Roberto Martínez Lozano, retorna a la función pública. Su nombre fue vinculado en el caso de corrupción Fraude sobre el Gualcarque, así como en investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por presuntas irregularidades en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Tegucigalpa, Honduras. –El presidente Nasry Asfura Zablah incorporó como asesor presidencial al ingeniero y dirigente nacionalista Roberto Aníbal Martínez Lozano, quien fue implicado en el caso de corrupción conocido como Fraude sobre el Gualcarque —aunque posteriormente fue absuelto por un tribunal— y además ha sido mencionado en al menos dos investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
El nombramiento se realizó el pasado 1 de abril de 2026, en Casa Presidencial y forma parte de la integración del equipo de apoyo del Poder Ejecutivo, orientado a fortalecer la asesoría técnica en distintas áreas de la administración pública, sin detallar cuáles serán sus funciones en la administración de Asfura Zablah.
En marzo de 2019, su nombre fue incluido en el caso Fraude sobre el Gualcarque, una investigación emblemática vinculada al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Según el requerimiento fiscal, presentado por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en conjunto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), en el que señalaron presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a favor de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
El caso se sustentó en parte en denuncias presentadas por la lideresa indígena y ambientalista Berta Cáceres, quien había advertido sobre posibles actos de corrupción en torno al proyecto antes de su asesinato en marzo de 2016.
Sin embargo, en mayo de 2024, un tribunal de sentencia en materia de corrupción absolvió a Martínez Lozano, al determinar que no se logró probar su responsabilidad penal durante el proceso judicial. En la misma resolución, otros implicados sí fueron condenados por delitos como fraude y falsificación de documentos.
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A pesar del fallo absolutorio, el nombre del ahora asesor presidencial también figuró en investigaciones presentadas entre 2016 y 2018, por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) relacionadas con su gestión como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Una de las líneas de investigación, presentada en agosto de 2016, señala un supuesto desfalco de alrededor de 120 millones de lempiras mediante contratos de servicios que, según el organismo de sociedad civil, no se ejecutaron o fueron utilizados para desviar fondos públicos. En reiteradas ocasiones Martínez Lozano ha rechazó dichas acusaciones, calificándolas de “infundadas” y de “acciones payasescas”
En ese momento, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, indicó que se habrían realizado pagos duplicados, señalando a Martínez Lozano junto a otros exfuncionarios y empleados vinculados al proceso.
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Otra investigación del CNA, presentada en 2018, informó sobre posibles irregularidades en procesos de adjudicación de contratos de la estatal eléctrica que habrían beneficiado a estructuras vinculadas a la familia Rivera Maradiaga, quienes lideran el cártel de Los Cachiros, mencionando nuevamente a Martínez Lozano entre los funcionarios señalados.
Según esas denuncias, se habrían suscrito contratos por servicios que nunca se ejecutaron, incluyendo pagos mensuales por mantenimiento de terrenos donde no existía actividad laboral, lo que habría servido como mecanismo para desviar recursos públicos.
La incorporación de Martínez Lozano al círculo cercano del presidente Nasry Asfura, reabre el debate sobre los criterios de idoneidad en la función pública, pero este no es un caso aislado.
Recientemente se nombró a la exdiputada nacionalista Gladys Aurora López como delegada presidencial. Sobre la funcionaria pesa un proceso judicial en curso, luego de que la Fiscalía Especial para la Transparencia (FETCCOP) la acusara por malversación de caudales públicos bajo la figura de “uso diferente” de fondos.
Según el Ministerio Público, los recursos estaban destinados a un proyecto de electrificación social en Opatoro, La Paz, pero habrían terminado financiando obras privadas en San Pedro Sula. La diputada enfrenta el proceso en libertad, bajo medidas cautelares.
Además del caso vigente, López aparece en informes de organizaciones como Global Witness, que la vinculan a concesiones hidroeléctricas y posibles conflictos de interés junto a su esposo. También ha sido mencionada en investigaciones anticorrupción impulsadas por la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).
