La movilización por el cumplimiento del 6% constitucional para la UNAH derivó en cuestionamientos al uso de la fuerza y reactivó el debate sobre el financiamiento universitario.
El caso derivó en lecturas políticas sobre la protesta, mientras sectores estudiantiles cuestionan una narrativa oficialista que desplaza la responsabilidad estatal.
Tegucigalpa, Honduras. – Una manifestación estudiantil en las cercanías del Congreso Nacional, en demanda de que se asigne el 6% del presupuesto del Estado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como establece la Constitución, terminó en represión y dejó un estudiante con pérdida de la visión en su ojo izquierdo tras recibir el impacto de una bala de goma.
En un incidente represivo que, según manifestantes, evocó episodios de administraciones pasadas del Partido Nacional, la respuesta de las fuerzas del Estado –que incluyó el uso de gases lacrimógenos y tanquetas de agua– generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza frente a una demanda basada en el cumplimiento de la Constitución.
Aunque el rector de la UNAH, Odir Fernández, no se había pronunciado inicialmente sobre lo ocurrido, la Carrera de Trabajo Social identificó al estudiante como Axel Josué Medina Castellanos, presidente electo de esa carrera. En un comunicado, señaló que Medina “participaba en una manifestación pacífica en defensa de la educación pública y el respeto al presupuesto de nuestra máxima casa de estudios”.
ENTRE RECORTES Y FÓRMULAS
El conflicto surge en medio de diferencias sobre el presupuesto anual asignado a la UNAH para 2026. Mientras una propuesta inicial de la administración de Xiomara Castro contemplaba incremento hasta 8,602 millones de lempiras, el planteamiento inicial de Asfura era de 7,160 millones. Es decir, alrededor de 1,442 millones de lempiras menos respecto a lo solicitado por la UNAH.
Tras la reunión del lunes con la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, el rector Odir Fernández informó que se alcanzó un acuerdo para una asignación estatal de 7,753 millones, que, aunque mejora la propuesta inicial, se mantiene por debajo de lo solicitado por la institución y sin alcanzar el 6% establecido en la Constitución.
El 6% que la Constitución asigna a la UNAH se calcula sobre los ingresos netos del Estado, es decir, excluyendo únicamente préstamos y donaciones. No obstante, economistas como Ismael Zepeda advierten que en la práctica se han incorporado más deducciones [ver artículo 30], reduciendo la base de cálculo y, con ello el monto final que recibe la universidad.
En términos operativos, a esto se suma el incremento en los costos de funcionamiento de la institución, como salarios vinculados a contratos colectivos y el alza en servicios básicos como energía y agua, lo que limita su capacidad real de ejecución frente a un presupuesto inferior al solicitado inicialmente.
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DEUDA HISTÓRICA Y DISPUTA POR EL 6%
Para el investigador universitario Engels López, la demanda del 6% es legítima, pero también evidencia una deuda histórica del Estado con la UNAH, que en las últimas dos décadas apenas ha recibido entre el 3% y 3.5% del presupuesto nacional. No obstante, señaló que este reclamo debe ir acompañado de una discusión sobre el uso de esos recursos y el papel de la universidad pública en el país.
Para López, la respuesta de las fuerzas represoras del Estado no es un hecho aislado, sino parte de una lógica histórica de control sobre la movilización estudiantil, presente en gobiernos como los de Porfirio “Pepe” Lobo y Juan Orlando Hernández, ambos del Partido Nacional, cuando incluso se registraron procesos judiciales contra estudiantes.
REPRESIÓN ESTUDIANTIL ANTE RECLAMOS
Desde el movimiento estudiantil, Andy Quintanilla, coordinador nacional de organización del Movimiento PODÉS e integrante del Movimiento Revolucionario Lorenzo Zelaya (MRLZ), señaló que la protesta también responde a las condiciones que enfrentan los estudiantes dentro de la universidad.
Advirtió, además, que las limitaciones de recursos ya se reflejan en infraestructura, acceso a materiales y calidad educativa. En ese contexto, cuestionó que una manifestación pacífica haya derivado en hechos que dejaron estudiantes heridos.
Quintanilla cuestionó el contenido del comunicado de la Secretaría de Seguridad, en el que se plantea que la lesión pudo haber sido provocada por otros participantes en la protesta.
Señaló que existen grabaciones y cámaras de seguridad que podrían esclarecer lo ocurrido y recordó que, en casos como el de la entonces diputada y ahora delegada presidencial, Gladys Aurora López, registros del Sistema de Emergencias 911 han sido clave para reconstruir los hechos. En ese sentido, insistió en la necesidad de una investigación transparente que permita determinar responsabilidades.
Alejandro Bonilla, estudiante por egresar de la carrera de Sociología e integrante de la coordinación nacional de la Juventud del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien estuvo presente durante la represión en la movilización, señaló que la discusión presupuestaria y la respuesta estatal reflejan tensiones en el manejo del poder político.
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EXIGEN INVESTIGACIÓN Y GARANTÍAS EN LA ACTUACIÓN ESTATATAL
Organizaciones sociales como la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) condenaron los hechos registrados durante la movilización estudiantil y señalaron que constituyen una vulneración a derechos fundamentales, como la educación, la protesta pacífica y la integridad física. En su pronunciamiento, exigieron esclarecer lo ocurrido y alertaron sobre los riesgos de criminalizar la participación social.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también se pronunció sobre el caso y llamó a una indagación pronta, independiente y efectiva, al tiempo que recordó la obligación estatal de garantizar la manifestación pacífica y que cualquier actuación de seguridad se ajuste a estándares internacionales.
En la misma línea, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió sobre la gravedad de los hechos y subrayó que el deber estatal no se limita a preservar el orden público, sino que incluye prevenir vulneraciones y proteger a quienes participan en movilizaciones sociales. Además, instó a desarrollar un proceso diligente que permita determinar responsabilidades.
UNAH CONDENA LOS HECHOS 24 HORAS DESPUÉS
Al cierre de esta nota, y pasadas 24 horas desde los hechos, la UNAH informó que ha brindado acompañamiento cercano al estudiante Axel Medina y a su familia.
Minutos después, el rector Odir Fernández se pronunció en la red social X y condenó las agresiones contra la comunidad estudiantil, al señalar que deben ser investigadas y sancionadas. Indicó que la Universidad brinda acompañamiento al estudiante y que ha coordinado con el Hospital San Felipe su atención médica, al tiempo que instó al Ministerio Público a esclarecer lo ocurrido y deducir responsabilidades.
Posteriormente, en un video en el que expresó acompañamiento al estudiante y su familia, el rector Fernández afirmó que hubo “instrumentalización” de los estudiantes por actores políticos.
Para sectores estudiantiles, este enfoque –que ya había sido abordado por el presidente del Congreso Nacional y diputado de Valle por el Partido Nacional, Tomás Zambrano– este enfoque traslada la discusión hacia la disputa partidaria y no a la actuación de las fuerzas de represoras del Estado en los hechos.
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