a 96 empleados y funcionarios públicos, una cifra que podría duplicarse al cierre del presente año.