El pleno del Congreso Nacional ha sesionado al menos en 12 ocasiones durante el 2025, pero en estas reuniones solo se han aprobado el presupuesto General de la República, préstamos y conmemoraciones, sin embargo, la agenda anticorrupción ha sido relegada
Tegucigalpa, Honduras. -A menos de dos meses para que expire la cuarta prórroga del memorándum de entendimiento firmado entre el Gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Congreso Nacional continúa sin aprobar ni derogar –en su totalidad– las leyes clave recomendadas para la instalación de un mecanismo internacional contra la corrupción.
El memorándum, suscrito el 15 de diciembre de 2022, ha sido prorrogado en cuatro ocasiones con el propósito de establecer las bases legales necesarias para que la ONU acompañe a Honduras en la creación de un ente que investigue y combata la corrupción. Sin embargo, a pesar de las múltiples recomendaciones técnicas, el Poder Legislativo no ha cumplido a cabalidad con las solicitudes del organismo.
La celebración de las elecciones primarias e internas, del pasado 9 de marzo, mantuvo estancadas las sesiones en el Congreso Nacional, que retomó su actividad hasta el 8 de abril, pero sin incorporar en su agenda la discusión y aprobación del tercer debate de la Ley de Colaboración Eficaz o la derogación del decreto 117-2019, que contiene la inmunidad parlamentaria.
¿QUÉ FALTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CICIH?
En el memorándum de entendimiento, establece dos fases de trabajo y una hoja de ruta en el que se incluyen varios requisitos entre ellos: la aprobación, reforma y derogación de algunas leyes para la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
En diciembre de 2024, Criterio.hn tuvo acceso exclusivo a una síntesis del informe elaborado por la Misión del Equipo de Expertos de Naciones Unidas. El documento detalla las leyes que requieren modificación, derogación o creación para que el mecanismo anticorrupción pueda operar con independencia y eficacia en Honduras.
Entre las reformas prioritarias figura la modificación del artículo 28 de la Ley de Municipalidades, así como los artículos 418 al 423 del Código Procesal Penal. Estas disposiciones son vistas como obstáculos que debilitan la capacidad del sistema judicial para perseguir delitos relacionados con la corrupción, especialmente a nivel local.
Asimismo, uno de los puntos más polémicos y urgentes es la derogación del decreto 117-2019. Este decreto reforma el artículo 10-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, blindando a los diputados con inmunidad frente a procesos civiles, penales o administrativos relacionados con su actuación parlamentaria. Para los expertos de la ONU, esta protección socava la rendición de cuentas y obstaculiza investigaciones.
La ONU también ha exigido la eliminación de los artículos 4 y 8 de la llamada Ley de Amnistía, aprobada en febrero de 2022 por el actual Congreso liderado por Luis Redondo. Esta legislación ha sido criticada por otorgar impunidad a funcionarios y actores políticos vinculados con hechos de corrupción durante administraciones anteriores.
El informe de la Misión de Expertos no solo señala los obstáculos, sino que también reconoce ciertos avances. Entre ellos, la derogación de los decretos 93-2021 y 57-2020, que modificaban la Ley Especial de Lavado de Activos y reinterpretaban artículos del Código Procesal Penal, considerados en su momento como retrocesos en materia de transparencia.
Otro de los requisitos cumplidos fue la derogación del decreto 116-2019, mejor conocido como Fondo Departamental.
La falta de acción del Congreso Nacional ha sido atribuida a la falta de voluntad política entre las bancadas de lograr consensos para aprobar y derogar las leyes y decretos solicitados por Naciones Unidas.
Por otro lado, el oficialismo asegura estar comprometido con la instalación del mecanismo, hasta ahora no ha logrado consensos para someter a votación las reformas urgentes. Mientras que la oposición señala a la Junta Directiva, en su mayoría diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), como la culpable por no agendar estas solicitudes estampadas en el memorándum de entendimiento.
En ese sentido, la integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen, lamentó que “no hay ningún interés” por parte de las y los diputados del Congreso Nacional para que se instale la CICIH.
“Es urgente que los diputados prioricen estos temas. Sin un marco legal sólido, la CICIH no tendrá el poder necesario para investigar y procesar casos de corrupción de manera independiente”, declaró la representante de la sociedad civil.
Por ahora, el futuro del mecanismo internacional anticorrupción en Honduras pende de un hilo. Todo dependerá de la capacidad —o voluntad— del Congreso Nacional para mover las piezas necesarias y demostrar que el combate a la corrupción es más que un discurso.
