Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. A juicio del analista político social, Tomás Andino, la sentencia dictada contra Antonio Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, es la ratificación de los hechos presentados y que involucran al presidente de Honduras, Juan Hernández, en delitos relacionados al trasiego de drogas, acercándole «cada vez más a la posibilidad de ser llamado a juicio».
Antonio Hernández fue sentenciado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua, más 30 años y condenado a perder US $ 138,5 millones por distribuir 185 toneladas de cocaína y armas de fuego y delitos de declaraciones falsas. En una lectura de sentencia, donde el juez Kevin Castel, señaló que el narcotráfico fue patrocinado por el Estado.
El analista social y político compartió con Criterio.hn su parecer con respecto a la solicitud por parte de la Fiscalía de una pena máxima de prisión perpetua, lo cual «muy probablemente signifique que él no colaboró lo suficiente», teniendo la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que recurrir a solicitar una condena extrema.
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Asimismo, lamentó: «Realmente es una vergüenza ajena, el hecho que sea un Tribunal extranjero el que esté impartiendo justicia y no tribunales hondureños». Esto en referencia a la ausencia de acción por parte del Ministerio Público, que a lo largo de todo el proceso, que inició con la captura de «Tony» Hernández en 2018, se llamó al silencio y la inacción.
Andino señaló que con los hechos confirmados, quedan las puertas abiertas «para que algún día un gobierno que respete y que realmente haga justicia en Honduras tome esos hechos y proceda a hacer las acusaciones respectivas sobre los delitos que esos delincuentes cometieron en nuestro país. Porque si bien es cierto, se están juzgando en Estados Unidos, fueron hechos cometidos en suelo hondureño y deben ser pagados».
En relación a la parte del veredicto que incluye la restitución de $ 138.5 millones, como parte de las ganancias brutas por la distribución de 185 toneladas de cocaína que habría realizado el acusado con destino a Estados Unidos; Andino advirtió que la ciudadanía deberá estar atenta a que la misma sea pagada a través de los bienes incautados y no «a través de un nuevo saqueo del erario público».
«Con un gobierno como el que tenemos, eso va a ser extraído de los servicios públicos de los recursos del pueblo, y se le va a ver arrebatado en educación, salud y otros servicios públicos», subrayó el analista político.
En teoría la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ordenó un día antes de la sentencia, la confiscación de los bienes de «Tony» Hernández que ascenderían a un valor aproximado de $138.5 millones de dólares. La familia Hernández Alvarado por su parte, afirmó a través de un pronunciamiento público, que «a diferencia de los verdaderos narcotraficantes, [él] solo tenía deudas».
